La
crítica situación de la economía venezolana vuelve a ser noticia en los medios de
comunicación españoles estos días: el año 2014 cerró con una inflación del
68´5% y se especula con la posibilidad de que actualmente esté por encima del
200% anual.
En
este escenario dos acontecimientos han suscitado interés y controversia: en
primer lugar la desestimación por parte del Tribunal Supremo del “recurso de
abstención” interpuesto por la ONG “Transparencia Internacional” para forzar la
publicación de los datos oficiales de inflación y otros indicadores económicos,
publicación que el Banco Central de Venezuela (BCdV) viene desatendiendo
durante todo 2015 pese a ser el órgano competente para ello. En segundo lugar, la
iniciativa del presidente Nicolás Maduro decretando el “estado de excepción” en
diversos municipios limítrofes con la vecina Colombia para poner coto al
contrabando y a la inmigración ilegal.
El
denominador común de ambas medidas es la agudización de la crisis económica del
país a causa del derrumbe de los precios del petróleo que arrastra una caída de
un 61% desde junio del año pasado. Como
ya indicamos en otra ocasión, la
merma de ingresos presupuestarios a causa de la contracción de las
exportaciones petroleras agudizaría los desequilibrios de la economía
venezolana abocándola a un programa de ajuste, so pena de perder el control
sobre la inflación.
En
medios oficialistas se sostiene que la elevada inflación está causada por la
“guerra económica” a la que está sometido el país: los grandes empresarios
quieren provocar la caída del gobierno creando escasez mediante la acaparación
de divisas y bienes de consumo, de modo que el malestar ciudadano se traduzca
en una derrota electoral de Maduro y sus aliados o en intentonas golpistas que
depongan al presidente constitucional. A ello hay que sumar la fuga de
capitales que ciertos empresarios promueven por mero afán de lucro y elusión
fiscal.
Siendo
cierta la actitud hostil de una parte significativa del empresariado, sería un
error hacer caso omiso de los desequilibrios que lastran la economía venezolana
desde hace décadas. Esos desequilibrios son terreno abonado para quienes con
intenciones políticas o crematísticas, generan escasez de bienes y divisas.
Pese
a los evidentes logros de la revolución bolivariana (reducción de la pobreza y
el desempleo, extensión de la enseñanza y la salud públicas…), hay que reconocer
que aun antes del derrumbe del precio del petróleo existía una serie de
desequilibrios que no se corrigió a tiempo. Unos de largo alcance, como es el
caso de la industrialización pendiente y diversificación de la estructura
productiva del país; otros más perentorios, como es la elevada inflación
crónica presente en el país incluso en los años de mayor renta petrolera.
Ciertamente
los adversarios del chavismo aprovechan esos desequilibrios para medrar
política y económicamente; y probablemente sea oportuno calificar de “guerra
económica” a esa estrategia. Pero lo que no es razonable es tratar de superar
la situación sin estabilizar la economía con los instrumentos de política
económica que el Estado tiene a su alcance.
En
ese sentido reconocer los desequilibrios y ofrecer información veraz y
pertinente a la ciudadanía hará más eficaz la acción de gobierno.
Históricamente se ha demostrado que la ocultación y la distorsión de
información estadística es contraproducente: en Grecia, sin ir más lejos, aún
están pagando y muy caro la falsificación de la contabilidad nacional llevada a
cabo en la década del 2000 para facilitar el ingreso en la “zona euro”.
Ocultar
información estadística lejos de abatir la inflación da alas a la especulación:
los ciudadanos creerán que la evolución de los precios es peor de lo que se afirma
en medios oficiales, se recurrirá a fuentes de información alternativas que
pueden ofrecer datos sesgados e incurrirán en prácticas indeseables de
acaparación de bienes y divisas para protegerse de un incierto escenario futuro.
Son las denominadas “expectativas autocumplidas” y no conviene alimentarlas: al
creer que la inflación se está acelerando…acabará acelerándose.
Si
bien es cierto que los mecanismos administrativos y policiales (controles de precios,
racionamientos, persecución de actividades ilícitas,…) son necesarios, éstos
tienen una eficacia limitada y no es lógico que la lucha contra la inflación
descanse exclusivamente en ellos. El Estado no dispone (ni en Venezuela ni en
España…) de información completa sobre transacciones económicas, bien porque
las estadísticas son costosas y deficientes, bien porque (lógicamente) los
delincuentes se esfuerzan por evitar que el alcance de sus actividades sea
conocido por el Estado. Si a esto unimos la existencia de cierto grado de corrupción
entre los funcionarios públicos (corrupción a la que ningún país es ajeno) se
comprenderá la dificultad de los poderes públicos para manejar un sistema
plenamente eficaz de controles administrativos.
Dicho
esto, lo que más extraña al observador especializado es la ausencia de un plan
concreto, bien definido, acotado en el tiempo, para poner fin a la hiperinflación
y estabilizar la economía en un plazo de tiempo razonable. Es cierto que en
estos años se han tomado numerosas medidas para hacer frente al problema (control
de cambios, reconversión monetaria, creación del SICAD y del SIMADI, la Ley de
Precios Justos…), pero adolecen de la integralidad que cabe esperar de un plan
de este tipo.
Venezuela
necesita un plan de estabilización antes de que la hiperinflación siga socavando
el bienestar de los ciudadanos y, por ende, el apoyo de estos a la revolución
bolivariana.
Ciertamente
los planes de estabilización tienen muy mala fama entre políticos y sindicalistas
de izquierda porque históricamente han reducido la inflación con un elevado
coste social (desempleo, extensión de la pobreza, pérdida de derechos sociales)
y también en términos de derechos humanos: golpismo, detenciones arbitrarias,
torturas, asesinatos…. son ingredientes que tradicionalmente han acompañado al
menú estabilizador. Venezuela ya experimento esa tragedia en el “sacudón” de
1989.
Pero
existen alternativas: tradicionalmente los planes de estabilización han sido
diseñados por especialistas de del FMI, Universidades norteamericanas y bancos
de inversión firmemente vinculados a los intereses del capital financiero. Han
sido planes basados en la tríada “privatización – desregulación – desprotección
social” de Milton Friedman y sus acólitos. A estas alturas es de común
conocimiento que en el caso venezolano es la especulación y la fuga de
capitales lo que alimenta la escalada de precios…no el excesivo consumo de pan
o arroz; ni los salarios reales ni el incipiente Estado de Bienestar venezolano
son causa de la escalada inflacionaria.
Por
ello, es necesario complementar tanto por la vía de la política monetaria como
por la vía de la política tributaria, las medidas administrativas y policiales mediante
el endurecimiento de las condiciones de acceso de los especuladores a los recursos
financieros que emplean en especular contra el bolívar,
La
política monetaria ha de jugar un papel clave si se quiere atajar la
hiperinflación. La laxitud de la política monetaria es uno de los desequilibrios
básicos a los que aún no se ha hecho frente de forma decidida. La oferta monetaria
(M2) crece por encima del 60% interanual desde comienzos de año (ha llegado al
83´8% en junio) y los tipos de interés reales son negativos. Se trata de un
escenario insostenible: con unas reservas de menos de 17.000 millones de
dólares en manos del BCdV, al tipo de cambio actual (6´3 Bf/$) hay 25 veces más
dinero en circulación del que puede respaldarse con dólares. Es cierto que
desde 2004 ha
habido cuatro devaluaciones que no han supuesto la solución definitiva al
problema inflacionario, pero el tipo actual ha de ser corregido (si bien su
valor actual está más próximo al de equilibrio que el que se maneja en el
mercado negro).
Endurecer
la política monetaria no es monetarismo: los monetaristas sólo creen que la estabilización
monetaria como condición previa para que el libre funcionamiento del mercado,
sin regulaciones, sin protección a los trabajadores, sin empresas públicas y
sin intervención estatal que asigne los recursos disponibles. Pero en los
países en vías de desarrollo eso sólo ha servido para perpetuar monocultivos y
dependencia. El endurecimiento de la política monetaria debe entenderse como un
mecanismo para encarecer el acceso de las grandes empresas a la financiación barata
que luego emplean en especular contra el bolívar, sólo eso: el desarrollo del
país depende de otras políticas gubernamentales activas que no pasan ni por la desprotección
de los trabajadores ni las privatizaciones. Tampoco ha de hacerse indiscriminadamente:
no tiene por qué elevarse los tipos de interés con carácter universal.
La
política tributaria también debe constituir un buen punto de apoyo en un plan
de estabilización: elevando la presión y la progresividad fiscales se puede
drenar buena parte de los recursos que los especuladores utilizan contra el
bolívar. Recordemos que Venezuela es según la OCDE el país con la menor presión
fiscal de América Latina.
La
tarea es urgente: la paciencia de los electores es limitada y sólo sobre la
base de una economía estabilizada pueden emprenderse tareas de mayor alcance,
como la diversificación productiva del país.
En
los últimos 10 años la inflación nunca ha bajado del 10% y su valor medio ha
sido del 28% anual.
