La reciente intervención del gobernador del Banco de
España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso sirvió para confirmar lo
que todos sabemos: que la tasa de paro continuará en niveles superiores al 20%
al menos durante 2015 y 2016. Y eso si la situación no se complica con la
recesión a la que parecen estar abocadas China y Japón. En cualquier caso, lo
que pretendía ser un mensaje de optimismo (“ya se le ve salida a la crisis”) es
en realidad un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de la sociedad
española: son ya ocho largos años de crisis y la capacidad de aguante de las
familias españolas se ha deteriorado notablemente.
En estos ocho años de crisis los desempleados han
sufrido una considerable merma de su calidad de vida por culpa de un sistema de
protección social que cada vez protege a menos parados y con prestaciones cada
vez más pequeñas.
Se protege “a pocos” y se protege “con poco”: hoy sólo
42 de cada 100 parados percibe algún tipo de prestación/subsidio del SEPE
(antiguo INEM), y la cuantía media percibida es de 744 euros mensuales. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, año 2007,
estas cifras registraban valores notablemente superiores: de cada 100 parados
77 cobraba algún tipo de prestación y su importe medio era de 897 euros. En
otras palabras: desde que se inició la crisis el porcentaje de desempleados
protegidos se ha reducido en 35 puntos y su importe medio en un 17%. Si además
tenemos en cuenta la inflación, la prestación media se ha reducido en realidad
un 33% en este periodo.
¿A qué se debe este
intenso deterioro de la protección social que reciben los desempleados?
Básicamente nuestro sistema de protección está
integrado por dos tipos de rentas: prestaciones contributivas (cuyo origen
radica en el derecho adquirido por el trabajador por el hecho de haber cotizado
a la Seguridad Social) y prestaciones no contributivas (tienen un origen
“solidario” o “asistencial”).
Para evitar que la protección social sea un
desincentivo a la aceptación de ofertas de trabajo, tiene un carácter limitado
en el tiempo, cumplido el cual la prestación se agota y el desempleado tiene
que acogerse a una ayuda de menor cuantía o simplemente queda en situación de
desprotección. Así, la “prestación por desempleo” tiene una duración máxima de
720 días al cabo de los cuales se extingue y el desempleado puede acogerse, solo
si reúne las condiciones establecidas por el Gobierno, al “subsidio de
desempleo” con una duración que varía según las citadas condiciones.
Actualmente la “prestación por desempleo” tiene una cuantía equivalente al 70%
de la cuantía cotizada durante los 6 primeros meses de disfrute y del 50% en
los restantes, con un importe máximo mensual equivalente al 225% del IPREM[1], es
decir 1.198 €. Por su parte, el
“subsidio de desempleo” tiene un importe de 426 € mensuales.
El mero transcurso del tiempo aboca al trabajador
desempleado a unos ingresos cada vez menores e incluso nulos, al pasar de las
prestaciones contributivas a otras de menor cuantía (las no contributivas) e
incluso a ninguna.
El Ministerio de Trabajo difunde mensualmente datos
oficiales sobre la proporción de desempleados que recibe algún tipo de ayuda
del SEPE: es lo que se denomina “tasa de cobertura”. Sin embargo estos datos
oficiales están sobrevalorados y exageran el grado de protección social. Ello
se debe a que para su cálculo el Ministerio de Trabajo compara el número de
“beneficiarios” de subsidios y prestaciones con el número de “desempleados
registrados” en el SEPE. Es decir: no tiene en cuenta toda la población
susceptible de ser protegida (todos los desempleados) sino solo aquella que
reúne determinados requisitos jurídicos. Concretamente excluye a la población
desempleada sin empleo anterior ya que no puede haber cotizado (estudiantes o
amas de casa que se incorporan al mercado de trabajo), así como a los
desempleados no registrados como demandantes de empleo en el SEPE.
Como es sabido, el “desempleo registrado” por el SEPE es
un indicador sesgado a la baja del verdadero volumen de desempleo, que se mide
mediante la EPA: muchos trabajadores desempleados desisten de registrarse en el
SEPE como demandantes o, una vez inscritos, no realizan los trámites necesarios
para continuar registrados. Actualmente los datos de la EPA indican la existencia de
5.149.000 desempleados[2],
mientras que el SEPE arroja un total de 4.026.276 desempleados[3], es
decir una diferencia de 1.122.724 personas (un 21´8% menos). Lo correcto es
comparar el número de “beneficiarios” con el total de parados estimado por la
EPA. A veces se nos olvida lo obvio: que un trabajador desempleado no reúna los
requisitos jurídicos para acceder a una prestación no quiere decir que no la
necesite. Así según la “tasa de cobertura” oficial en la actualidad el nivel de
protección sería del 55´7%, mientras que el cálculo correcto arroja un 42% como
hemos indicado la comienzo.
Por lo que respecta a la evolución de la cuantía de las
ayudas que paga el SEPE a los desempleados, ha de tenerse en cuenta que la
regla general del sistema supone que la cuantía percibida por el desempleado se
reduce progresivamente conforme pasa el tiempo, llegando por supuesto a
agotarse. Además, las prestaciones de naturaleza “contributiva” son de cuantía
superior que las “no contributivas”: si la situación de desempleo se alarga en
el tiempo el trabajador percibirá prestaciones cada vez menores e incluso cero.
En 2009 la prestación media registró su valor máximo:
978 euros al mes. De hecho entre 1999 y 2009 la prestación media se incrementó
debido a dos factores: a) la evolución pro – cíclica de los salarios (la fase
expansiva del ciclo se tradujo en cotizaciones crecientes a la Seguridad Social);
y b) la creciente proporción de beneficiarios de prestaciones contributivas
frente a no contributivas, puesto que se trataba de desempleados que habían
acumulado suficientes meses de cotización durante el “boom inmobiliario”.
A partir de 2009 los desempleados comienzan a agotar sus
prestaciones contributivas mientras se suman nuevos desempleados que no han
conseguido un primer empleo o al menos no de la duración suficiente[4]. El
número de beneficiarios de prestaciones no contributivas crece rápidamente y
actualmente supone ya un 63´8% del total, mientras que en 2009 sólo constituían
el 39%.
Todo parece indicar que esta tendencia al
empobrecimiento de los desempleados, debida a la acción conjunta de una menor
tasa de cobertura y a prestaciones de importe menguante, continuará a lo largo
de 2015 y 2016. Tampoco parece que la esperada recuperación económica mejore
mucho las cosas: gracias a las sucesivas reformas laborales, que han debilitado
el poder de negociación de los trabajadores frente al capital, muchos
trabadores seguirán siendo pobres incluso si encuentran un empleo.
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