Podemos plantear la cosa de otra manera: ¿quién está lo
suficientemente interesado en tener un Mar Menor limpio como para asumir
(su parte) del coste de limpiarlo...y mantenerlo limpio? Todos queremos
una laguna limpia pero pocos asumirán en público hasta qué punto, es
decir… a cuántos euros está dispuesto a renunciar (pagar una tasa, dejar
de explotar parcialmente un negocio…). La Administración podría hacer
lo que en Economía denominamos un
“Análisis Coste – Beneficio” (ACB) : identificar todas las categorías de
agentes implicadas en el disfrute (sea económico, sea recreativo, etc),
los beneficios (materiales e inmateriales) que obtienen de “usar” el
Mar Menor y todos los costes que ese disfrute genera. Y a partir de ahí
fijar un objetivo de restauración medioambiental: no hace falta que la
laguna quede Tan limpia como hace 100 años, quizá convenga fijar un
objetivo menos ambicioso. A partir de ahí queda lo difícil, lo
conflictivo: arbitrar un sistema de reparto de costes. Difícil. Porque
la Administración también tiene costes: los votos que pierde por
implementar la medida.
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