miércoles, 17 de junio de 2015

Alimentación y crisis en España



La Encuesta de Presupuestos Familiares publicada ayer desmiente el cansino discurso gubernamental sobre la supuesta recuperación económica. Analizando el consumo real de distintas mercancías se comprueba que las familias españolas son cada vez más pobres, que siguen sustituyendo alimentos de buena calidad por alimentos peores, que su dieta sigue empobreciéndose. A título de ejemplo hemos representado el consumo de pescado (kg por persona y año). Hoy cada ciudadano consume un 27% menos de pescado que antes de la crisis. Por el contrario el consumo de pastas (macarrones, etc..) se ha disparado un 9%.


Agua, alcantarillado, residuos... cada vez más caros.

Una vez constituidas las corporaciones locales, es imprescindible que hablemos de política municipal, ir a lo concreto. Por ejemplo del coste del suministro del agua potable, el servicio de alcantarillados y la recogida de basuras, competencias todas de ámbito municipal. Los datos indican que entre 2006 y 2013 estos servicios se han encarecido sustancial e injustificadamente en la Región de Murcia: cada murciano ha tenido que pagar un 55% más, aunque el consumo de agua por persona sólo ha crecido un 18%. Las multinacionales el agua utilizan nuestros ayuntamientos para enriquecerse con la connivencia de quienes los gobernaban: es hora de corregirlo.

lunes, 1 de junio de 2015

Sigue la caída del crédito en España

El crédito a hogares y empresas cayó un -2´8% en abril. Son ya 50 meses consecutivos de caída. Sin crédito no hay recuperación económica. La banca privada no presta porque no considera solventes a los ciudadanos: con esa actitud impide que despegue la economía y la insolvencia aumenta. Es una pescadilla que se muerde la cola. Urge crear una banca pública que rompa este círculo vicioso.


miércoles, 27 de mayo de 2015

Los ayuntamientos españoles, sin liquidez.

Crudo y bien crudo lo van a tener los próximos gobiernos de las corporaciones locales, sea cual sea su signo político. Según los últimos datos disponibles (Banco de España), las corporaciones locales cerraron 2014 con unos activos líquidos de 14.987 millones de euros, insuficientes para cubrir las deudas que vecen en el corto plazo por importe de 18.402 millones de euros. Ese desfase entre liquidez y deudas (-3.415 millones) vuelve a dejar la autonomía local en manos del Ministerio de Hacienda y sus caprichosos fondos de liquidez. Montoro manda. ¿Abrirá el grifo ahora que las elecciones han pasado y su partido no está al frente de muchos ayuntamientos?

martes, 19 de mayo de 2015

Las finanzas de las Comunidades Autónomas españolas.

Los gobiernos que salgan electos en los comicios autonómicos de 24 de mayo no lo van a tener nada fácil. A pesar de los mensajes de recuperación económica que Rajoy reparte por doquier a modo de mantra milagroso para desesperados, las finanzas de las Comunidades Autónomas no han mejorado. Según datos del Banco de España, sus "activos financieros netos" son negativos por importe de -241.376 millones de euros: si utilizasen todo el dinero del que disponen y vendieran todos los activos financieros que posee aun les faltaría esa cantidad (el 25´5% del PIB) para pagar sus deudas. A largo plazo las Comunidades Autónomas son insolventes y su modelo de financiación está quebrado. ¿Y en el muy corto plazo? La situación es igual de grave: las deudas que hay que pagar ya mismo superan en -7.792 millones de euros el dinero disonible; no hay dinero para pagar a tiempo a trabajadores y proveedores. Lo que las Comunidades Autónomas han hecho estos años de ajuste ha sido sustituir deuda con bancos y proveedores por deuda con con el Ministerio de Hacienda. Conclusión: a) el ministro Montoro es quien verdaderamente manda en las Comunidades Autónomas, b) veo más recortes en el horizonte, c) sin un cambio de gobierno estatal no hay salida a la crisis.






domingo, 17 de mayo de 2015

Venezuela: reservas internacionales bajo mínimos.

Tal y como cabía esperar la drástica caída del precio del petróleo está afectando gravemente a las reservas internacionales con las que cuenta la República Bolivariana de Venezuela. Los últimos datos publicados por el BCdV indican que se ha registrado un mínimo histórico: 17.930 millones de dólares, el nivel más bajo desde 5 de septiembre de 2003. Tanto si comparamos esa cuantía con la oferta monetaria disponible en bolívares, como si lo hacemos con las necesidades mensuales de importaciones, la conclusión no admite dudas: urge un programa de reforma monetaria y tributaria no neo-liberal que corrija estos desequilibrios y preserve las conquistas de la revolución bolivariana.

["¿Es inevitable la escasez en Venezuela?"]


sábado, 25 de abril de 2015

2020: El "baby boom del ladrillo" y el hacinamiento en las aulas españolas.

En cuestiones como la Educación es conveniente pensar a largo plazo: hoy las aulas están masificadas pero pronto lo estarán aún más. Es el caso de la Región de Murcia (España). En el año 2020 (está a la vuelta de la esquina) se producirá la mayor incorporación de alumnos de la historia reciente de nuestro país: potencialmente 19.386 alumnos nacidos en 2008, al calor de la prosperidad de la burbuja inmobiliaria. De hecho antes de 2020 se dejará sentir el "baby boom del ladrillo". Pregunto: ¿hemos previsto la construcción de IES suficientes?



La Universidad española cada vez más cara

Desde septiembre de 2012, el coste de la enseñanza universitaria en España no cesa de crecer. En el gráfico adjunto se comprueba la evolución del IPC general y el Índice de precios de la enseñanza universitaria, ambos calculados por el INE, con base enero - 2011: 100. Vamos hacia un modelo cada vez más elitista: asistimos a la deconstrucción del modelo democrático surgido de las movilizaciones de los años 80 y 90. La reforma del ministro Wert (3+2) viene a acelerar el proceso.


domingo, 12 de abril de 2015

¿Es inevitable la escasez en Venezuela?



La imagen recurrente de colas de ciudadanos tratando de conseguir bienes de primera necesidad a precios asequibles, es uno de los aspectos más controvertidos de la realidad venezolana. Las colas existen: son la contrapartida de la escasez reinante en un país que, paradójicamente, ha logrado por vez primera en su Historia revertir los frutos del petróleo (la renta petrolera) en mejoras significativas para la gran mayoría de los ciudadanos.

Desde que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones en diciembre de 1998, el proyecto bolivariano ha logrado revalidarse periódicamente en elecciones parlamentarias y presidenciales y ha logrado incluso superar un referéndum revocatorio. De la mano del proyecto bolivariano los venezolanos han visto como el desempleo se reducía del 15% al 7´3% de la población activa, la renta per cápita se incrementaba en un 226% y la tasa de población indigente se reducía del 21´7% al 9´8%. Los logros en materia de reducción de desigualdad también son palpables: el Índice de Gini ha pasado de 0´507 a 0´407 en este periodo. Como síntesis de estos logros, Venezuela ha escalado tres puestos en el Índice de Desarrollo Humano que anualmente elabora Naciones Unidas.



Y sin embargo, persisten la escasez y las colas junto a mercados paralelos bien abastecidos a precios abusivos.

Esas colas, que causan justificada irritación entre la población por la pérdida de tiempo y la incertidumbre que generan, se han convertido en un grave problema social que resta credibilidad y apoyo social y político a las políticas del gobierno del presidente Maduro, poniendo en serio riesgo la continuidad del proyecto político bolivariano en Venezuela.

Cabe preguntarse ¿son inevitables las colas? ¿Es inevitable la escasez de productos esenciales como la carne, el café, el papel o los medicamentos? ¿Inevitable en un país con ingentes recursos petroleros?

Lo primero que debe tenerse bien claro es que la escasez viene de tiempo atrás, incluso de los años en los que el petróleo cotizó a precios estratosféricos (por encima de 150 dólares / barril) y las exportaciones petroleras aportaban más de 90.000 millones de dólares anuales al país. Actualmente es difícil que se logre llegar a la meta de 70.000 millones. Cabe pues esperar que la situación se agrave a lo largo de este año salvo que el Gobierno del presidente Maduro adopte las medidas adecuadas.

Históricamente, Venezuela ha sido un país importador de bienes de consumo y su disponibilidad estaba ligada a las divisas obtenidas por la exportación de petróleo. Pareciera entonces que la escasez es, ante todo, resultado de una oferta insuficiente de dólares: menor renta petrolera, menores divisas, menor capacidad de importación de bienes de consumo… Esta es una verdad a medias: lo que Venezuela sufre es un exceso especulativo de demanda de dólares, que limita la oferta de dólares finalmente destinados a la importación de bienes de consumo.

En su lucha contra la inflación y la escasez, el gobierno bolivariano implementó un sistema de tipo de cambio intervenido, con una paridad preferencial de 6´3 bolívares por dólar que el Banco Central de Venezuela suministra a las empresas importadoras: en tales condiciones los venezolanos deberían gozar de bienes de consumo abundantes y asequibles (téngase en cuenta que en el recién creado mercado marginal de divisas el dólar cotiza en torno a los 170 bolívares / dólar).

El problema es que la corrupción de los funcionarios públicos encargados de vigilar el correcto empleo de las divisas otorgadas a tipo preferencial, y la acción fraudulenta de empresarios empeñados en la evasión de divisas impiden que los dólares de la renta petrolera se traduzcan en importaciones asequibles de bienes de consumo. Dos prácticas habituales para saquear la renta petrolera son la sobrefacturación y el contrabando (prácticas que no son ajenas  a la economía española)

Mediante la sobrefacturación la empresa venezolana importadora acuerda con la empresa extranjera que le vende el producto la confección de una factura falsa en la que el precio del producto importado se infla: la empresa venezolana logra así sacar dólares del país sin traer el volumen de producto que sería lógico. Mediante el contrabando, la empresa venezolana sí adquiere el volumen de producto para el cual solicitó dólares a precios preferenciales pero los revende ilegalmente en el exterior, principalmente en la vecina Colombia. En ambos casos el resultado es escasez de productos y fuga de divisas.

El centro de estudios venezolano ALEM – CIFO ha aportado evidencias concretas sobre estas prácticas. Por ejemplo, entre 2003 y 2012 las importaciones de café crecieron un 9.765% y sin embargo en los comercios venezolanos es casi imposible encontrar este artículo. Otro tanto sucede con los productos farmacéuticos, cuya importación se ha incrementado un 1358%, mientras los medicamentos escasean en los anaqueles de las farmacias.

Mientras operen las prácticas fraudulentas descritas será difícil de resolver la escasez, incluso en épocas de esplendor petrolero: la demanda fraudulenta de divisas es siempre superior a la oferta disponible.

La solución pasa por cerrar, en la medida de lo posible, la brecha entre oferta y demanda de divisas, contrayendo el componente especulativo de la demanda de dólares.

Al respecto existen diversas alternativas.

El citado centro de estudios ALEM – CIFO propone la nacionalización del sector importador, de modo que las divisas de la renta petrolera no salgan del control estatal. Esto permitiría que las divisas a precio preferente se aplicasen efectivamente a la importación de bienes para la población, con incremento notable del volumen de bienes importado por cada dólar. Sin embargo esta propuesta tiene al menos un grave inconveniente: el presidente Maduro y su gobierno son cada vez más reticentes a adoptar medidas socializantes como las de su predecesor; las nacionalizaciones como las llevadas a cabo por Hugo Chávez parecen no formar parte de su agenda política.

A partir de ese escenario cabe barajar varias opciones.
El gobierno venezolano no puede renunciar a mejorar los controles administrativos sobre las empresas que acceden a dólares preferenciales. Mientras sea posible eludir tales controles, la existencia del tipo de cambio preferencial será fuente no solo de escasez, sino de apropiación fraudulenta de la renta petrolera y fuente de alimentación de la especulación contra el bolívar. Sin embargo, la lucha contra el fraude y el contrabando no suelen rendir frutos en el corto plazo porque en muchas ocasiones esas prácticas están fuertemente arraigadas e incluso cuentan con la comprensión de ciertos sectores de la población (cuando no la connivencia de algunos gobernantes).

En mi opinión el gobierno del presidente Maduro dispone de algunas herramientas eficaces en el corto plazo que no son incompatibles con otras medidas de mayor calado, que eventualmente pudiera acometer en el medio y largo plazo (diversificación, industrial, reforma fiscal, etc).

Tanto la política cambiaria como la política monetaria deberían contribuir a reducir el componente especulativo de la demanda de dólares. Hay que tener muy en cuenta que los procesos especulativos se retroalimentan: las rentas obtenidas de operar fraudulentamente con el bolívar a tipo preferente no son sólo un incentivo para especular sino que generan rentas que a su vez, sirven para ampliar la demanda de nuevos dólares a tipo preferencial.

Urge cortar la retroalimentación de los procesos especulativos y para ello hay varias medidas perfectamente compatibles entre sí.

Un primera opción consiste en devaluar el bolívar preferente. De esa manera se reduce  tanto el incentivo para el fraude (que no es otra cosa que la brecha entre el tipo preferente y el tipo del mercado marginal/paralelo); como la masa de bolívares baratos a disposición de los especuladores. Téngase en cuenta que cada vez que un defraudador gasta 6´3 bolívares en comprar un dólar lo revende por unos 170, con lo que dispone de otros 163´7 bolívares fresquitos para ampliar la jugada especulativa. Recortando la renta de los especuladores limitamos su capacidad de seguir apostando contra el bolívar.

No se trata de devaluar el bolívar para que el tipo de cambio preferencial converja hacia el que rige en el mercado negro sino todo lo contrario: lograr que la contracción del tipo de cambio paralelo sea más intensa que la devaluación del preferencial.

Es cierto que las devaluaciones tienen muy mala presa en América Latina porque históricamente han devenido en inflación o hiperinflación. Pero este no es el caso: tanto la escasez como la elevada inflación venezolanas son expresión de la inflación reprimida en el ámbito cambiario. No es el tipo de cambio preferencial sino el marginal el determinante del precio los bienes de consumo y en la medida en que se logre cierto control sobre este último se progresará en la lucha contra la escasez y la inflación.

La segunda opción es endurecer la política monetaria. Actualmente los tipos de interés activos del Banco Central de Venezuela son muy inferiores a la inflación observada y esperada (tipos a 19´27% frente a una inflación de 68´5%). Esa enorme brecha permite que solicitar créditos en bolívares para especular sea muy rentable, incluso sin tocar un dólar. Grosso modo, si se solicitan 100 bolívares al banco y se gasta en bienes de consumo; al cabo del año se revende la mercancía por 168 bolívares y se devuelve al banco 120. El especulador ha ganado 48 bolívares en la operación. Si además el dinero obtenido a crédito se destina a comprar fraudulentamente bolívares a tipo preferencial, la ganancia es infinitamente mayor. La única solución pasa por elevar sustancialmente el tasa de interés activa del Banco Central de Venezuela y que esta sea a su vez repercutida entre su clientela. En síntesis: hay que evitar que el sector bancario financie directa o indirectamente la adquisición fraudulenta de bolívares preferenciales o la acumulación especulativa de bienes de consumo.

La necesidad de retirar dinero de manos de los especuladores no es tarea menor. Actualmente la oferta monetaria en bolívares (M2) crece a un ritmo interanual del 62´9%. Meses y meses de crecimiento desbocado hacen que actualmente, al tipo de cambio de 6´3 bolívares/dólar, y con unas reservas internacionales de 22.238$ (noviembre) la demanda potencial de dólares sea 13 veces superior a su oferta (en 2010 esa proporción era de sólo 2 a 1). Esto constituye una presión inaguantable sobre el tipo de cambio que el gobierno del Maduro tiene que resolver.

La tercera gran baza del gobierno bolivariano es la política tributaria. De acuerdo con los datos de la OCDE la presión fiscal en Venezuela es muy inferior a la del conjunto de América Latina (14´2% frente a 21´3%), e incluso notablemente inferior a la de su vecina Colombia (20´1%). Hay margen para crear nuevos tributos con un diseño progresivo que sirvan para contribuir a financiar las políticas bolivarianas, penalizar las operaciones especulativas y estabilizar el escenario macroeconómico.

Existe en definitiva la urgencia de acometer el problema de la escasez, porque daña la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos y pone en riesgo la continuidad de las políticas bolivarianas que tan buenos resultados han dado en el ámbito social. Y existe la posibilidad de diseñar un menú de políticas económicas de corto y medio plazo con las que resolver satisfactoriamente esa tarea sin tener que acudir a programas de ajuste neoliberales (privatizaciones, despidos, etc). La pelota está en el tejado del gobierno venezolano.

domingo, 5 de abril de 2015

Suicidios y crisis en España

El INE ha publicado las causas de defunción en España de 2013. Una de las conclusiones es clara: la crisis está afectando y mucho a la salud de la gente. Uno de los indicadores, el número de suicidios, es alarmante: 3.870 suicidios en 2013, un 18% superior a la media histórica (línea azul del gráfico). La causas que pueden llevar al suicidio son de muy distinta naturaleza pero no creo que sea casual que en los últimos años de agudización de la crisis económica este fenómeno se haya intensificado. El neoliberalismo mata.

lunes, 30 de marzo de 2015

Los gobiernos bolivarianos y el cambio de ciclo

La nueva etapa con la caída del precio del petróleo que estamos viviendo a nivel mundial supone un grave riesgo para la continuidad de las políticas de orientación “chavista” en América Latina. El impacto de los precios del petróleo ya se está dejando notar en las respectivas balanzas de pagos y en los saldos presupuestarios (leer aquí).



sábado, 7 de marzo de 2015

Syriza: o Salónica o el euro.



La carta remitida al Eurogrupo por el ministro griego de finanzas, Sr Varoufakis, ha causado casi tanto revuelo como sus primeras apariciones públicas tras la esperanzadora victoria de Syriza. Los desplantes de primera hora a la “troika” han dado paso al inicio de una negociación en la que muchos vislumbran una temprana traición al programa electoral (el llamado “Programa de Salónica”) que les condujo a la victoria de 25 de enero.

Es muy pronto para vaticinar como van a discurrir los acontecimientos, pero es útil matizar algunas afirmaciones que se vierten en los medios de forma poco rigurosa.

En primer lugar, la carta remitida por el ministro Varoufakis el 23 de febrero al Eurogrupo (ministros de finanzas de los países que forma parte del euro), es sólo una declaración formal de inicio de negociaciones sobre el programa de estabilización (“Programa de Ajuste Económico”) firmado en mayo de 2010 y actualizado en 2012 entre la “troika” y el gobierno griego, presidido entonces por el socialdemócrata Yorgos Papandreu. De hecho, y como corresponde a este tipo de procesos, se trata de un documento escrito en términos muy generales, que emplaza a los negociadores para discutir un documento más concreto a finales de abril próximo. No es ni siquiera un esbozo de las pretensiones del gobierno de Syriza. Por esa misma razón es un texto pactado entre ambas partes (Eurogrupo + Gobierno griego), no un texto espontaneo.



Para algunas voces, el simple hecho de que el gobierno del señor Tsipras se haya prestado a negociar los términos del rescate en curso en vez de denunciarlo sin más supone de por sí una traición al “Programa de Salónica”, en el que de forma expresa reclamaba: “Cancelar la mayor parte del valor nominal de la deuda pública para que sea sostenible en el contexto de una «Conferencia europea de la deuda»… Incluir una «cláusula de crecimiento» en el pago de la parte restante de la deuda, de modo que sea financiada en base al crecimiento y no el presupuesto. Incluir un período significativo de gracia («moratoria») en el servicio de la deuda para dedicar fondos al crecimiento. Excluir la inversión pública de las restricciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Un «New Deal europeo» de inversión pública financiada por el Banco Europeo de Inversiones. Flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo con compra directa de bonos soberanos”.

El texto da “una de cal y una de arena”, guiños a la izquierda y guiños (muchos) a la derecha. Entre los primeros, el acento en la lucha contra el fraude fiscal como fuente principal de ajuste presupuestario frente a los tradicionales recortes de gasto público; la renuncia a nuevas privatizaciones o la implementación de un plan contra la crisis humanitaria que sufren los griegos (subsidios para electricidad, alimentos, etc). Entre los segundos, la renuncia a la creación de empleo público, el respeto a los procesos de privatización ya culminados o en curso, la posibilidad de una subida encubierta del IVA y, en definitiva, la garantía de que ninguna medida (incluyendo la lucha contra la crisis humanitaria) afectará a los objetivos de déficit público negociados con la “troika”.

La carta es en realidad un formalismo y no hay evidencias que nos permitan asegurar que Syriza ha renunciado ya a su programa original: las partes se han dado un tiempo y desconocemos si en estos momentos, entre bambalinas, afilan cuchillos para un “enganchón” digno de gatos en celo o si, por el contrario, tejen armoniosa y silenciosamente un encaje de bollillos neoliberal al gusto del BCE.

Lo que sí es evidente es que esta carta y el “Programa de Salónica” son absolutamente incompatibles  por dos razones: a) por su coste, 11.000 millones de euros (alrededor del 6% del PIB griego), que supondría una severa desviación de la senda de ajuste de déficit público impuesta por la “troika” y b) porque el “Programa de Salónica” implica la paralización del programa de reformas impuesto a Grecia en la negociación del rescate.

En mi opinión, o bien el gobierno griego se pliega a las exigencias de la “troika” y renuncia al “Programa de Salónica” (cosa que personalmente no deseo) o bien entra en conflicto abierto con ella para dar cumplimiento al programa electoral con el que consiguió el apoyo mayoritario de la población helena.

Seamos sinceros: mientras Grecia permanezca en el euro, desobedecer a la “troika” supone el riesgo de ser castigado con un corte en el suministro de liquidez al sector público y sector financiero. El gobierno griego necesita dinero fresco por importe de 31.100 millones de euros para cubrir el déficit público y refinanciar la deuda que vence en 2015; la banca griega debe más de 56.000 millones de euros al BCE. Mantenerse en el euro es aceptar que el mango de la sartén sigua en manos de la “troika”: cualquier desviación de la senda neoliberal marcada por la “troika” puede desembocar en una crisis de iliquidez de consecuencias catastróficas en la que ningún gobierno democrático está dispuesto a incurrir. El precio de ese irracional “culto al euro” es ya evidente: más desempleo, más pobreza y más desesperanza para el pueblo griego.

El gobierno de Syriza debería contemplar una salida ordenada del euro como una oportunidad. Incluso los economistas no dogmáticos de la derecha europea lo entienden así.

Salir del euro supone recuperar la soberanía monetaria lo cual no es un asunto de nacionalismo nostálgico: supone la posibilidad de reactivar el crédito y poner a funcionar la economía griega. Son ya 51 meses consecutivos de contracción nominal del crédito (desde octubre de 2010) y ninguna economía capitalista puede crecer sin crecimiento crediticio. Disponer de moneda propia supone la posibilidad de impulsar el crédito, el crecimiento y el empleo.

Si además esa salida del euro va acompañada de una devaluación, ello permitiría recuperar la competitividad perdida frente a sus principales socios comerciales. Actualmente la balanza comercial griega es deficitaria por importe superior a 20.000 millones de euros y el drenaje de recursos que se produce por esa vía supera, con mucho, el ahorro de divisas que ha logrado el país ajustando su déficit público: de hecho es 10 veces superior al déficit público previsto para 2015. ¿De qué sirven recortar servicios públicos si las divisas se fugan por una balanza comercial deficitaria ocasionada por la falta de competitividad? Con una devaluación se restauraría parte de la competitividad perdida desde la incorporación de Grecia al euro (un 11´1% frente a sus socios de la Eurozona), cosa que no se ha logrado con las medidas de austeridad y liberalización salvaje promovidas por la “troika”. Por supuesto, la salida del euro debe ir de la mano de una decidida lucha contra el fraude fiscal, de modo que ese mayor crecimiento económico revierta en una mejora de las finanzas públicas.

Ciertamente el abandono del euro podría provocar algunas turbulencias financieras pero la Historia demuestra que con los controles de capital adecuados estas son transitorias y con un impacto limitado sobre el PIB: Grecia no es el primer caso (ni sería el último) de un país que abandona un tipo de cambio fijo o devalúa su moneda. La restauración del crecimiento no solo permitiría reducir ostensiblemente las actuales tasas de desempleo y pobreza (26´6% y 35´7% respectivamente), dando así cumplimiento a un programa electoral que ha concitado la esperanza mayoritaria de la población helena, sino que incluso favorecería un rediseño más racional de la nueva Eurozona, integrada por aquellos países con una evolución más pareja en materia de productividad.

viernes, 20 de febrero de 2015

La Privatización de las Cajas de Ahorros Españolas

Las cajas de ahorros han sido las víctimas silenciosas de las drásticas reformas financieras acometidas desde 2009 como parte de la estrategia de los gobiernos españoles frente a la crisis. Los datos son harto elocuentes: si en 2008 el sector de cajas de ahorros estaba integrado por cuarenta y seis entidades, actualmente sólo quedan cinco. (pinchar aquí).


miércoles, 21 de enero de 2015

La auditoría de la deuda y el futuro del euro


La idea que defiendo en estas líneas es bien sencilla de formular: resulta un contrasentido aspirar a reestructurar la deuda pública y, simultáneamente, mantenerse aferrado al euro. Abandonar planificadamente la moneda única es una medida menos conflictiva pero más eficaz para la recuperación de nuestra economía que suspender el pago de la deuda externa. Por eso no es políticamente creíble propugnar la permanencia de España en el euro por miedo a la reacción de los mercados mientras se desprecia la respuesta, a todas luces más violenta, que una reestructuración unilateral de la deuda pública conllevaría. Tan absurdo, salvando las distancias, como temer las consecuencias del contagio de una gripe y no a las del ébola.

La extraordinaria duración e intensidad de la actual crisis en España contrasta con la exitosa experiencia de países gobernados por la izquierda transformadora en América Latina, particularmente en lo que a gestión de la deuda se refiere. Esto ha propiciado la irrupción del debate sobre qué hacer con nuestra exorbitante deuda pública, debate en el que son continuas las referencias a la experiencia latinoamericana (y muy especialmente a Ecuador). Ciertamente el problema de la deuda es susceptible de muchos enfoques no excluyentes entre sí, pero me gustaría centrarme en el plano económico, más que en el aspecto político o ético.



Sabemos que la deuda es una losa que lastra nuestra recuperación económica y obliga a los ciudadanos a trabajar a cambio de salarios reales miserables, más miserables aún una vez descontados los impuestos a los que hay que hacer frente pasa satisfacer las demandas de la “troika”.

Frente a ello se manejan varias alternativas. La primera de ellas es la realización de una “auditoría sobre la legitimidad de la deuda”. Recordemos que una auditoría de esa naturaleza es ante todo un “proceso político”, un proceso de “toma de conciencia popular”, una especie de revisión histórica de lo que se ha hecho mal, en el que la labor del economista es más de soporte técnico que protagonista. Además, se pretende que el efecto de la auditoría no sea testimonial: se trata de identificar qué deudas es ilegítimo pagar y… efectivamente… no pagarlas. Salvo que estemos hablando de “auditoría de deuda” en un sentido banal, como mero ejercicio de erudición o como aquelarre festivo, la auditoría es un proceso que necesariamente desemboca en una fase de “conflicto con los acreedores”.

También es frecuente recurrir al concepto “reestructuración de la deuda”. La reestructuración es en principio un proceso negociado, una alternativa al conflicto con los acreedores, en la que la deuda se paga… pero en condiciones que garanticen la viabilidad de la economía deudora (por ejemplo modificando los plazos, carencias o tipos de interés). Obviamente se puede negociar una quita, y no sería la primera vez que los acreedores lo aceptan. Pero lo único que se hace es convalidar las deudas heredadas del pasado: darlas por buenas independientemente de su origen. Esta noción de restructuración, dominante en el mundo financiero, choca diametralmente con el concepto de “auditoría de legitimidad”. Cosa distinta sería reestructurar “unilateralmente” la deuda, sin negociación con los acreedores: en ese caso estaríamos en una situación análoga a la del impago.

Al no disponer de una moneda propia, cualquier intento de hacer efectivos los resultados de una verdadera “auditoría de deuda”, cualquier intento de actuación unilateral del deudor (impago total o parcial, reestructuración…) podría traer como consecuencia no ya una reacción de los mercados (eso por descontado), sino simple y llanamente el corte de suministro de dinero por parte del banco emisor. Recordemos que la banca española debe actualmente 150.994 millones de euros al BCE: si en respuesta a la legítima auto – reestructuración de la deuda el BCE opta por no refinanciar esos saldos, nuestra economía se vería colapsada en cuestión de días. Simple y llanamente por falta de circulante con el que operar. La conclusión es que necesitamos una moneda y si el BCE, en represalia política, no está dispuesto a facilitárnosla no tendremos más opción que procurárnosla nosotros mismos como históricamente han hecho todos los países soberanos.

Conviene advertir que es muy diferente “salir programadamente” del euro que ser “expulsado abruptamente” del club.

Con una salida programada del euro, en la que se diseñasen mecanismos de respuesta a eventuales turbulencias transitorias (controles de capitales, etc), recuperaríamos la autonomía monetaria lo cual nos permitiría practicar políticas económicas expansivas y selectivas: hoy el acceso al crédito es tremendamente fácil si lo que se pretende es especular en alguno de los innumerables mercados abiertos a nivel mundial, y casi imposible para instalar una fábrica y crear empleo. Y mucho más fácil para las grandes corporaciones que para la pequeña empresa. Adicionalmente podríamos devaluar la nueva moneda frente a nuestros competidores, que falta nos hace porque una de las consecuencias del carácter rentista y especulador del empresariado español es la pérdida sistemática de competitividad exterior por falta de inversión – financiación de actividades I+D+i; y en el corto plazo ese desequilibrio sólo puede corregirse (desgraciadamente) mediante una devaluación.

Obviamente el tipo de cambio de la nueva moneda, como sucede siempre,  dependería en parte de los mercados financieros, en parte del comportamiento de nuestros agregados macroeconómicos y en parte de la política cambiaria de nuestro propio banco central. Es más, podríamos establecer un régimen cambiario que vinculase nuestra nueva moneda al euro pero de manera flexible para corregir la evolución de nuestra productividad.

Curiosamente un abandono programado del euro permitiría que todos los acreedores cobrasen: pero en nuestra moneda, o en dólares… como ha sucedido tradicionalmente. Y de hecho el impacto positivo sobre el PIB haría disminuir la ratio deuda/PIB y relajaría las previsibles tensiones financieras iniciales. Recuperando el crecimiento económico desaparecería el pernicioso “efecto snowball”, por cual del cual nuestra deuda externa crece inercialmente. Es, desde luego, una opción menos conflictiva que el impago total o parcial de la deuda declarada unilateralmente “ilegítima”.

Se habla mucho de la exitosa experiencia ecuatoriana: una experiencia que difícilmente podríamos reproducir en España. En mayo de 2009, después de un intenso y ejemplar proceso de auditoría sobre la legitimidad de la deuda que el presidente Rafael Correa encomendó al CAIC (Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público), se declaró la mora en el pago de los intereses de la deuda denominada Bonos Global 2012 y 2030, rescatando un nominal de 3.241 millones de dólares por el 35´5% de su valor, con lo que la deuda externa se redujo en un tercio, del 18´6% al 14´2% del PIB y se produjo un importante ahorro para las arcas públicas.

La operación no fue inocua en términos macroeconómicos (el PIB cayó del 6´4% de 2008 a un exiguo 0´6% en 2009, y las reservas externas pasaron de 4.473 millones de dólares a poco más de 2.675 millones), pero el Gobierno de Rafael Correa supo enfrentarlos implementando medidas del siguiente tenor: en materia arancelaria se crearon/aumentaron aranceles en 627 subpartidas arancelarias (algo ilegal entre países miembros de la Unión Europea); ante la fuga de inversores las emisiones de deuda pública ecuatoriana fueron sustituidas por préstamos bilaterales de los que China es principal contraparte, poseyendo actualmente deuda ecuatoriana por valor de 4.695 millones de dólares, equivalente al 28% de su deuda externa (y garantizada íntegramente con petróleo ecuatoriano). ¿Qué país jugaría para España ese rol de asistente financiero que China desempeña con Ecuador? Además, Ecuador tiene su propia moneda, aunque vinculada al dólar estadounidense desde la reforma monetaria de marzo de 2000, lo que le permitió cierto grado de autonomía para practicar una política monetaria que compensase los posibles efectos contractivos de la fuga de capitales: nuestra permanencia en el euro hace inviable una respuesta monetaria de ese tenor. Por último, pero no menos importante, es justo resaltar que a partir de 2009 el precio del petróleo, principal exportación ecuatoriana, comenzó una senda alcista que duró hasta junio de 2014: si las exportaciones petroleras ecuatorianas fueron de 6.284 millones de dólares en 2009, en 2013 se batía el record de 13.412 millones. Los ingentes recursos tributarios asociados al petróleo evitaron que el Gobierno ecuatoriano tuviera que acudir de forma sistemática y precaria a unos mercados internacionales “escaldados” con la quita de 2009.

En resumen, la cuestión de fondo es ésta: ¿qué grado de conflicto estamos dispuestos a asumir para salir ya de la crisis? Desde luego una salida programada del euro resulta menos conflictivo que el impago o la reestructuración unilateral de la deuda.

martes, 6 de enero de 2015

La izquierda latinoamericana sin petróleo



La nueva etapa de petróleo “barato” que estamos viviendo a nivel mundial supone un grave riesgo para la continuidad de las políticas de orientación “chavista” en América Latina: así de sencillo, así de triste y así de grave.

La gran obra de los gobiernos de inspiración chavista ha consistido en poner por vez primera en la historia de Latinoamérica los recursos naturales de los países respectivos al servicio de sus ciudadanos. Obviamente ni era ni es justo esperar que en tan pocos años de gestión estos gobiernos recuperasen todo el tiempo perdido bajo el mandato de las oligarquías poscoloniales: recordemos que el chavismo gobierna Venezuela desde 1999; Evo Morales preside Bolivia desde 2006 y Rafael Correa es presidente de Ecuador desde 2007. Poco tiempo cuando se trata de corregir desequilibrios históricos.

Tanto en términos de prosperidad como en términos de desarrollo, lo logrado hasta el momento es bastante satisfactorio y merece ser calificado como proeza: según la evolución del Índice de Desarrollo Humano (elaborado anualmente por Naciones Unidas), estos países han experimentado avances socioeconómicos muy importantes; de hecho mientras ese indicador ha crecido un 2´9% en España en el periodo 2005 – 2013, estos países lo han hecho a un ritmo muy superior (véase Cuadro 1). Un botón de muestra: en solo 10 años, la pobreza extrema (proporción de habitantes que viven con menos de 2 dólares al día) ha sido reducida a la mitad.


Evolución del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas

2005
2013
Variación

Puesto
IDH
Puesto
IDH
Bolivia
108
0,636
105
0,667
4,9%
Venezuela
70
0,716
64
0,764
6,6%
Ecuador
87
0,687
92
0,711
3,4%
España
26
0,844
26
0,869
2,9%
Fuente: elaboración propia a partir de IDH (PNUD).


Sin embargo, una de las principales deficiencias de su gestión, y que ahora cobra triste actualidad, ha sido precisamente la insuficiente diversificación de su estructura productiva: recibieron economías fuertemente dependientes de la producción de petróleo y gas natural (monocultivos energéticos) y… una década después lo siguen siendo. En el caso de Ecuador el petróleo constituye el 54´8% de sus exportaciones, en Bolivia gas natural y petróleo suponen otro 56´8% y en Venezuela la cifra se dispara hasta el 66´7%. Por esta razón buena parte del PIB de estos países y de los ingresos presupuestarios de sus respectivos gobiernos dependen de la exportación de hidrocarburos. La caída en la cotización media del petróleo (105 $/barril entre 2011 y 2013, frente a los 60$/barril actuales) supone un duro golpe macroeconómico frente al que los gobiernos tendrán que tomar medidas.

La caída del precio del petróleo afectará en primer lugar al PIB por la vía del consumo privado, al disponer ciudadanos de menores ingresos procedentes de los dividendos y salarios generados por el sector. A eso hay que sumar una segunda ronda: los menores ingresos fiscales se traducirán en desequilibrios a los que los gobiernos tendrán que responder mediante ajustes fiscales que pueden deprimir adicionalmente la demanda agregada. Paralelamente, es de esperar que este deterioro macroeconómico conlleve un endurecimiento en el acceso al crédito (tanto interno como externo) que retroalimente el ciclo recesivo. China, uno de los principales sostenes financieros de estas economías, también parece enfriarse por lo que la colocación privilegiada de la deuda soberana de estos países puede sumar nuevas dificultades.

Según las previsiones del FMI la peor parte se la llevará Venezuela, para cuyo PIB se estima una caída del -3% este año y otro -1% en 2015. En principio Ecuador y Bolivia podrían vadear la crisis puesto que se estima crecimientos del PIB del 4% y del 5% respectivamente para el año próximo, cifras exorbitantes desde la experiencia europea pero que suponen una peligrosa desaceleración si lo comparamos con el pasado inmediato. Además, hemos de tener en cuenta que estos cálculos fueron hechos por el FMI suponiendo que el precio medio del petróleo sería de 102´7 $/barril durante 2014 y 99´4 durante 2015, cuando actualmente el petróleo cotiza por debajo de los 60$/barril.

El impacto de los precios del petróleo ya se están dejando notar en las respectivas balanzas de pagos y en los saldos presupuestarios. En el caso de Ecuador las exportaciones han crecido este año a una tasa del 5´4% (un ritmo cuatro veces menor que en años anteriores) y el déficit público cerrará en un -4´2% (también cuatro veces superior al de años anteriores). En el caso de Bolivia, el mayor peso de las exportaciones de gas frente a las petroleras, ha atenuado el impacto de los nuevos precios: las exportaciones aún crecen a buen ritmo (9%) y el presupuesto cerrará el año con un pequeño déficit (-0´4% del PIB). Venezuela es, con diferencia, el caso más dramático: las  exportaciones han caído un 7´8% este año, que viene a sumarse a otra caída de -8´8% en 2013 y el déficit público cerrará en un -2´8% del PIB. Estos desequilibrios vienen a complicar aún más la hiperinflación crónica que sufre el país y que ni en los mejores años del chavismo fue capaz de controlar: el mejor dato fue el correspondiente al año 2001 (un 12´5%) y actualmente los precios crecen a un ritmo del 63´4%.

Lo que estos datos demuestran es que la sombra del ajuste presupuestario sobrevuela las economías de estos países. Ante ese escenario merece la pena defender el legado de estos años de gobierno y esperar que estos países implementen medidas alternativas a las que los organismos multilaterales nos tienen acostumbrados. El ajuste ante a caída de los precios del petróleo es sin lugar a dudas inevitable, pero no tiene necesariamente que consistir en recortes sociales ni en aumentos regresivos de la tributación. Confiemos en que el coraje que han demostrado estos años ante los embates del FMI y el Banco Mundial sirva ahora para enfocar el nuevo escenario.

martes, 30 de diciembre de 2014

Las posibilidades del petróleo barato



Estos días es noticia la brusca caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. En realidad tipos de petróleo hay muchos, y el que sirve de referencia para las economías europeas (el tipo “Brendt") ha pasado de cotizar a 145 dólares/barril en el mes de junio a 58 dólares/barril de la actualidad, lo que supone una reducción del 48%.

Dejando a un lado las circunstancias geopolíticas que nos han conducido a este escenario, lo cierto es que un petróleo significativamente más barato puede acelerar la salida de la crisis. Según las estimaciones del FMI, la economía europea crecerá este año un 0´8% y el año próximo un 1´3%. En el caso de España el crecimiento estimado es de un 1´3% este año y un 1´7% el próximo. Estos cálculos fueron hechos suponiendo que el precio medio del petróleo sería de 102´7 $/barril durante 2014 y 99´4 durante 2015. Lo cierto es que el año en curso finaliza con un precio medio de 100´28$/barril lo cual hace pensar en una revisión al alza de las estimaciones de crecimiento de nuestro PIB.



¿A cuánto ascenderá el impacto del petróleo barato en nuestra economía? Estudios del Banco de España estiman que una reducción del precio del petróleo en un 50% causaría un incremento del PIB español de un 1´1%, sin embargo, no es probable que en el corto plazo asistamos a un escenario tan favorable.

En primer lugar porque el precio relevante a efectos de la economía europea es el que se mide en euros, no en dólares. Desde junio el euro se ha depreciado un 9% en relación al dólar, por lo que la reducción efectiva del precio del barril es tan solo del 39%: si el euro continúa perdiendo valor frente a la moneda norteamericana, el abaratamiento del petróleo tendría unos efectos más exiguos sobre la economía.

En segundo lugar, es necesario que esa reducción de precio se haga efectiva para consumidores y empresas, y en toda la gama de productos derivados del petróleo: de acuerdo con las estimaciones del IPC, desde junio los precios de los carburantes y combustibles sólo han experimentado una reducción del 4´5%. Si la reducción del precio del petróleo no se traslada con más intensidad y rapidez al bolsillo de los consumidores no podrá generarse el efecto renta que ha de impulsar el consumo privado y con ello el PIB. En este sentido, la estructura oligopolística del mercado español de hidrocarburos se revela, una vez más, como un lastre para la recuperación económica.

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que los gobiernos suelen aprovechar las bajadas de la cotización del petróleo para aumentar los impuestos sobre los hidrocarburos de forma silenciosa. De hecho actualmente el precio sin impuestos de la gasolina de 95 octanos es de 0´662 €/litro, y 0´689 €/litro el gasoil. Existe el riesgo de que el gobierno del sr Rajoy aproveche la coyuntura para aumentar la imposición sobre hidrocarburos y obtener ingresos fiscales adicionales que le permitan cumplir con los objetivos de déficit público impuestos en el plan de rescate firmado el 23 de julio de 2012 con la “troika”.

Por último, pero no menos importante, debe tenerse en cuenta que un impacto sobre el PIB como el que estima el Banco de España requiere una reducción “sostenida” de la cotización del petróleo. Esto es: necesitamos varios trimestres consecutivos para que el petróleo barato se traduzca en crecimiento y creación de empleo. De hecho, según las investigaciones del Banco de España, las variaciones del precio del petróleo tardan un año en traducirse en incrementos del PIB.

En resumen: la tendencia bajista en el precio del petróleo es una buena noticia, pero lo sería aun mejor con una política gubernamental activa que sacase todo el provecho posible del nuevo escenario… seis millones de desempleados no pueden seguir esperando.

sábado, 29 de noviembre de 2014

El capitalismo mata: la austeridad y los suicidios en Grecia.

Según un artículo de investigación publicado por el doctor en Economía Nikolaos Anatonakakis, de la Universidad de Portsmouth, las políticas de austeridad son responsables directas de 500 suicidios en Grecia solo en los años 2009 y 2010. Si extendiéramos el período de investigación la cifras crecerías sustancialmente. El artículo puede encontrarse aquí: "Fiscal Austerity, Unemployment and Suicide Rates in Greece".


[Sobre las consecuencias de la política de austeridad fiscal en España puede consultarse: "Desigualdad y pobreza: deterioro de las condiciones de vida en España"].

miércoles, 29 de octubre de 2014

¡Recordad a Cantillón!

Aunque al economista Richard Cantillón (1680 – 1734) se le recuerda principalmente por las circunstancias luctuosas de su muerte (fue asesinado y su casa incendiada para ocultar el homicidio), hizo una aportación básica en la Historia del Pensamiento Económico, a saber: que el efecto de un aumento de la cantidad de dinero en la economía depende del “modo” en que este aumento tiene lugar, depende de cómo y a quién se haga llegar ese dinero adicional.

Cantillón estaba en lo cierto y la historia reciente le da la razón.



El Banco Central Europeo ha practicado una política monetaria expansiva desde septiembre de 2008 (quiebra de Lehman Brothers) con grandes inyecciones de dinero barato vía préstamos a la banca privada europea. En enero de 2013 el BCE batió el record de dinero prestado: más de 907.000 millones de euros a tipos inferiores 0´25%. En el caso de la banca española, el récord de préstamos solicitados al BCE se registró en agosto de 2012: casi 389.000 millones de euros, más de un tercio de nuestro PIB… de los que actualmente aún se deben casi 155.000 millones.

Y sin embargo esta política de dinero abundante y barato lejos contribuir a la recuperación de la economía europea, nos aboca a una tercera recesión. La razón radica en el modo elegido para su instrumentación: utilizar la banca privada como intermediario en la ejecución de la política monetaria.

Craso error: como un oso que acumula alimentos antes de hibernar a la espera de la primavera, la banca privada acumula dinero barato, pero no lo presta, a la espera de que vuelva los buenos tiempos. Pero con esa actitud sólo consigue deprimir más la economía y que sean cada vez más las familias incapaces de hacer frente a sus deudas: por eso la tasa de morosidad supera ya el 13%, y no cede pese a los anuncios de recuperación que propaga el Gobierno. La realidad es que a pesar de los ingentes recursos recibidos, el crédito a familias y empresas lleva 58 meses contrayéndose: al no prestar, la banca privada impide que la actividad económica despegue y es causante de más morosidad. Un círculo vicio que sólo pueden romper los poderes públicos con una política económica expansiva en los ámbitos fiscal y monetario.

¿Podía haberse hecho las cosas de otra manera?

Desde luego, aunque todas las alternativas chocaban con la línea de flotación del pensamiento neoliberal que domina las instituciones europeas.

En primer lugar podría haberse establecido cierta condicionalidad al dinero barato del BCE: exigir a los bancos prestatarios el cumplimiento de ciertas metas de crecimiento del crédito a familias y hogares. Y poner límites a los tipos de interés por operaciones de crédito al consumo y por la utilización de tarjetas de crédito. Además, hubiera sido muy efectivo utilizar el sistema de banca pública para canalizar el dinero a los ciudadanos. En particular hubiera sido muy útil utilizar la red capilar de oficinas de las cajas de ahorro para ese empeño. Pero España ha hecho todo lo contrario: desde los años 90 se embarcó en una irresponsable carrera por privatizar la banca pública (Caja Postal, Banco Exterior, Banco de Crédito Local, etc) y las cajas de ahorro han sido transformadas a la fuerza en bancos privados para regocijo de los grandes banqueros de siempre.

En segundo lugar, debería haberse inyectado parte de se dinero en las Administraciones Públicas a tipo de interés cero, facilitando políticas keynesianas y ahuyentando a los especuladores que se ceban con la prima de riesgo. Si hay dinero al 0% de interés para la banca privada, ¿por qué no puede haberlo para los gobiernos de España o Grecia? Antes de la crisis el 15% del déficit obedecía al pago de intereses de la deuda pública, hoy supera el 55%. La especulación nos cuesta dinero a los contribuyentes y a los usuarios de los servicios públicos: el BCE podía haberla evitado prestando a los gobiernos para que estos no hubieran tenido que acudir a unos mercados dominados por los especuladores. Además, una parte sustancial del déficit tiene carácter coyuntural o cíclico: se debe a que la economía está funcionando por debajo de sus niveles “normales”, y por tanto los ingresos fiscales también son muy inferiores a los que corresponde a un nivel de pleno empleo. Una política expansiva que reactive la economía generaría recursos tributarios suficientes para reducir de un plumazo el déficit público en 3´8 puntos del PIB. Habríamos evitado los conocidos recortes presupuestarios que no sólo han deteriorado los servicios públicos sino que han contribuido a prolongar la crisis económica al deprimir la demanda agregada.

En tercer lugar debería haberse instrumentado un plan de rescate a las familias: el elevado endeudamiento de los hogares pesa como una losa sobre el consumo y lastra la recuperación económica. Dicho endeudamiento puede reducirse con la creación de un fondo para facilitar una moratoria a las familias incapaces de hacer frente a sus monstruosas hipotecas. Habrían bastado unos 45.000 millones de euros: apenas el 12% del dinero prestado a la banca. Y también hubiera sido oportuno incorporar un plan fiscal para la quita parcial de la deuda de los hogares a costa de los balances de la banca: esas deudas nunca debieron contraerse porque son resultado de la especulación inmobiliaria que elevó artificialmente el precio de las viviendas, y no es justo ni eficiente que se paguen en su totalidad. Habríamos evitado desahucios, el menor endeudamiento habría dinamizado el consumo y, a la postre, hasta la banca se había beneficiado de esta política porque todo ese dinero habría fluido por el circuito bancario.

Pero para desgracia nuestra el dogmatismo de quienes nos gobiernan impide implementar soluciones creativas en materia de política económica.


P.D.: hoy conocemos la obra de Cantillón gracias a los esfuerzos de otro brillante economista británico, Stanley Jevons (1835 – 1882), también fallecido a la temprana edad de 47 años ahogado a causa de una indigestión en las plácidas aguas de un balneario.

[También puede interesarte: "Desigualdad y pobreza: deterioro de las condiciones de vida en España".]