miércoles, 21 de enero de 2015

La auditoría de la deuda y el futuro del euro


La idea que defiendo en estas líneas es bien sencilla de formular: resulta un contrasentido aspirar a reestructurar la deuda pública y, simultáneamente, mantenerse aferrado al euro. Abandonar planificadamente la moneda única es una medida menos conflictiva pero más eficaz para la recuperación de nuestra economía que suspender el pago de la deuda externa. Por eso no es políticamente creíble propugnar la permanencia de España en el euro por miedo a la reacción de los mercados mientras se desprecia la respuesta, a todas luces más violenta, que una reestructuración unilateral de la deuda pública conllevaría. Tan absurdo, salvando las distancias, como temer las consecuencias del contagio de una gripe y no a las del ébola.

La extraordinaria duración e intensidad de la actual crisis en España contrasta con la exitosa experiencia de países gobernados por la izquierda transformadora en América Latina, particularmente en lo que a gestión de la deuda se refiere. Esto ha propiciado la irrupción del debate sobre qué hacer con nuestra exorbitante deuda pública, debate en el que son continuas las referencias a la experiencia latinoamericana (y muy especialmente a Ecuador). Ciertamente el problema de la deuda es susceptible de muchos enfoques no excluyentes entre sí, pero me gustaría centrarme en el plano económico, más que en el aspecto político o ético.



Sabemos que la deuda es una losa que lastra nuestra recuperación económica y obliga a los ciudadanos a trabajar a cambio de salarios reales miserables, más miserables aún una vez descontados los impuestos a los que hay que hacer frente pasa satisfacer las demandas de la “troika”.

Frente a ello se manejan varias alternativas. La primera de ellas es la realización de una “auditoría sobre la legitimidad de la deuda”. Recordemos que una auditoría de esa naturaleza es ante todo un “proceso político”, un proceso de “toma de conciencia popular”, una especie de revisión histórica de lo que se ha hecho mal, en el que la labor del economista es más de soporte técnico que protagonista. Además, se pretende que el efecto de la auditoría no sea testimonial: se trata de identificar qué deudas es ilegítimo pagar y… efectivamente… no pagarlas. Salvo que estemos hablando de “auditoría de deuda” en un sentido banal, como mero ejercicio de erudición o como aquelarre festivo, la auditoría es un proceso que necesariamente desemboca en una fase de “conflicto con los acreedores”.

También es frecuente recurrir al concepto “reestructuración de la deuda”. La reestructuración es en principio un proceso negociado, una alternativa al conflicto con los acreedores, en la que la deuda se paga… pero en condiciones que garanticen la viabilidad de la economía deudora (por ejemplo modificando los plazos, carencias o tipos de interés). Obviamente se puede negociar una quita, y no sería la primera vez que los acreedores lo aceptan. Pero lo único que se hace es convalidar las deudas heredadas del pasado: darlas por buenas independientemente de su origen. Esta noción de restructuración, dominante en el mundo financiero, choca diametralmente con el concepto de “auditoría de legitimidad”. Cosa distinta sería reestructurar “unilateralmente” la deuda, sin negociación con los acreedores: en ese caso estaríamos en una situación análoga a la del impago.

Al no disponer de una moneda propia, cualquier intento de hacer efectivos los resultados de una verdadera “auditoría de deuda”, cualquier intento de actuación unilateral del deudor (impago total o parcial, reestructuración…) podría traer como consecuencia no ya una reacción de los mercados (eso por descontado), sino simple y llanamente el corte de suministro de dinero por parte del banco emisor. Recordemos que la banca española debe actualmente 150.994 millones de euros al BCE: si en respuesta a la legítima auto – reestructuración de la deuda el BCE opta por no refinanciar esos saldos, nuestra economía se vería colapsada en cuestión de días. Simple y llanamente por falta de circulante con el que operar. La conclusión es que necesitamos una moneda y si el BCE, en represalia política, no está dispuesto a facilitárnosla no tendremos más opción que procurárnosla nosotros mismos como históricamente han hecho todos los países soberanos.

Conviene advertir que es muy diferente “salir programadamente” del euro que ser “expulsado abruptamente” del club.

Con una salida programada del euro, en la que se diseñasen mecanismos de respuesta a eventuales turbulencias transitorias (controles de capitales, etc), recuperaríamos la autonomía monetaria lo cual nos permitiría practicar políticas económicas expansivas y selectivas: hoy el acceso al crédito es tremendamente fácil si lo que se pretende es especular en alguno de los innumerables mercados abiertos a nivel mundial, y casi imposible para instalar una fábrica y crear empleo. Y mucho más fácil para las grandes corporaciones que para la pequeña empresa. Adicionalmente podríamos devaluar la nueva moneda frente a nuestros competidores, que falta nos hace porque una de las consecuencias del carácter rentista y especulador del empresariado español es la pérdida sistemática de competitividad exterior por falta de inversión – financiación de actividades I+D+i; y en el corto plazo ese desequilibrio sólo puede corregirse (desgraciadamente) mediante una devaluación.

Obviamente el tipo de cambio de la nueva moneda, como sucede siempre,  dependería en parte de los mercados financieros, en parte del comportamiento de nuestros agregados macroeconómicos y en parte de la política cambiaria de nuestro propio banco central. Es más, podríamos establecer un régimen cambiario que vinculase nuestra nueva moneda al euro pero de manera flexible para corregir la evolución de nuestra productividad.

Curiosamente un abandono programado del euro permitiría que todos los acreedores cobrasen: pero en nuestra moneda, o en dólares… como ha sucedido tradicionalmente. Y de hecho el impacto positivo sobre el PIB haría disminuir la ratio deuda/PIB y relajaría las previsibles tensiones financieras iniciales. Recuperando el crecimiento económico desaparecería el pernicioso “efecto snowball”, por cual del cual nuestra deuda externa crece inercialmente. Es, desde luego, una opción menos conflictiva que el impago total o parcial de la deuda declarada unilateralmente “ilegítima”.

Se habla mucho de la exitosa experiencia ecuatoriana: una experiencia que difícilmente podríamos reproducir en España. En mayo de 2009, después de un intenso y ejemplar proceso de auditoría sobre la legitimidad de la deuda que el presidente Rafael Correa encomendó al CAIC (Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público), se declaró la mora en el pago de los intereses de la deuda denominada Bonos Global 2012 y 2030, rescatando un nominal de 3.241 millones de dólares por el 35´5% de su valor, con lo que la deuda externa se redujo en un tercio, del 18´6% al 14´2% del PIB y se produjo un importante ahorro para las arcas públicas.

La operación no fue inocua en términos macroeconómicos (el PIB cayó del 6´4% de 2008 a un exiguo 0´6% en 2009, y las reservas externas pasaron de 4.473 millones de dólares a poco más de 2.675 millones), pero el Gobierno de Rafael Correa supo enfrentarlos implementando medidas del siguiente tenor: en materia arancelaria se crearon/aumentaron aranceles en 627 subpartidas arancelarias (algo ilegal entre países miembros de la Unión Europea); ante la fuga de inversores las emisiones de deuda pública ecuatoriana fueron sustituidas por préstamos bilaterales de los que China es principal contraparte, poseyendo actualmente deuda ecuatoriana por valor de 4.695 millones de dólares, equivalente al 28% de su deuda externa (y garantizada íntegramente con petróleo ecuatoriano). ¿Qué país jugaría para España ese rol de asistente financiero que China desempeña con Ecuador? Además, Ecuador tiene su propia moneda, aunque vinculada al dólar estadounidense desde la reforma monetaria de marzo de 2000, lo que le permitió cierto grado de autonomía para practicar una política monetaria que compensase los posibles efectos contractivos de la fuga de capitales: nuestra permanencia en el euro hace inviable una respuesta monetaria de ese tenor. Por último, pero no menos importante, es justo resaltar que a partir de 2009 el precio del petróleo, principal exportación ecuatoriana, comenzó una senda alcista que duró hasta junio de 2014: si las exportaciones petroleras ecuatorianas fueron de 6.284 millones de dólares en 2009, en 2013 se batía el record de 13.412 millones. Los ingentes recursos tributarios asociados al petróleo evitaron que el Gobierno ecuatoriano tuviera que acudir de forma sistemática y precaria a unos mercados internacionales “escaldados” con la quita de 2009.

En resumen, la cuestión de fondo es ésta: ¿qué grado de conflicto estamos dispuestos a asumir para salir ya de la crisis? Desde luego una salida programada del euro resulta menos conflictivo que el impago o la reestructuración unilateral de la deuda.

martes, 6 de enero de 2015

La izquierda latinoamericana sin petróleo



La nueva etapa de petróleo “barato” que estamos viviendo a nivel mundial supone un grave riesgo para la continuidad de las políticas de orientación “chavista” en América Latina: así de sencillo, así de triste y así de grave.

La gran obra de los gobiernos de inspiración chavista ha consistido en poner por vez primera en la historia de Latinoamérica los recursos naturales de los países respectivos al servicio de sus ciudadanos. Obviamente ni era ni es justo esperar que en tan pocos años de gestión estos gobiernos recuperasen todo el tiempo perdido bajo el mandato de las oligarquías poscoloniales: recordemos que el chavismo gobierna Venezuela desde 1999; Evo Morales preside Bolivia desde 2006 y Rafael Correa es presidente de Ecuador desde 2007. Poco tiempo cuando se trata de corregir desequilibrios históricos.

Tanto en términos de prosperidad como en términos de desarrollo, lo logrado hasta el momento es bastante satisfactorio y merece ser calificado como proeza: según la evolución del Índice de Desarrollo Humano (elaborado anualmente por Naciones Unidas), estos países han experimentado avances socioeconómicos muy importantes; de hecho mientras ese indicador ha crecido un 2´9% en España en el periodo 2005 – 2013, estos países lo han hecho a un ritmo muy superior (véase Cuadro 1). Un botón de muestra: en solo 10 años, la pobreza extrema (proporción de habitantes que viven con menos de 2 dólares al día) ha sido reducida a la mitad.


Evolución del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas

2005
2013
Variación

Puesto
IDH
Puesto
IDH
Bolivia
108
0,636
105
0,667
4,9%
Venezuela
70
0,716
64
0,764
6,6%
Ecuador
87
0,687
92
0,711
3,4%
España
26
0,844
26
0,869
2,9%
Fuente: elaboración propia a partir de IDH (PNUD).


Sin embargo, una de las principales deficiencias de su gestión, y que ahora cobra triste actualidad, ha sido precisamente la insuficiente diversificación de su estructura productiva: recibieron economías fuertemente dependientes de la producción de petróleo y gas natural (monocultivos energéticos) y… una década después lo siguen siendo. En el caso de Ecuador el petróleo constituye el 54´8% de sus exportaciones, en Bolivia gas natural y petróleo suponen otro 56´8% y en Venezuela la cifra se dispara hasta el 66´7%. Por esta razón buena parte del PIB de estos países y de los ingresos presupuestarios de sus respectivos gobiernos dependen de la exportación de hidrocarburos. La caída en la cotización media del petróleo (105 $/barril entre 2011 y 2013, frente a los 60$/barril actuales) supone un duro golpe macroeconómico frente al que los gobiernos tendrán que tomar medidas.

La caída del precio del petróleo afectará en primer lugar al PIB por la vía del consumo privado, al disponer ciudadanos de menores ingresos procedentes de los dividendos y salarios generados por el sector. A eso hay que sumar una segunda ronda: los menores ingresos fiscales se traducirán en desequilibrios a los que los gobiernos tendrán que responder mediante ajustes fiscales que pueden deprimir adicionalmente la demanda agregada. Paralelamente, es de esperar que este deterioro macroeconómico conlleve un endurecimiento en el acceso al crédito (tanto interno como externo) que retroalimente el ciclo recesivo. China, uno de los principales sostenes financieros de estas economías, también parece enfriarse por lo que la colocación privilegiada de la deuda soberana de estos países puede sumar nuevas dificultades.

Según las previsiones del FMI la peor parte se la llevará Venezuela, para cuyo PIB se estima una caída del -3% este año y otro -1% en 2015. En principio Ecuador y Bolivia podrían vadear la crisis puesto que se estima crecimientos del PIB del 4% y del 5% respectivamente para el año próximo, cifras exorbitantes desde la experiencia europea pero que suponen una peligrosa desaceleración si lo comparamos con el pasado inmediato. Además, hemos de tener en cuenta que estos cálculos fueron hechos por el FMI suponiendo que el precio medio del petróleo sería de 102´7 $/barril durante 2014 y 99´4 durante 2015, cuando actualmente el petróleo cotiza por debajo de los 60$/barril.

El impacto de los precios del petróleo ya se están dejando notar en las respectivas balanzas de pagos y en los saldos presupuestarios. En el caso de Ecuador las exportaciones han crecido este año a una tasa del 5´4% (un ritmo cuatro veces menor que en años anteriores) y el déficit público cerrará en un -4´2% (también cuatro veces superior al de años anteriores). En el caso de Bolivia, el mayor peso de las exportaciones de gas frente a las petroleras, ha atenuado el impacto de los nuevos precios: las exportaciones aún crecen a buen ritmo (9%) y el presupuesto cerrará el año con un pequeño déficit (-0´4% del PIB). Venezuela es, con diferencia, el caso más dramático: las  exportaciones han caído un 7´8% este año, que viene a sumarse a otra caída de -8´8% en 2013 y el déficit público cerrará en un -2´8% del PIB. Estos desequilibrios vienen a complicar aún más la hiperinflación crónica que sufre el país y que ni en los mejores años del chavismo fue capaz de controlar: el mejor dato fue el correspondiente al año 2001 (un 12´5%) y actualmente los precios crecen a un ritmo del 63´4%.

Lo que estos datos demuestran es que la sombra del ajuste presupuestario sobrevuela las economías de estos países. Ante ese escenario merece la pena defender el legado de estos años de gobierno y esperar que estos países implementen medidas alternativas a las que los organismos multilaterales nos tienen acostumbrados. El ajuste ante a caída de los precios del petróleo es sin lugar a dudas inevitable, pero no tiene necesariamente que consistir en recortes sociales ni en aumentos regresivos de la tributación. Confiemos en que el coraje que han demostrado estos años ante los embates del FMI y el Banco Mundial sirva ahora para enfocar el nuevo escenario.

martes, 30 de diciembre de 2014

Las posibilidades del petróleo barato



Estos días es noticia la brusca caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. En realidad tipos de petróleo hay muchos, y el que sirve de referencia para las economías europeas (el tipo “Brendt") ha pasado de cotizar a 145 dólares/barril en el mes de junio a 58 dólares/barril de la actualidad, lo que supone una reducción del 48%.

Dejando a un lado las circunstancias geopolíticas que nos han conducido a este escenario, lo cierto es que un petróleo significativamente más barato puede acelerar la salida de la crisis. Según las estimaciones del FMI, la economía europea crecerá este año un 0´8% y el año próximo un 1´3%. En el caso de España el crecimiento estimado es de un 1´3% este año y un 1´7% el próximo. Estos cálculos fueron hechos suponiendo que el precio medio del petróleo sería de 102´7 $/barril durante 2014 y 99´4 durante 2015. Lo cierto es que el año en curso finaliza con un precio medio de 100´28$/barril lo cual hace pensar en una revisión al alza de las estimaciones de crecimiento de nuestro PIB.



¿A cuánto ascenderá el impacto del petróleo barato en nuestra economía? Estudios del Banco de España estiman que una reducción del precio del petróleo en un 50% causaría un incremento del PIB español de un 1´1%, sin embargo, no es probable que en el corto plazo asistamos a un escenario tan favorable.

En primer lugar porque el precio relevante a efectos de la economía europea es el que se mide en euros, no en dólares. Desde junio el euro se ha depreciado un 9% en relación al dólar, por lo que la reducción efectiva del precio del barril es tan solo del 39%: si el euro continúa perdiendo valor frente a la moneda norteamericana, el abaratamiento del petróleo tendría unos efectos más exiguos sobre la economía.

En segundo lugar, es necesario que esa reducción de precio se haga efectiva para consumidores y empresas, y en toda la gama de productos derivados del petróleo: de acuerdo con las estimaciones del IPC, desde junio los precios de los carburantes y combustibles sólo han experimentado una reducción del 4´5%. Si la reducción del precio del petróleo no se traslada con más intensidad y rapidez al bolsillo de los consumidores no podrá generarse el efecto renta que ha de impulsar el consumo privado y con ello el PIB. En este sentido, la estructura oligopolística del mercado español de hidrocarburos se revela, una vez más, como un lastre para la recuperación económica.

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que los gobiernos suelen aprovechar las bajadas de la cotización del petróleo para aumentar los impuestos sobre los hidrocarburos de forma silenciosa. De hecho actualmente el precio sin impuestos de la gasolina de 95 octanos es de 0´662 €/litro, y 0´689 €/litro el gasoil. Existe el riesgo de que el gobierno del sr Rajoy aproveche la coyuntura para aumentar la imposición sobre hidrocarburos y obtener ingresos fiscales adicionales que le permitan cumplir con los objetivos de déficit público impuestos en el plan de rescate firmado el 23 de julio de 2012 con la “troika”.

Por último, pero no menos importante, debe tenerse en cuenta que un impacto sobre el PIB como el que estima el Banco de España requiere una reducción “sostenida” de la cotización del petróleo. Esto es: necesitamos varios trimestres consecutivos para que el petróleo barato se traduzca en crecimiento y creación de empleo. De hecho, según las investigaciones del Banco de España, las variaciones del precio del petróleo tardan un año en traducirse en incrementos del PIB.

En resumen: la tendencia bajista en el precio del petróleo es una buena noticia, pero lo sería aun mejor con una política gubernamental activa que sacase todo el provecho posible del nuevo escenario… seis millones de desempleados no pueden seguir esperando.

sábado, 29 de noviembre de 2014

El capitalismo mata: la austeridad y los suicidios en Grecia.

Según un artículo de investigación publicado por el doctor en Economía Nikolaos Anatonakakis, de la Universidad de Portsmouth, las políticas de austeridad son responsables directas de 500 suicidios en Grecia solo en los años 2009 y 2010. Si extendiéramos el período de investigación la cifras crecerías sustancialmente. El artículo puede encontrarse aquí: "Fiscal Austerity, Unemployment and Suicide Rates in Greece".


[Sobre las consecuencias de la política de austeridad fiscal en España puede consultarse: "Desigualdad y pobreza: deterioro de las condiciones de vida en España"].

miércoles, 29 de octubre de 2014

¡Recordad a Cantillón!

Aunque al economista Richard Cantillón (1680 – 1734) se le recuerda principalmente por las circunstancias luctuosas de su muerte (fue asesinado y su casa incendiada para ocultar el homicidio), hizo una aportación básica en la Historia del Pensamiento Económico, a saber: que el efecto de un aumento de la cantidad de dinero en la economía depende del “modo” en que este aumento tiene lugar, depende de cómo y a quién se haga llegar ese dinero adicional.

Cantillón estaba en lo cierto y la historia reciente le da la razón.



El Banco Central Europeo ha practicado una política monetaria expansiva desde septiembre de 2008 (quiebra de Lehman Brothers) con grandes inyecciones de dinero barato vía préstamos a la banca privada europea. En enero de 2013 el BCE batió el record de dinero prestado: más de 907.000 millones de euros a tipos inferiores 0´25%. En el caso de la banca española, el récord de préstamos solicitados al BCE se registró en agosto de 2012: casi 389.000 millones de euros, más de un tercio de nuestro PIB… de los que actualmente aún se deben casi 155.000 millones.

Y sin embargo esta política de dinero abundante y barato lejos contribuir a la recuperación de la economía europea, nos aboca a una tercera recesión. La razón radica en el modo elegido para su instrumentación: utilizar la banca privada como intermediario en la ejecución de la política monetaria.

Craso error: como un oso que acumula alimentos antes de hibernar a la espera de la primavera, la banca privada acumula dinero barato, pero no lo presta, a la espera de que vuelva los buenos tiempos. Pero con esa actitud sólo consigue deprimir más la economía y que sean cada vez más las familias incapaces de hacer frente a sus deudas: por eso la tasa de morosidad supera ya el 13%, y no cede pese a los anuncios de recuperación que propaga el Gobierno. La realidad es que a pesar de los ingentes recursos recibidos, el crédito a familias y empresas lleva 58 meses contrayéndose: al no prestar, la banca privada impide que la actividad económica despegue y es causante de más morosidad. Un círculo vicio que sólo pueden romper los poderes públicos con una política económica expansiva en los ámbitos fiscal y monetario.

¿Podía haberse hecho las cosas de otra manera?

Desde luego, aunque todas las alternativas chocaban con la línea de flotación del pensamiento neoliberal que domina las instituciones europeas.

En primer lugar podría haberse establecido cierta condicionalidad al dinero barato del BCE: exigir a los bancos prestatarios el cumplimiento de ciertas metas de crecimiento del crédito a familias y hogares. Y poner límites a los tipos de interés por operaciones de crédito al consumo y por la utilización de tarjetas de crédito. Además, hubiera sido muy efectivo utilizar el sistema de banca pública para canalizar el dinero a los ciudadanos. En particular hubiera sido muy útil utilizar la red capilar de oficinas de las cajas de ahorro para ese empeño. Pero España ha hecho todo lo contrario: desde los años 90 se embarcó en una irresponsable carrera por privatizar la banca pública (Caja Postal, Banco Exterior, Banco de Crédito Local, etc) y las cajas de ahorro han sido transformadas a la fuerza en bancos privados para regocijo de los grandes banqueros de siempre.

En segundo lugar, debería haberse inyectado parte de se dinero en las Administraciones Públicas a tipo de interés cero, facilitando políticas keynesianas y ahuyentando a los especuladores que se ceban con la prima de riesgo. Si hay dinero al 0% de interés para la banca privada, ¿por qué no puede haberlo para los gobiernos de España o Grecia? Antes de la crisis el 15% del déficit obedecía al pago de intereses de la deuda pública, hoy supera el 55%. La especulación nos cuesta dinero a los contribuyentes y a los usuarios de los servicios públicos: el BCE podía haberla evitado prestando a los gobiernos para que estos no hubieran tenido que acudir a unos mercados dominados por los especuladores. Además, una parte sustancial del déficit tiene carácter coyuntural o cíclico: se debe a que la economía está funcionando por debajo de sus niveles “normales”, y por tanto los ingresos fiscales también son muy inferiores a los que corresponde a un nivel de pleno empleo. Una política expansiva que reactive la economía generaría recursos tributarios suficientes para reducir de un plumazo el déficit público en 3´8 puntos del PIB. Habríamos evitado los conocidos recortes presupuestarios que no sólo han deteriorado los servicios públicos sino que han contribuido a prolongar la crisis económica al deprimir la demanda agregada.

En tercer lugar debería haberse instrumentado un plan de rescate a las familias: el elevado endeudamiento de los hogares pesa como una losa sobre el consumo y lastra la recuperación económica. Dicho endeudamiento puede reducirse con la creación de un fondo para facilitar una moratoria a las familias incapaces de hacer frente a sus monstruosas hipotecas. Habrían bastado unos 45.000 millones de euros: apenas el 12% del dinero prestado a la banca. Y también hubiera sido oportuno incorporar un plan fiscal para la quita parcial de la deuda de los hogares a costa de los balances de la banca: esas deudas nunca debieron contraerse porque son resultado de la especulación inmobiliaria que elevó artificialmente el precio de las viviendas, y no es justo ni eficiente que se paguen en su totalidad. Habríamos evitado desahucios, el menor endeudamiento habría dinamizado el consumo y, a la postre, hasta la banca se había beneficiado de esta política porque todo ese dinero habría fluido por el circuito bancario.

Pero para desgracia nuestra el dogmatismo de quienes nos gobiernan impide implementar soluciones creativas en materia de política económica.


P.D.: hoy conocemos la obra de Cantillón gracias a los esfuerzos de otro brillante economista británico, Stanley Jevons (1835 – 1882), también fallecido a la temprana edad de 47 años ahogado a causa de una indigestión en las plácidas aguas de un balneario.

[También puede interesarte: "Desigualdad y pobreza: deterioro de las condiciones de vida en España".]

miércoles, 22 de octubre de 2014

El oneroso rescate de Europa



Acaban de cumplirse seis años de la quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers, aldabonazo de la crisis financiera global que aún nos acecha: se hundió el PIB europeo y el desempleo escaló hasta a niveles históricos. Además, la ralentización de la economía tuvo como consecuencia inmediata el aumento del déficit público incluso en países en los que, como España, se había gozado de superávit gracias a las mieles de la especulación inmobiliaria.

Repentinamente descubrimos que el sistema financiero era un gigante con pies de barro: la especulación de todo tipo que había florecido a la sombra de la política de dinero barato del BCE para hacer más digerible la implantación del euro, cesó. Y descubrimos que nuestros bancos, nunca inocentes, habían participado de prácticas delictivas como la comercialización masiva de “activos tóxicos” (derivados de hipotecas “subprime”, participaciones preferentes…). De la noche a la mañana el patrimonio bancario se volatilizó… pero todos debíamos mucho a unos bancos que no valían nada.

Pese a algunos tímidos ensayos keynesianos (el “Plan – E” de Zapatero) pronto se impuso la lógica neoliberal de los Tratados de la Unión Europea y los Estatutos del BCE.

Los banqueros impusieron su lógica nefasta: nada de reformar el capitalismo, nada de una Europa más social, nada de políticas keynesianas… “salvando la banca salvamos Europa”. Como la quiebra de Lehman Brothers había derivado en la paralización de los mercados financieros internacionales, el crédito había cesado y la actividad económica se había frenado. Nada en apariencia más sencillo que tratar de insuflar vida (dinero) al sistema financiero para que el crédito volviera a fluir y recuperar la prosperidad perdida. Absurdo: volver a engrasar la maquinaria especulativa de los bancos quebrados para que esos mismos bancos tradujesen el rescate bancario en crecimiento económico.

Los “planes de rescate” fueron la herramienta elegida retornar al paraíso perdido. Un “plan de rescate” es un contrato entre un país “intervenido” y sus rescatadores para concederle el crédito que ya no puede loghrar emitiendo bonos en los mercados. El rescatador, en este caso la “troika” (Comisión Europea + BCE + FMI), exige en contrapartida una serie de medidas de política económica (“condicionalidad”), amén de la devolución del crédito con sus correspondientes intereses.

Los planes de rescate europeos poco diferían de los que el FMI aplica en el Tercer Mundo… Sí: el FMI dirigido por delincuentes como Rodrigo Rato, Strauss – Kahn o Lagarde…

En primer lugar el dinero prestado ha de destinarse a salvar la banca y, el sobrante, a reprogramar la deuda pública: los acreedores antes que los ciudadanos. En segundo lugar, los gobiernos intervenidos se comprometen a reducir su déficit hasta el 3% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, recortando gasto público e incrementando los impuestos indirectos (IVA). Tales recortes no sólo debían ayudar a reducir el déficit sino, de paso, eliminar “privilegios” a la acomodada clase obrera europea, poco dada a competir por culpa del “generoso” Estado de Bienestar, garante de servicios educativos y sanitarios para todos.

Por la misma razón, los planes de rescate incluyen reformas laborales que faciliten y abaraten el despido y retrasen la jubilación. Además, los planes de rescate habrían de favorecer la concentración bancaria (menos bancos pero más poderosos), prohibiendo la indemnización a ahorradores que hubieran sido estafados con fórmulas como las “participaciones preferentes”, “cuotas participativas” o productos similares. Borrón y cuenta nueva a favor de la banca.

Contrariamente a lo que sostiene Rajoy, España sí ha sido intervenida: el plan de rescate, denominado ampulosamente “Memorándum de Entendimiento” (MoU, en inglés), se firmó con la “troika” el 20 de julio de 2012.

Estos planes han ido acompañados de jugosos fondos para la banca en condiciones muy ventajosas.

De una parte los gobiernos de la Unión Europea dieron a la banca subvenciones a fondo perdido que ascienden a más de 175.000 millones de euros. Sumemos la adquisición de pasivos emitidos por los bancos quebrados y que nunca se recuperarán: otros 198.679 millones de euros. Y para redondear la operación, los gobiernos han concedido a la banca avales y contratos de indemnización frente a posibles pérdidas por importe de otros 505.189 millones de euros. A día de hoy el dinero público movilizado por los gobiernos a favor del sistema financiero asciende a 878.910 millones de euros. 

Pero eso no es todo. Sumemos el dinero movilizado por el BCE, que ha llegado a prestar a la banca más de 900.000 millones de euros a tipos que rondan el 0% – 0´25% para devolver en cómodos plazos. Hoy la banca aún debe más de 507.000 millones y no parece que tenga prisa en devolverlos: invertirlos en deuda pública norteamericana al 3% o 4% es la estrategia que siguen, estrategia de “esperar y ver”, estrategia de “cobrar pero no prestar”, que está retardando sine die la recuperación europea.

Y mientras tanto se niega el pan y la sal a los gobiernos nacionales para financiar políticas expansivas creadoras de empleo o políticas sociales que compensen los dramáticos efectos de la crisis. No es posible implementar políticas de este tipo (keynesianas) si no hay dinero abundante y barato. Al BCE le correspondía haber jugado ese papel, pero los redactores de sus estatutos se encargaron de prohibir expresamente que el BCE comprase deuda pública en el “mercado primario”. Prestando al 0% – 0´25%, podría haber evitado que los gobiernos tuviesen que enfrentarse a “primas de riesgo” abusivas y exorbitantes que consumían los menguantes presupuestos públicos y sólo beneficiaban a los especuladores.

El balance de los programas de ajuste no puede ser más decepcionante. En el cuadro adjunto resumimos la evolución de los países intervenidos.

Llama la atención la enorme “brecha de renta”, esto es, la diferencia entre la renta per cápita actual y la que disfrutaban los ciudadanos justo antes de la crisis. Esa brecha mide lo que a un país le falta por recorrer para restablecer los niveles de bienestar previos a la crisis, y va desde los -5´6 puntos de PIB de Portugal hasta los -23´2 de Grecia. Tampoco existe garantía de que esos niveles se vayan a recuperar: las políticas de austeridad contraen el PIB y puede que la brecha de renta se agrande, máxime cuando todo apunta  que Europa se encamina a una tercera recesión.

También se aprecia cómo los programas de ajuste han enquistado el desempleo en niveles récord (26% en Grecia, 25´5% en España, 19% en Chipre…) lo cual ha empobrecido dramáticamente a amplias capas de la población. La pobreza, que ayer se consideraba propia de países tercermundistas, afecta hoy a más del 25% – 30% de la población en los países intervenidos.



Principales indicadores socio – económicos de los países intervenidos

Brecha de renta
Paro
Pobreza
Deuda pública
Incremento deuda
Irlanda
-11,6
11,4
30,0
121,0
96,1
Grecia
-23,2
26,0
34,6
177,2
69,9
España
-8,3
25,5
28,2
100,2
63,9
Chipre
-15,5
19,2
27,8
122,2
63,4
Portugal
-5,6
15,4
25,3
126,7
58,3
Fuente: Comisión Europea y Eurostat.


Y aun si mañana mismo se iniciase la recuperación, el coste del rescate y de las políticas de austeridad lastrarán durante años nuestra prosperidad ya que tales políticas han incrementado sustancialmente el endeudamiento de los países intervenidos, en todos los cuales supera hoy el 100% del PIB. A esos niveles exorbitantes se ha llegado como se indica en el cuadro por el incremento de deuda operado desde 2007: la devolución de esos créditos y el pago de los intereses correspondientes pesarán sobre los presupuestos públicos en las próximas décadas, impidiendo la financiación de políticas sociales.

Curiosamente en países que como Islandia han diseñado una política económica heterodoxa, renunciando a las políticas de austeridad, enfrentándose a los mercados financieros y encarcelando banqueros, la brecha de renta es de sólo 0´5 puntos del PIB y su desempleo apenas lega al 5´1%. 

[ Y hablando de cajas de ahorros... " Estafa E Ingeniería Financiera: El Caso De La Caja De Ahorros Del Mediterráneo"]

domingo, 21 de septiembre de 2014

Los parados en España... cada vez más pobres.

Los últimos datos del ministerio de Trabajo no dejan lugar a dudas: los parados son cada vez más pobres. En julio los parados cobraron de media 815€, un 17% menos que cuando se inició la crisis (2009). Además, actualmente sólo 45 de cada 100 parados cobra algo del INEM frente al 65% de 2009. Cada vez son menos los que cobran, y estos cobran cada vez menos. Grave perspectiva ya que nos asomamos a una tercera recesión. Urgen políticas de creación de empleo.



viernes, 19 de septiembre de 2014

Entrevista en "La Buena Tarde"

Los amigos de la Radio Pública de Asturias me invitaron a participar en el programa "La Buena Tarde", el miércoles 17 de septiembre para hablar de la situación económica.


sábado, 6 de septiembre de 2014

Islandia: la alternativa viable.



Islandia, un pequeño país de tan solo 320.000 habitantes y extensión territorial equivalente a la quinta parte de España, ha dado una muestra ejemplar de coraje y civismo en la forma de enfrentar la grave crisis financiera en la que estaba inmersa por culpa de la especulación. Y viene demostrando desde 2010, que es posible hacerlo minimizando el impacto social de las políticas económicas.


Al igual que otras economías europeas, Islandia experimentó importantes tasas de crecimiento económico entre 2004 y 2008, al unir a su negocio tradicional (la exportación de recursos pesqueros), una frenética actividad especulativa. A partir de 2004 la banca islandesa registró un intenso crecimiento meramente especulativo, basado en la captación de ahorros de los ciudadanos y la emisión masiva de bonos. Tres bancos privados (Glitnir, Lansdbanki y Kaupthing) obtuvieron ingentes recursos en los mercados internacionales mediante depósitos de dudosa transparencia no garantizados por las autoridades del país.



Pero esta estrategia de casino no tardó en fracasar: el colapso financiero mundial que se produjo con la crisis de las hipotecas “subprime” (agosto de 2007) y la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de 2008) trajo consigo la quiebra de la banca privada islandesa y en 2008 los activos en que se había invertido el dinero ya no valían nada. El Gobierno de coalición (conservadores + socialdemócratas) optó por nacionalizar los tres bancos y restringir la retirada de fondos. Pero ya era tarde: en un alarde de perspicacia financiera, y adivinando la que se les venía encima, los espabilados banqueros habían vaciado lo poco que quedaba en la caja días antes de ser intervenidos: igualito que en Argentina justo antes del “corralito”.





La reacción de los especuladores institucionales, y también la de miles de ingenuos ahorradores entusiasmados con la magia de la burbuja financiera, no se hizo esperar: exigieron ser indemnizados… y se lo exigieron al Gobierno islandés, no a los banqueros saqueadores, a pesar de que los activos emitidos por esos bancos carecían del respaldo del Gobierno de Islandia, al no tratarse de depósitos tradicionales. El Gobierno Británico, liderado entonces por el laborista Gordon Brown, llegó incluso a hacer uso de la legislación antiterrorista para congelar activos islandeses depositados en instituciones británicas y garantizarse el cobro de las indemnizaciones millonarias.



En enero de 2009, las movilizaciones ciudadanas provocaron la dimisión del primer ministro islandés (el conservador Geir Haarde) y la convocatoria de elecciones anticipadas, ganadas por una coalición de centro – izquierda. Ante la imposibilidad de devolver el dinero con los fondos encontrados en las cajas de los bancos, el nuevo Gobierno islandés, plegándose a las presiones de los especuladores, planteó indemnizarles con cargo al presupuesto del país, endeudándose en 3.500 millones de euros. En apoyo a tal propuesta, los poderes fácticos enarbolaron un discurso de sobra conocido en España: plegarse a las exigencias de los mercados financieros es el mejor camino para restaurar la confianza de los mercados.



El escándalo político fue mayúsculo porque cada ciudadano islandés tendría que contribuir con unos 11.000 € a pagar la gestión delictiva de tres bancos privados. Además, se solicitaría un préstamo adicional de 2.100 millones de dólares al FMI con el consiguiente programa de ajuste neoliberal.



La aprobación de dicha Ley de indemnización provocó una nueva oleada de protestas y en enero de 2010 el presidente del país, el ex – comunista Ólafur Ragnar Grímsson, se negó a ratificarla convocando un referéndum para que la ciudadanía se pronunciase al respecto. En dicho referéndum, celebrado el 6 de marzo de 2010, el 93% de los votantes dijo “NO” al plan gubernamental: los ciudadanos islandeses no resarcirían a los  especuladores británicos y holandeses por la mala gestión de los banqueros. Es más: se inició un proceso judicial contra los gestores de los bancos citados en los que incluía a 160 imputados. Asimismo se procedió a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución del país. Bajo el liderazgo del presidente Grímsson, la política económica de Islandia daba un esperanzador giro hacia la heterodoxia.



Por aquel entonces España vivía una situación similar: el prolongado proceso especulativo que había experimentado el sector de la vivienda entre los años 1999 y 2007, conocido como “boom del ladrillo”, eclosionó víctima de sus propios desequilibrios internos y de la confluencia de la crisis de las “hipotecas subprime” que había envenenado los mercados financieros internacionales.



Inicialmente el gobierno de España optó por una política tibiamente keynesiana conocida como “Plan E”: un programa de obras públicas en todo el país que pretendía absorber la mano de obra excedente del sector Construcción y expandir la demanda agregada. Pero el plan fracasó entre otras razones, por la falta de respaldo de las instituciones europeas y, muy especialmente, del Banco Central Europeo (BCE): sin dinero barato no es posible implementar políticas expansivas y los creadores del BCE, instigados por los financieros alemanes, se encargaron de cerrar esa opción al redactar sus estatutos. La adquisición de deuda pública en el mercado primario quedaba expresamente prohibida y la compra en los mercados secundarios quedaba a discreción del Consejo de Gobierno del BCE, un organismo plagado de fundamentalistas neoliberales ligados profesionalmente a la banca privada.



A partir de 2010 la crisis se recrudece con el escándalo de la falsa Contabilidad Nacional griega. Y es ahí donde España e Islandia divergen definitivamente en el diseño de sus respectivas políticas económicas.



España abandona el tímido keynesianismo del “Plan – E” y su política económica se hace cada vez más ortodoxa en un intento de lograr la anuencia de los mercados financieros: se incrementó el IVA, se redujeron los salarios de los empleados públicos y se recortó el gasto público con el ánimo de contener un creciente déficit público cada vez más difícil y costoso de financiar. Pero cuanto más contractiva era la política fiscal más caía el PIB y mayor era el déficit público debido a los menguantes ingresos tributarios.



La política fiscal contractiva no fue la única respuesta neoliberal frente a la crisis. El Gobierno del Sr Zapatero hizo suyos los postulados más conservadores al considerar que la falta de flexibilidad del mercado de trabajo era un hándicap para la recuperación económica. Se reformó el Estatuto de los Trabajadores, abaratando y facilitando el despido; se reformó la Ley General de Seguridad Social, retrasando la edad de jubilación de 65 a 67 años y reduciendo en una media de un 15% el importe de las futuras pensiones.



Pero quizá la medida más degradante para el conjunto del país fue la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE a instancias del BCE: lejos de atender a los guiños del Gobierno español, los mercados financieros y particularmente su mayor adalid, el BCE, amenazaban con abandonar a su suerte a la economía española salvo que mediante una reforma constitucional y sin respaldo popular (no hubo referéndum), se salvaguardasen los intereses de los tenedores de deuda pública española.



Con la llegada al poder del Sr Rajoy en 2011 se endurecen las mismas políticas implementadas por el presidente Zapatero y se despliega un amplio programa de rescate bancario. Nuevo guiño a los mercados: salvando a los bancos hundidos por sus prácticas especulativas se esperaba recuperar la confianza de los mercados financieros y estabilizar la economía.



En junio de 2012, se firma por el Gobierno español y la “troika” (Comisión Europea + BCE + FMI) un plan de rescate bautizado con el ampuloso nombre de “Memorándum de Entendimiento” (MoU), en virtud del cual se otorga una línea de crédito de 100.000 millones de euros a España pero con condiciones políticas muy precisas y onerosas: la principal, que el dinero será empleado para rescatar bancos y que los clientes víctimas de estafas como las “participaciones preferentes” no recuperarían ni un céntimo. Como cualquier otro plan de ajuste, el dinero iba acompañado de una serie de medidas de política económica: incremento del IVA, una nueva reforma laboral, un programa de reducción del déficit público… Por supuesto, ningún banquero fue procesado. De hecho algunos fueron premiados: Luis de Guindos, miembro del consejo de administración de uno de los bancos rescatados, fue ascendido a ¡Ministro de Economía!… y hoy se postula como presidente del Eurogrupo…   



Es evidente que las políticas de Islandia y España han sido divergentes aun cuando el problema de fondo era el mismo: recomponer una economía rota por las prácticas especulativas.



La estrategia de Islandia pasaba por la confrontación del Gobierno con los mercados, un gobierno ampliamente respaldado por el pueblo en permanente movilización. La estrategia de España, cuyos gobernantes nunca anunciaron sus intenciones antes de cada convocatoria electoral, fue de servidumbre: aceptar las imposiciones de los mercados financieros para evitar el caos.



¿Cuáles han sido los resultados de políticas tan disímiles?



En Islandia lejos de producirse el caos financiero que auguraba la propaganda neoliberal, la economía ha ido estabilizándose tras un breve brote inflacionista. El crecimiento económico logró pronto recuperar tasas importantes, de hecho 2013 cerró con un crecimiento del PIB del +3´3% mientras que en España caía a una tasa del -1´2%. Para el año en curso se espera que la economía islandesa crezca un +3´1% frente al +1´1% de España. Gracias a la política económica implementada en Islandia hoy la crisis está prácticamente superada: su PIB per cápita es sólo 3 puntos inferior al que disfrutaban los islandeses antes de la crisis. En España el camino por recorrer hasta recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis es mucho mayor: nuestro PIB per capita es todavía 7 puntos inferior.



La experiencia demuestra que hay vida al margen del euro: mientras en España el abandono del euro es un tema tabú, para los islandeses la no pertenencia al euro ha sido una bendición, ya que les ha permitido ganar competitividad y poner límites a los movimientos de capital especulativos.



La posibilidad de devaluar la moneda e implementar una política monetaria autónoma y expansiva han permitido que hoy la tasa de paro islandesa sea del 5%, frente al 25% española. La negativa a implementar recortes presupuestarios no sólo ha permitido a los islandeses superar la crisis, sino hacerlo con un reducido coste social: en Islandia la tasa de pobreza del 13% frente al 28% de España; y la desigualdad de renta (indicador S80/S20) es del 3´4 frente al 6´3 de España.



Otro de los temores azuzados desde el poder anunciaba a la debacle de las finanzas pública que seguiría al abandono del euro. Falso: el nivel de endeudamiento de Islandia es inferior al de España (91% frente a 100% del PIB), y su situación es más saneada puesto que exhiben un déficit público del -2´1% del PIB frente a nuestro -7´1%. Al implementar políticas económicas que impulsan el crecimiento, las arcas públicas se nutren de recursos tributarios, el déficit público se reduce y el endeudamiento se hace más llevadero.



Las enseñanzas de la experiencia islandesa son claras en materia política: la presión popular ha obligado ha reescribir el guión con una salida más social a la crisis, una salida muy diferente a la que se ha tomado en Irlanda, Grecia o España. Ha habido recortes sociales, pero su dureza ha sido atenuada por la movilización ciudadana. La estrategia española, por el contrario, demuestra que el miedo a los mercados se paga muy caro en términos de crecimiento, empleo y bienestar.