Islandia, un pequeño país de tan solo 320.000 habitantes y
extensión territorial equivalente a la quinta parte de España, ha dado una
muestra ejemplar de coraje y civismo en la forma de enfrentar la grave crisis
financiera en la que estaba inmersa por culpa de la especulación. Y viene
demostrando desde 2010, que es posible hacerlo minimizando el impacto social de
las políticas económicas.
Al igual que otras economías europeas, Islandia experimentó
importantes tasas de crecimiento económico entre 2004 y 2008, al unir a su
negocio tradicional (la exportación de recursos pesqueros), una frenética
actividad especulativa. A partir de 2004 la banca islandesa registró un intenso
crecimiento meramente especulativo, basado en la captación de ahorros de los
ciudadanos y la emisión masiva de bonos. Tres bancos privados (Glitnir,
Lansdbanki y Kaupthing) obtuvieron ingentes recursos en los mercados
internacionales mediante depósitos de dudosa transparencia no garantizados por
las autoridades del país.
Pero esta estrategia de casino no tardó en fracasar: el
colapso financiero mundial que se produjo con la crisis de las hipotecas
“subprime” (agosto de 2007) y la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de
2008) trajo consigo la quiebra de la banca privada islandesa y en 2008 los
activos en que se había invertido el dinero ya no valían nada. El Gobierno de
coalición (conservadores + socialdemócratas) optó por nacionalizar los tres
bancos y restringir la retirada de fondos. Pero ya era tarde: en un alarde de
perspicacia financiera, y adivinando la que se les venía encima, los
espabilados banqueros habían vaciado lo poco que quedaba en la caja días antes
de ser intervenidos: igualito que en Argentina justo antes del “corralito”.
La reacción de los especuladores institucionales, y también la
de miles de ingenuos ahorradores entusiasmados con la magia de la burbuja
financiera, no se hizo esperar: exigieron ser indemnizados… y se lo exigieron
al Gobierno islandés, no a los banqueros saqueadores, a pesar de que los
activos emitidos por esos bancos carecían del respaldo del Gobierno de
Islandia, al no tratarse de depósitos tradicionales. El Gobierno Británico,
liderado entonces por el laborista Gordon Brown, llegó incluso a hacer uso de
la legislación antiterrorista para congelar activos islandeses depositados en
instituciones británicas y garantizarse el cobro de las indemnizaciones
millonarias.
En enero de 2009, las movilizaciones ciudadanas provocaron la
dimisión del primer ministro islandés (el conservador Geir Haarde) y la
convocatoria de elecciones anticipadas, ganadas por una coalición de centro –
izquierda. Ante la imposibilidad de devolver el dinero con los fondos
encontrados en las cajas de los bancos, el nuevo Gobierno islandés, plegándose
a las presiones de los especuladores, planteó indemnizarles con cargo al
presupuesto del país, endeudándose en 3.500 millones de euros. En apoyo a tal
propuesta, los poderes fácticos enarbolaron un discurso de sobra conocido en
España: plegarse a las exigencias de los mercados financieros es el mejor
camino para restaurar la confianza de los mercados.
El escándalo político fue mayúsculo porque cada ciudadano
islandés tendría que contribuir con unos 11.000 € a pagar la gestión delictiva de
tres bancos privados. Además, se solicitaría un préstamo adicional de 2.100
millones de dólares al FMI con el consiguiente programa de ajuste neoliberal.
La aprobación de dicha Ley de indemnización provocó una nueva
oleada de protestas y en enero de 2010 el presidente del país, el ex –
comunista Ólafur Ragnar Grímsson, se negó a
ratificarla convocando un referéndum para que la ciudadanía se pronunciase al
respecto. En dicho referéndum,
celebrado el 6 de marzo de 2010, el 93% de los votantes dijo “NO” al plan
gubernamental: los ciudadanos islandeses no resarcirían a los especuladores británicos y holandeses por la
mala gestión de los banqueros. Es más: se inició un proceso judicial contra los
gestores de los bancos citados en los que incluía a 160 imputados. Asimismo se
procedió a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución
del país. Bajo el liderazgo del presidente Grímsson, la política económica de
Islandia daba un esperanzador giro hacia la heterodoxia.
Por aquel entonces España vivía una situación similar: el
prolongado proceso especulativo que había experimentado el sector de la
vivienda entre los años 1999 y 2007, conocido como “boom del ladrillo”,
eclosionó víctima de sus propios desequilibrios internos y de la confluencia de
la crisis de las “hipotecas subprime” que había envenenado los mercados
financieros internacionales.
Inicialmente el gobierno de España optó por una política tibiamente
keynesiana conocida como “Plan E”: un programa de obras públicas en todo el
país que pretendía absorber la mano de obra excedente del sector Construcción y
expandir la demanda agregada. Pero el plan fracasó entre otras razones, por la
falta de respaldo de las instituciones europeas y, muy especialmente, del Banco
Central Europeo (BCE): sin dinero barato no es posible implementar políticas
expansivas y los creadores del BCE, instigados por los financieros alemanes, se
encargaron de cerrar esa opción al redactar sus estatutos. La adquisición de
deuda pública en el mercado primario quedaba expresamente prohibida y la compra
en los mercados secundarios quedaba a discreción del Consejo de Gobierno del
BCE, un organismo plagado de fundamentalistas neoliberales ligados
profesionalmente a la banca privada.
A partir de 2010 la crisis se recrudece con el escándalo de
la falsa Contabilidad Nacional griega. Y es ahí donde España e Islandia
divergen definitivamente en el diseño de sus respectivas políticas económicas.
España abandona el tímido keynesianismo del “Plan – E” y su
política económica se hace cada vez más ortodoxa en un intento de lograr la
anuencia de los mercados financieros: se incrementó el IVA, se redujeron los
salarios de los empleados públicos y se recortó el gasto público con el ánimo
de contener un creciente déficit público cada vez más difícil y costoso de
financiar. Pero cuanto más contractiva era la política fiscal más caía el PIB y
mayor era el déficit público debido a los menguantes ingresos tributarios.
La política fiscal contractiva no fue la única respuesta
neoliberal frente a la crisis. El Gobierno del Sr Zapatero hizo suyos los
postulados más conservadores al considerar que la falta de flexibilidad del
mercado de trabajo era un hándicap para la recuperación económica. Se reformó
el Estatuto de los Trabajadores, abaratando y facilitando el despido; se
reformó la Ley General de Seguridad Social, retrasando la edad de jubilación de
65 a 67 años
y reduciendo en una media de un 15% el importe de las futuras pensiones.
Pero quizá la medida más degradante para el conjunto del país
fue la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE a instancias del BCE:
lejos de atender a los guiños del Gobierno español, los mercados financieros y
particularmente su mayor adalid, el BCE, amenazaban con abandonar a su suerte a
la economía española salvo que mediante una reforma constitucional y sin respaldo
popular (no hubo referéndum), se salvaguardasen los intereses de los tenedores
de deuda pública española.
Con la llegada al poder del Sr Rajoy en 2011 se endurecen las
mismas políticas implementadas por el presidente Zapatero y se despliega un
amplio programa de rescate bancario. Nuevo guiño a los mercados: salvando a los
bancos hundidos por sus prácticas especulativas se esperaba recuperar la
confianza de los mercados financieros y estabilizar la economía.
En junio de 2012, se firma por el Gobierno español y la
“troika” (Comisión Europea + BCE + FMI) un plan de rescate bautizado con el
ampuloso nombre de “Memorándum de Entendimiento” (MoU), en virtud del cual se
otorga una línea de crédito de 100.000 millones de euros a España pero con
condiciones políticas muy precisas y onerosas: la principal, que el dinero será
empleado para rescatar bancos y que los clientes víctimas de estafas como las
“participaciones preferentes” no recuperarían ni un céntimo. Como cualquier
otro plan de ajuste, el dinero iba acompañado de una serie de medidas de política
económica: incremento del IVA, una nueva reforma laboral, un programa de
reducción del déficit público… Por supuesto, ningún banquero fue procesado. De
hecho algunos fueron premiados: Luis de Guindos, miembro del consejo de
administración de uno de los bancos rescatados, fue ascendido a ¡Ministro de
Economía!… y hoy se postula como presidente del Eurogrupo…
Es evidente que las políticas de Islandia y España han sido
divergentes aun cuando el problema de fondo era el mismo: recomponer una
economía rota por las prácticas especulativas.
La estrategia de Islandia pasaba por la confrontación del
Gobierno con los mercados, un gobierno ampliamente respaldado por el pueblo en
permanente movilización. La estrategia de España, cuyos gobernantes nunca
anunciaron sus intenciones antes de cada convocatoria electoral, fue de
servidumbre: aceptar las imposiciones de los mercados financieros para evitar
el caos.
¿Cuáles han sido los resultados de políticas tan disímiles?
En Islandia lejos de producirse el caos financiero que
auguraba la propaganda neoliberal, la economía ha ido estabilizándose tras un
breve brote inflacionista. El crecimiento económico logró pronto recuperar tasas
importantes, de hecho 2013 cerró con un crecimiento del PIB del +3´3% mientras
que en España caía a una tasa del -1´2%. Para el año en curso se espera que la economía
islandesa crezca un +3´1% frente al +1´1% de España. Gracias a la política
económica implementada en Islandia hoy la crisis está prácticamente superada: su
PIB per cápita es sólo 3 puntos inferior al que disfrutaban los islandeses antes
de la crisis. En España el camino por recorrer hasta recuperar los niveles de
bienestar previos a la crisis es mucho mayor: nuestro PIB per capita es todavía
7 puntos inferior.
La experiencia demuestra que hay vida al margen del euro:
mientras en España el abandono del euro es un tema tabú, para los islandeses la
no pertenencia al euro ha sido una bendición, ya que les ha permitido ganar
competitividad y poner límites a los movimientos de capital especulativos.
La posibilidad de devaluar la moneda e implementar una
política monetaria autónoma y expansiva han permitido que hoy la tasa de paro
islandesa sea del 5%, frente al 25% española. La negativa a implementar
recortes presupuestarios no sólo ha permitido a los islandeses superar la
crisis, sino hacerlo con un reducido coste social: en Islandia la tasa de
pobreza del 13% frente al 28% de España; y la desigualdad de renta (indicador
S80/S20) es del 3´4 frente al 6´3 de España.
Otro de los temores azuzados desde el poder anunciaba a la
debacle de las finanzas pública que seguiría al abandono del euro. Falso: el nivel
de endeudamiento de Islandia es inferior al de España (91% frente a 100% del
PIB), y su situación es más saneada puesto que exhiben un déficit público del -2´1%
del PIB frente a nuestro -7´1%. Al implementar políticas económicas que
impulsan el crecimiento, las arcas públicas se nutren de recursos tributarios,
el déficit público se reduce y el endeudamiento se hace más llevadero.
Las enseñanzas de la experiencia islandesa son claras en
materia política: la presión popular ha obligado ha reescribir el guión con una
salida más social a la crisis, una salida muy diferente a la que se ha tomado
en Irlanda, Grecia o España. Ha habido recortes sociales, pero su dureza ha
sido atenuada por la movilización ciudadana. La estrategia española, por el
contrario, demuestra que el miedo a los mercados se paga muy caro en términos
de crecimiento, empleo y bienestar.
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