COPAGO Y AGENDA ELECTORAL

Una reciente intervención pública del Sr. Valcárcel ha avivado el debate sobre el “copago” de los servicios públicos, esto es, sobre la necesidad de que los usuarios paguen parte del servicio que reciben. Con esta idea, nada nueva, se trataría de que los ciudadanos pagasen por la Sanidad y la Educación, los dos servicios públicos fundamentales sobre los que se mantiene nuestro menguante “Estado de Bienestar”, y que absorben buena parte del presupuesto del sector público. Así, pagaríamos cada vez que visitásemos a nuestro médico de cabecera, o médico especialista, o pagaríamos por la matrícula de los escolares. Esa es la mecánica básica del “copago”.

Curiosamente, mientras dirigentes de PP y PSOE de todos los niveles se apresuraban a marcar distancias respecto a cualquier propuesta de copago, la iniciativa del Sr Valcárcel ha provocado una catarata de adhesiones procedentes de personas y grupos muy cualificados ligados a ambos partidos. Me refiero a esas personas o grupos (técnicos, intelectuales, lobbys, think tanks) que cocinan en la sombra las recetas que los gobernantes acaban aplicando cuando ganan los comicios, recetas que no suelen aparecer por su impopularidad en los programas electorales o “agenda oficial” de los partidos.

Conviene por ello hacer algunas aclaraciones antes de que la aritmética de medio pelo y el pánico presupuestario arrollen el debate sereno que probablemente tendrá lugar tras las elecciones.

En primer lugar el debate sobre el copago surge espoleado por la crisis económica, que ha hundido la recaudación tributaria y ha provocado severos déficits de difícil financiación en las diversas Administraciones Públicas. Se veía venir que estas Administraciones estaban dilapidando los ingentes recursos procedentes de la “burbuja inmobiliaria” en vez de ahorrar en previsión de un cambio de ciclo. Y ahora toca correr.

Hubiera sido preferible que el debate naciese de la reflexión acerca de qué podemos hacer para mejorar la gestión pública y no desde el pánico a la suspensión de pagos. Si cada vez que los gobernantes necesitan dinero dejamos que lo saquen del bolsillo de los ciudadanos nunca tendrán incentivos para la austeridad y la buena gestión. Si en España los servicios públicos absorben gran cantidad de recursos es básicamente por la mala organización y la mala gestión, no por el abuso de los usuarios.

En segundo lugar el debate parte de una premisa falsa: que los ciudadanos reciben gratuitamente los servicios que les suministra el Estado y que ha llegado la hora de que paguen. Entonces ¿qué son los impuestos? De cada 100 euros de riqueza que se generan en España 33 acaban en manos de las Administraciones Públicas vía tributaria: el copago significa volver a pagar “vía precios” el servicio que ya hemos pagado “vía impuestos”. Y encima el copago es equivalente a un impuesto indirecto: los más pobres son los que más necesitan los servicios públicos, los ricos hace tiempo que migraron a la sanidad y la educación privadas. No estaría de más resucitar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones que tan alegre e irresponsablemente fueron desmantelados en tiempos de bonanza.

En tercer lugar, si lo único que preocupa a nuestros gobernantes es cómo financiar el creciente gasto público deberían atajar la economía sumergida. Según diversas investigaciones ésta supone entre el 20% y el 23% del PIB. Teniendo en cuenta la actual presión fiscal, acabar con la economía sumergida permitiría a las Administraciones Públicas financiar convenientemente el sistema sanitario y de educación públicos y gozar de superávit. Amén de resolver la injusta situación que implica que una parte de los ciudadanos paguemos por los que no pagan.

En cuarto lugar, un buen gobernante debería preocuparse por la calidad de la gestión de los recursos presupuestarios: inflar plantillas o subcontratar a empresas privadas (sean o no de amiguetes) tareas que podrían ejecutar la Administraciones es una práctica muy extendida en nuestro país y que tarde o temprano hay que eliminar. Deberíamos preguntarnos si lo que las Comunidades Autónomas pagan por una radiografía o por el terreno en el que se va a construir un colegio es un precio adecuado.

Aparte de esto, el debate sobre el copago es muy oportuno pero sería de agradecer que las distintas formaciones políticas, en un ejercicio de salud democrática, revelasen sus intenciones al electorado antes de votar y no después.

Islandia: El Pueblo contra los Mercados

Islandia, un pequeño país de tan solo 331.000 habitantes y extensión territorial equivalente a la quinta parte de España, ha dado una muestra ejemplar de coraje y civismo en la forma de enfrentar la grave crisis financiera en la que estaba inmersa. En estos últimos dos años, y utilizando como única arma la movilización ciudadana pacífica, los islandeses han logrado derribar un Gobierno y frenar (al menos parcialmente) un plan de ajuste que pretendía expoliar su economía para complacer a los mercados financieros.

Al igual que otras economías europeas, Islandia experimentó importantes tasas de crecimiento económico entre 2004 y 2008, al unir a su negocio tradicional (la exportación de recursos pesqueros), una frenética actividad especulativa. Especialmente a partir de 2004 la banca islandesa registró un intenso crecimiento meramente especulativo, basado en la captación de ahorros de los ciudadanos y la emisión masiva de bonos. Tres bancos privados (Glitnir, Lansdbanki y Kaupthing) obtuvieron ingentes recursos en los mercados internacionales mediante depósitos de dudosa transparencia entre los que se encuentra el denominado “Icesave”. Probablemente los banqueros islandeses llegaron a la conclusión de que ya era hora de abandonar el aburrido negocio de la pesca y apuntarse al capitalismo del siglo XXI, así que el dinero captado lo dedicaron una de las actividades más viejas del mundo: la especulación financiera.

Pero esta estrategia de casino no tardó en fracasar: el colapso financiero mundial que se produjo con la crisis de las hipotecas “subprime” (agosto de 2007) trajo consigo la quiebra de la banca privada islandesa y en 2008 los activos en que se había invertido el dinero ya no valían nada. El Gobierno de coalición (conservadores + socialdemócratas) optó por nacionalizar los tres bancos y restringir la retirada de fondos. Pero ya era tarde: en un alarde de perspicacia financiera, y adivinando la que se les venía encima, los espabilados gestores habían vaciado lo poco que quedaba en la caja días antes de ser intervenidos. Igualito que en Argentina justo antes del “corralito”. Francamente: a ningún ladrón le gusta que el Gobierno meta las narices en sus finanzas.

La reacción de los especuladores institucionales, y también la de miles de ingenuos ahorradores entusiasmados con la magia de la burbuja financiera, no se hizo esperar: exigieron ser indemnizados… y se lo exigieron al Gobierno islandés, no a los banqueros saqueadores. El Gobierno Británico, liderado por el socialdemócrata Gordon Brown, llegó incluso a hacer uso de la legislación antiterrorista para congelar activos islandeses depositados en instituciones británicas.

En enero de 2009, las movilizaciones ciudadanas provocaron la dimisión del primer ministro islandés (el conservador Geir Haarde) y la convocatoria de elecciones anticipadas, que fueron ganadas por una coalición de centro – izquierda. Ante la imposibilidad de devolver el dinero a los inversores con los fondos encontrados en las cajas de los bancos, el nuevo Gobierno islandés, plegándose a las presiones de los especuladores, planteó indemnizarles con cargo al presupuesto del país, endeudándose en 3.500 millones de euros. En apoyo a tal propuesta, los poderes fácticos enarbolaron un discurso de sobra conocido en España: plegarse a las exigencias de los mercados financieros es el mejor camino para restaurar la confianza de los mercados.

El escándalo político fue mayúsculo porque cada ciudadano islandés tendría que contribuir con unos 11.000 € a pagar la mala gestión de tres bancos privados. Además, se solicitaría un préstamo de 2.100 millones de dólares al FMI con el consiguiente programa de ajuste neoliberal.

La aprobación de dicha Ley provocó una nueva oleada de protestas y en enero de 2010 el presidente del país, el ex – comunista Ólafur Ragnar Grímsson, se negó a ratificarla convocando un referéndum para que la ciudadanía se pronunciase al respecto. En dicho referéndum, celebrado el 6 de marzo de 2010, el 93% de los votantes dijo “NO” al plan gubernamental: los ciudadanos islandeses no resarcirían a los especuladores británicos y holandeses por la mala gestión de los banqueros. Es más: se inició un proceso judicial contra los gestores de los bancos citados en los que actualmente se cuentan 160 imputados. Asimismo se procedió a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución del país. Y todo eso a golpe de manifestación y cacerolazo.

Que el Gobierno se plegase a las exigencias ciudadanas no sentó nada bien en los mercados: el FMI “congeló” el acuerdo de préstamo al comprobar que el dinero no se utilizaría para indemnizar a británicos y holandeses, pero ante la evidencia de que los ciudadanos no se doblegarían antes unas condiciones leoninas (como las impuestas a la vecina Irlanda y a la vetusta Grecia), se retomaron las negociaciones y a día de hoy el dinero ha sido entregado al Gobierno.

Las enseñanzas de la experiencia islandesa son claras en materia política: la presión popular ha obligado ha reescribir el guión con una salida más social a la crisis, una salida muy diferente a la que se ha tomado en Irlanda, Grecia o España. Ha habido recortes sociales (los excesos especulativos se pagan), pero su dureza ha sido atenuada por la movilización ciudadana.

En materia económica tampoco cabe perder de vista el ejemplo islandés: lejos de producirse el caos financiero que auguraban los propagandistas del capitalismo, la economía islandesa ha ido estabilizándose tras un breve brote inflacionista. El crecimiento económico aún es débil pero la tasa de inflación ya está bajo control (un envidiable 1´9%), y la tasa de desempleo se encuentra en el 8´5% (aún más envidiable) y bajando con firmeza. No podemos olvidar el otro ingrediente básico de la política económica islandesa: la no pertenencia al euro ha permitido devaluar la moneda nacional (la corona islandesa) animando así las exportaciones, y evitar la irracional política monetaria que el Banco Central Europeo ha impuesto en la eurozona. Islandia nos ha enseñado que es posible combatir la inflación y disfrutar de pleno empleo sin someterse a la dictadura del euro.