Al contrario de lo que sucedió durante los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), el gobierno de España ha preferido combatir los "efectos sociales" del brote inflacionista iniciado a mediados de 2021 más que sus "causas económicas". Aunque algunos colectivos sociales se han visto parcialmente beneficiados por dichas medidas, el fracaso es patente y a la postre puede salir muy caro: como se aprecia en el gráfico adjunto, la tasa de inflación es muy similar tanto si se tienen en cuenta las reducciones de impuestos (por ejemplo sobre el consumo eléctrico) y las subvenciones (a los combustibles, al transporte...) como si no. La inflación interanual en octubre teniendo en cuenta la medidas del gobierno solo difiere en 0´9% de la inflación que habría tenido lugar sin intervención gubernamental. Una victoria pírrica. Eso es así porque subvencionar a los colectivos perjudicados por la inflación solo sirve para facilitar que el dinero fluya desde el erario público hacia las empresas que se resisten a recortar sus márgenes, especialmente los oligopolios y, con esos no quiere enfrentarse el gobierno. Pero aún queda lo peor: conocer la factura fiscal de tanta ayuda social, su impacto en la abultada deuda pública y el consecuente ajuste presupuestario (austeridad). El FMI ya ha avisado de que se requiere un ajuste de 6.500 millones.
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