Resumen: en este trabajo
examinamos la experiencia de la planta desalinizadora de Escombreras (Murcia),
construida y operada bajo la fórmula de colaboración público – privada con la
participación del gobierno de la Región de Murcia. La planta inició su
actividad en 2009 y aunque inicialmente estaba prevista la autofinanciación del
proyecto, sin impacto presupuestario, en 2011 se iniciaron los trámites para su
rescate debido a la acumulación de pérdidas y deudas, que pueden ascender a 600
millones de euros. La infrautilización del capital instalado, los conflictos
políticos y el erróneo diseño del contrato de financiación lastraron el
proyecto desde el principio.
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