viernes, 27 de julio de 2012

Lo que cuesta la democracia municipal

Contrariamente a lo que pregonan los epígonos del neo – franquismo, nuestra democracia municipal, nuestro municipalismo, es bastante económico. Barato, diría yo. Cosa distinta es que pueda reorganizarse para ser más eficiente y más justo: a eso siempre hay que estar abierto. La derecha está aprovechando la desgarradora crisis económica para desmontar el andamiaje de nuestro sistema democrático. No contenta con las limitaciones del sistema (una Ley Electoral más propia de Alfonso XIII que del siglo XXI), y con el enorme poder obtenido en los comicios (Dios le da pan a quien no tiene dientes…); está embarcada en una campaña de descrédito en la cual la retórica del déficit público juega un papel esencial. El mensaje es claro: los ayuntamientos son un capricho caro, sobran ayuntamientos, sobran concejales. Pero los datos oficiales no avalan esta afirmación. Salvo que la estulticia a la obcecación nos impidan acometer un análisis serio. Efectivamente, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda en su Servidor de Estadísticas Territoriales, referidos a los Presupuestos de Entidades Locales de 2011, el gasto en Órganos de Gobierno municipales (el programa presupuestario en el que se contabiliza lo que cuesta la Corporación Municipal) ascendió a un exiguo 2´52% del total de gastos presupuestados (y menos aún en los Ayuntamientos de la Comunidad de Murcia, un 1´80%). Poca cosa. Eliminar concejales no contribuye a combatir el déficit público. Por varias razones. En primer lugar porque el gasto en Órganos de Gobierno supone el 0´12% del PIB, mientras que el déficit público cerró 2011 n un -8´9% del PIB: ¡habría que eliminar todos los concejales y todos los alcaldes 8 veces para reducir el déficit público en un 1% del PIB! … y 75 veces para llegar al equilibrio presupuestario. El peso en el bolsillo de los ciudadanos es bastante pequeño: mantener los Órganos de Gobierno Municipales cuesta 26 euros por habitante al año (sólo 17 en la región de Murcia). Mucho menos que el gasto de un ciudadano medio en telefonía móvil… o en gin – tonic (por no mencionar lo que cuesta una entrada a un partido de fútbol). En segundo lugar porque si se reduce el número de concejales en las Corporaciones, los grupos políticos afectados (gracias a la Ley D´hont) serán los grupos minoritarios… que precisamente son los que menos dinero cobran al no formar parte del equipo de gobierno. En muchas ocasiones realizan su labor sin percibir ni un euro, restando tiempo a su trabajo, a su familia o a su merecido tiempo de descanso. Por término medio, cada concejal supone un coste bruto de 15.691 euros año, incluyendo salario, dietas, … fotocopias… etc… etc… Desde el punto de vista económico el ataque contra el municipalismo no se sostiene. Pero es que además tendría un coste incalculable en términos de calidad democrática. Cosa distinta es que a efectos financieros las cosas se puedan organizar de otra manera. Suele haber una brecha injustificada entre los medios de los que dispone el grupo político gobernante y los grupos de la oposición, lo cual casa mal con las tareas de control democráticos que estos tienen encomendados. Y también hay desigualdades poco tolerables entre las grandes ciudades y los pequeños municipios, como la hay entre poblaciones agrícolas y poblaciones más ricas. En síntesis: nuestra democracia municipal será mejorable, pero desde luego es muy económica. Que se busquen otra excusa para expoliarnos este retazo de nuestra maltrecha democracia.