
Acabamos de saber que España acabó el año 2010 con una inflación del 3%. Parafraseando al Sr. Valcárcel, se trata de un dato “poliédrico”, con muchas caras, a cual más desagradable. Pero, en síntesis, es un pésimo dato.
La primera cara, sobradamente conocida es la del empobrecimiento de los ciudadanos. A la pérdida de empleo o a la congelación de salarios y pensiones hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo inducida al tener que pagar un 3% más a cambio de las mismas mercancías (en los convenios colectivos los salarios crecen al 1´3%). El problema adicional es que esto llega cuando la economía española está en plena recesión (el PIB crece un ridículo 0´2%) y no se vislumbra recuperación alguna de momento, debido a las medidas contractivas aprobadas por el Gobierno y sus aliados parlamentarios. Hemos de prepararnos para permanecer instalados en una tasa de paro del 18% - 20% durante un buen trecho. Y ello quiere decir que los más débiles se van a resentir especialmente: desde hace meses el gasto en prestaciones por desempleo crece a menor ritmo que el número de parados; los parados cada vez cobran menos debido al agotamiento de las prestaciones contributivas, situación que puede agravarse con la desaparición del programa de los 426 €.
La segunda cara de la inflación es su origen. Debería extrañarnos de que en plena fase recesiva de la economía española y mundial la inflación sea elevada y además se esté acelerando. Lo habitual sería que la inflación fuese asociada a una fase de intenso crecimiento una economía recalentada. Pero no es el caso.
El actual episodio inflacionista tiene un origen dual.
De una parte las medidas de ajuste del gobierno español: al incrementar el IVA (del 16% al 18% el tipo general, y del 7% al 8% el tipo reducido) ha empujado al alza los precios; el Gobierno trata de equilibrar las cuentas públicas a costa de erosionar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
La otra fuente de inflación son las presiones especulativas que registran los mercados de materias primas (desde energía hasta alimentos) desde que se desatara la actual crisis financiera global. Como cabía esperar, el sistema financiero no ha sido reformado y las prácticas especulativas siguen siendo habituales y perfectamente legales. De hecho es más fácil obtener un crédito para especular que obtenerlo para adquirir una vivienda, un automóvil o ampliar una fábrica o una explotación agraria. El dinero barato llega a manos de los especuladores con facilidad, pero no alienta la recuperación del empleo. De hecho los precios de las materias primas han subido un 23% en el último año. En algunas mercancías concretas la subida es más escandalosa, y también más dramática porque se ceba con ciudadanos del Tercer Mundo cuya alimentación depende casi en exclusiva de ellos: en un año el precio del maíz ha crecido un 53%, el del trigo un 49%, y el de la soja un 33%. Corremos el riesgo de una nueva hambruna mundial como la que se desató a finales de la década (2007 – 2008) con la moda de los “biocombustibles”, que devoraron las cosechas de soja y maíz del planeta con el consiguiente desastre humano y medioambiental. En el caso de España, esto se está traduciendo ya en un aumento del precio de piensos y fertilizantes, y acabará encareciendo nuestros alimentos cotidianos.
Y esto nos lleva a una nueva cara del poliedro inflacionista. El origen especulativo del alza de precios está afectando a todos los países de la Unión Europea. Resultado: la inflación se está acelerando en la eurozona y ha alcanzado ya el 2´2%. Puede parecer un dato moderado pero rebasa el 2% que el BCE se ha marcado como línea roja intolerable. Se pueden imaginar al Sr. Trichet, agazapado en su bunker del BCE, con el gatillo en los tipos de interés. Ese sería el tiro de gracia para la economía española: una subida de tipos por parte del BCE para atajar la amenaza inflacionista, que hundiría nuestras posibilidades de recuperación al deprimir aun más la Inversión y el Consumo de bienes duraderos, colocando al borde del desahucio a todas aquellas familias que a duras penas pueden pagar hoy sus hipotecas.
La enseñanza es clara: no podemos seguir postergando la reforma financiera y ésta, al contrario de lo que propone el Gobierno, no puede consistir en fusionar cajas de ahorros ni convertirlas en bancos. Eso sólo servirá para aumentar el poder del oligopolio bancario: los ciudadanos tendremos mayores tipos de interés y peores servicios bancarios. Hay que poner coto a los productos financieros que se ofrecen a los clientes: el ahorro de los ciudadanos debe servir para aumentar y mejorar nuestra capacidad productiva, no a financiar apuestas especulativas sobre el petróleo o sobre el trigo.

