Aumentan los desahucios en Murcia, bajan en España.

La crisis económica no sólo no ha acabado sino que en Murcia tiene una mayor intensidad. Acaba de publicarse el dato de ejecuciones hipotecarias de viviendas del 2º trimestre del año: 1.060 viviendas frente a las 963 del mismo periodo del año anterior. Esto supone un incremento del 10´1%, mientras que en el conjunto del país se ha reducido en un -10´5%. Murcia no levanta cabeza.

Aceite de oliva en España: sólo apto para ricos.

El precio del aceite de oliva en origen se ha incrementado un 54% en los últimos 12 meses: de 2´56 a 3´95 €/Kg. Fabricantes y distribuidores están trasladando la subida de precios a los consumidores. Ante ese encarecimiento las familias, muy empobrecidas por la crisis, tienen que restringir su compra: según los últimos datos el consumo de aceite de oliva cayó un 12% en mayo. La causa del encarecimiento parece estar en la mala cosecha así que los trabajadores del campo tampoco van a beneficiarse de esos precios mayores: a menor cosecha se necesitan menos jornaleros. Como siempre, ganan los terratenientes.

Hiperinflación en Venezuela

La crítica situación de la economía venezolana vuelve a ser noticia en los medios de comunicación españoles estos días: el año 2014 cerró con una inflación del 68´5% y se especula con la posibilidad de que actualmente esté por encima del 200% anual.

En este escenario dos acontecimientos han suscitado interés y controversia: en primer lugar la desestimación por parte del Tribunal Supremo del “recurso de abstención” interpuesto por la ONG “Transparencia Internacional” para forzar la publicación de los datos oficiales de inflación y otros indicadores económicos, publicación que el Banco Central de Venezuela (BCdV) viene desatendiendo durante todo 2015 pese a ser el órgano competente para ello. En segundo lugar, la iniciativa del presidente Nicolás Maduro decretando el “estado de excepción” en diversos municipios limítrofes con la vecina Colombia para poner coto al contrabando y a la inmigración ilegal.

El denominador común de ambas medidas es la agudización de la crisis económica del país a causa del derrumbe de los precios del petróleo que arrastra una caída de un 61% desde junio del año pasado[1]. Como ya indicamos en otra ocasión[2], la merma de ingresos presupuestarios a causa de la contracción de las exportaciones petroleras agudizaría los desequilibrios de la economía venezolana abocándola a un programa de ajuste, so pena de perder el control sobre la inflación.

En medios oficialistas se sostiene que la elevada inflación está causada por la “guerra económica” a la que está sometido el país: los grandes empresarios quieren provocar la caída del gobierno creando escasez mediante la acaparación de divisas y bienes de consumo, de modo que el malestar ciudadano se traduzca en una derrota electoral de Maduro y sus aliados o en intentonas golpistas que depongan al presidente constitucional. A ello hay que sumar la fuga de capitales que ciertos empresarios promueven por mero afán de lucro y elusión fiscal.

Siendo cierta la actitud hostil de una parte significativa del empresariado, sería un error hacer caso omiso de los desequilibrios que lastran la economía venezolana desde hace décadas. Esos desequilibrios son terreno abonado para quienes con intenciones políticas o crematísticas, generan escasez de bienes y divisas.

Pese a los evidentes logros de la revolución bolivariana (reducción de la pobreza y el desempleo, extensión de la enseñanza y la salud públicas…), hay que reconocer que aun antes del derrumbe del precio del petróleo existía una serie de desequilibrios que no se corrigió a tiempo. Unos de largo alcance, como es el caso de la industrialización pendiente y diversificación de la estructura productiva del país; otros más perentorios, como es la elevada inflación crónica presente en el país incluso en los años de mayor renta petrolera[3].

Ciertamente los adversarios del chavismo aprovechan esos desequilibrios para medrar política y económicamente; y probablemente sea oportuno calificar de “guerra económica” a esa estrategia. Pero lo que no es razonable es tratar de superar la situación sin estabilizar la economía con los instrumentos de política económica que el Estado tiene a su alcance.

En ese sentido reconocer los desequilibrios y ofrecer información veraz y pertinente a la ciudadanía hará más eficaz la acción de gobierno. Históricamente se ha demostrado que la ocultación y la distorsión de información estadística es contraproducente: en Grecia, sin ir más lejos, aún están pagando y muy caro la falsificación de la contabilidad nacional llevada a cabo en la década del 2000 para facilitar el ingreso en la “zona euro”.

Ocultar información estadística lejos de abatir la inflación da alas a la especulación: los ciudadanos creerán que la evolución de los precios es peor de lo que se afirma en medios oficiales, se recurrirá a fuentes de información alternativas que pueden ofrecer datos sesgados e incurrirán en prácticas indeseables de acaparación de bienes y divisas para protegerse de un incierto escenario futuro. Son las denominadas “expectativas autocumplidas” y no conviene alimentarlas: al creer que la inflación se está acelerando…acabará acelerándose.  

Si bien es cierto que los mecanismos administrativos  y policiales (controles de precios, racionamientos, persecución de actividades ilícitas,…) son necesarios, éstos tienen una eficacia limitada y no es lógico que la lucha contra la inflación descanse exclusivamente en ellos. El Estado no dispone (ni en Venezuela ni en España…) de información completa sobre transacciones económicas, bien porque las estadísticas son costosas y deficientes, bien porque (lógicamente) los delincuentes se esfuerzan por evitar que el alcance de sus actividades sea conocido por el Estado. Si a esto unimos la existencia de cierto grado de corrupción entre los funcionarios públicos (corrupción a la que ningún país es ajeno) se comprenderá la dificultad de los poderes públicos para manejar un sistema plenamente eficaz de controles administrativos.

Dicho esto, lo que más extraña al observador especializado es la ausencia de un plan concreto, bien definido, acotado en el tiempo, para poner fin a la hiperinflación y estabilizar la economía en un plazo de tiempo razonable. Es cierto que en estos años se han tomado numerosas medidas para hacer frente al problema (control de cambios, reconversión monetaria, creación del SICAD y del SIMADI, la Ley de Precios Justos…), pero adolecen de la integralidad que cabe esperar de un plan de este tipo.

Venezuela necesita un plan de estabilización antes de que la hiperinflación siga socavando el bienestar de los ciudadanos y, por ende, el apoyo de estos a la revolución bolivariana.

Ciertamente los planes de estabilización tienen muy mala fama entre políticos y sindicalistas de izquierda porque históricamente han reducido la inflación con un elevado coste social (desempleo, extensión de la pobreza, pérdida de derechos sociales) y también en términos de derechos humanos: golpismo, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos…. son ingredientes que tradicionalmente han acompañado al menú estabilizador. Venezuela ya experimento esa tragedia en el “sacudón” de 1989.

Pero existen alternativas: tradicionalmente los planes de estabilización han sido diseñados por especialistas de del FMI, Universidades norteamericanas y bancos de inversión firmemente vinculados a los intereses del capital financiero. Han sido planes basados en la tríada “privatización – desregulación – desprotección social” de Milton Friedman y sus acólitos. A estas alturas es de común conocimiento que en el caso venezolano es la especulación y la fuga de capitales lo que alimenta la escalada de precios…no el excesivo consumo de pan o arroz; ni los salarios reales ni el incipiente Estado de Bienestar venezolano son causa de la escalada inflacionaria.

Por ello, es necesario complementar tanto por la vía de la política monetaria como por la vía de la política tributaria, las medidas administrativas y policiales mediante el endurecimiento de las condiciones de acceso de los especuladores a los recursos financieros que emplean en especular contra el bolívar,

La política monetaria ha de jugar un papel clave si se quiere atajar la hiperinflación. La laxitud de la política monetaria es uno de los desequilibrios básicos a los que aún no se ha hecho frente de forma decidida. La oferta monetaria (M2) crece por encima del 60% interanual desde comienzos de año (ha llegado al 83´8% en junio) y los tipos de interés reales son negativos. Se trata de un escenario insostenible: con unas reservas de menos de 17.000 millones de dólares en manos del BCdV, al tipo de cambio actual (6´3 Bf/$) hay 25 veces más dinero en circulación del que puede respaldarse con dólares. Es cierto que desde 2004 ha habido cuatro devaluaciones que no han supuesto la solución definitiva al problema inflacionario, pero el tipo actual ha de ser corregido (si bien su valor actual está más próximo al de equilibrio que el que se maneja en el mercado negro).

Endurecer la política monetaria no es monetarismo: los monetaristas sólo creen que la estabilización monetaria como condición previa para que el libre funcionamiento del mercado, sin regulaciones, sin protección a los trabajadores, sin empresas públicas y sin intervención estatal que asigne los recursos disponibles. Pero en los países en vías de desarrollo eso sólo ha servido para perpetuar monocultivos y dependencia. El endurecimiento de la política monetaria debe entenderse como un mecanismo para encarecer el acceso de las grandes empresas a la financiación barata que luego emplean en especular contra el bolívar, sólo eso: el desarrollo del país depende de otras políticas gubernamentales activas que no pasan ni por la desprotección de los trabajadores ni las privatizaciones. Tampoco ha de hacerse indiscriminadamente: no tiene por qué elevarse los tipos de interés con carácter universal.

La política tributaria también debe constituir un buen punto de apoyo en un plan de estabilización: elevando la presión y la progresividad fiscales se puede drenar buena parte de los recursos que los especuladores utilizan contra el bolívar. Recordemos que Venezuela es según la OCDE el país con la menor presión fiscal de América Latina.

La tarea es urgente: la paciencia de los electores es limitada y sólo sobre la base de una economía estabilizada pueden emprenderse tareas de mayor alcance, como la diversificación productiva del país.

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[1] El petróleo Brent alcanzó en junio de 2014 una cotización de 114´81 $/barril. Actualmente cotiza a unos 44 $/barril y se esperan nuevas caídas de precios.

[2] “¿Es inevitable la escasez en Venezuela?”, blog Econonuestra/Público, 12 de abril de 2015.

[3] En los últimos 10 años la inflación nunca ha bajado del 10% y su valor medio ha sido del 28% anual.

La posibilidad de contradecirse...

“Quizá la más rotunda confirmación de la libertad del hombre es la posibilidad de contradecirse, como la más visible demostración de la propiedad de una cosa es destruirla. Una mudanza de opinión por convencimiento, por acopio de nuevos datos, o por un cambio de actitud ante los hechos la considero no solo honrosa sino elogiable. Lo contrario sería un traición a lo que de mejor tiene el hombre: su capacidad de curiosidad, de enriquecimiento, de evolución”. Antonio GALA (1981).

Un escritor no ha de justificarse por lo que escribe

"Un escritor no ha de justificarse por lo que escribe. Bastante cruz es ya soportar su destino como para tener que andar dando explicaciones de cómo lo cumple". Antonio GALA (1983).

Agua barata para terratenientes en Murcia

El presidente de la Comunidad Autónoma ha vuelto a enarbolar la bandera del “agro – patriotismo”: sostiene que a pesar de la sequía sólo recurrirá al agua desalada si no hay agua para trasvasar. En Castilla La Mancha no están sobrados de agua y nosotros disponemos de cuatro desalinizadoras listas para usar. Obviamente el agua del trasvase es mucho más barata que la de las desalinizadoras: 9 céntimos frente a 55 céntimos el m3. ¿No pueden pagar los agricultores ese precio? Pues depende: cuanto más grande es una explotación, más rentable y mayor capacidad de hacer frente a los costes. En Murcia el 2% de las explotaciones son tan grandes que acumulan ellas solas el 39% de la superficie cultivable, y tienen cada una extensión media de 232 hectáreas (325 veces el Camp Nou, cada una). Son verdaderos terratenientes ¿No pueden pagar agua desalinizada a 55 céntimos? Sostengo que sí ¿Hemos de embarcarnos TODOS los murcianos en una nueva “guerra del agua” que sólo beneficia a la Duquesa de Alba local y genera votos para el PP? Desde luego que no.

Darwin, la Ciencia y la Codicia.

Si estás corrompido por la codicia no eres un científico. Así la Economía no avanza. La Economía en una Ciencia sin científicos: desertaron en busca de actividades más lucrativas. Darwin lo expresa con claridad meridiana: "La codicia y el egoísmo producen en la inteligencia la ceguera más absoluta". Diario del Viaje de un Naturalista alrededor del Mundo (1836).

Los desempleados en España: cada vez más pobres.

La reciente intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso sirvió para confirmar lo que todos sabemos: que la tasa de paro continuará en niveles superiores al 20% al menos durante 2015 y 2016. Y eso si la situación no se complica con la recesión a la que parecen estar abocadas China y Japón. En cualquier caso, lo que pretendía ser un mensaje de optimismo (“ya se le ve salida a la crisis”) es en realidad un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de la sociedad española: son ya ocho largos años de crisis y la capacidad de aguante de las familias españolas se ha deteriorado notablemente.

En estos ocho años de crisis los desempleados han sufrido una considerable merma de su calidad de vida por culpa de un sistema de protección social que cada vez protege a menos parados y con prestaciones cada vez más pequeñas.

Se protege “a pocos” y se protege “con poco”: hoy sólo 42 de cada 100 parados percibe algún tipo de prestación/subsidio del SEPE (antiguo INEM), y la cuantía media percibida es de 744 euros mensuales.  Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, año 2007, estas cifras registraban valores notablemente superiores: de cada 100 parados 77 cobraba algún tipo de prestación y su importe medio era de 897 euros. En otras palabras: desde que se inició la crisis el porcentaje de desempleados protegidos se ha reducido en 35 puntos y su importe medio en un 17%. Si además tenemos en cuenta la inflación, la prestación media se ha reducido en realidad un 33% en este periodo.

            ¿A qué se debe este intenso deterioro de la protección social que reciben los desempleados?

Básicamente nuestro sistema de protección está integrado por dos tipos de rentas: prestaciones contributivas (cuyo origen radica en el derecho adquirido por el trabajador por el hecho de haber cotizado a la Seguridad Social) y prestaciones no contributivas (tienen un origen “solidario” o “asistencial”).

Para evitar que la protección social sea un desincentivo a la aceptación de ofertas de trabajo, tiene un carácter limitado en el tiempo, cumplido el cual la prestación se agota y el desempleado tiene que acogerse a una ayuda de menor cuantía o simplemente queda en situación de desprotección. Así, la “prestación por desempleo” tiene una duración máxima de 720 días al cabo de los cuales se extingue y el desempleado puede acogerse, solo si reúne las condiciones establecidas por el Gobierno, al “subsidio de desempleo” con una duración que varía según las citadas condiciones. Actualmente la “prestación por desempleo” tiene una cuantía equivalente al 70% de la cuantía cotizada durante los 6 primeros meses de disfrute y del 50% en los restantes, con un importe máximo mensual equivalente al 225% del IPREM[1], es decir 1.198 €. Por  su parte, el “subsidio de desempleo” tiene un importe de 426 € mensuales.

El mero transcurso del tiempo aboca al trabajador desempleado a unos ingresos cada vez menores e incluso nulos, al pasar de las prestaciones contributivas a otras de menor cuantía (las no contributivas) e incluso a ninguna.

El Ministerio de Trabajo difunde mensualmente datos oficiales sobre la proporción de desempleados que recibe algún tipo de ayuda del SEPE: es lo que se denomina “tasa de cobertura”. Sin embargo estos datos oficiales están sobrevalorados y exageran el grado de protección social. Ello se debe a que para su cálculo el Ministerio de Trabajo compara el número de “beneficiarios” de subsidios y prestaciones con el número de “desempleados registrados” en el SEPE. Es decir: no tiene en cuenta toda la población susceptible de ser protegida (todos los desempleados) sino solo aquella que reúne determinados requisitos jurídicos. Concretamente excluye a la población desempleada sin empleo anterior ya que no puede haber cotizado (estudiantes o amas de casa que se incorporan al mercado de trabajo), así como a los desempleados no registrados como demandantes de empleo en el SEPE.

Como es sabido, el “desempleo registrado” por el SEPE es un indicador sesgado a la baja del verdadero volumen de desempleo, que se mide mediante la EPA: muchos trabajadores desempleados desisten de registrarse en el SEPE como demandantes o, una vez inscritos, no realizan los trámites necesarios para continuar registrados. Actualmente los datos de la EPA indican la existencia de 5.149.000 desempleados[2], mientras que el SEPE arroja un total de 4.026.276 desempleados[3], es decir una diferencia de 1.122.724 personas (un 21´8% menos). Lo correcto es comparar el número de “beneficiarios” con el total de parados estimado por la EPA. A veces se nos olvida lo obvio: que un trabajador desempleado no reúna los requisitos jurídicos para acceder a una prestación no quiere decir que no la necesite. Así según la “tasa de cobertura” oficial en la actualidad el nivel de protección sería del 55´7%, mientras que el cálculo correcto arroja un 42% como hemos indicado la comienzo.

Por lo que respecta a la evolución de la cuantía de las ayudas que paga el SEPE a los desempleados, ha de tenerse en cuenta que la regla general del sistema supone que la cuantía percibida por el desempleado se reduce progresivamente conforme pasa el tiempo, llegando por supuesto a agotarse. Además, las prestaciones de naturaleza “contributiva” son de cuantía superior que las “no contributivas”: si la situación de desempleo se alarga en el tiempo el trabajador percibirá prestaciones cada vez menores e incluso cero.

En 2009 la prestación media registró su valor máximo: 978 euros al mes. De hecho entre 1999 y 2009 la prestación media se incrementó debido a dos factores: a) la evolución pro – cíclica de los salarios (la fase expansiva del ciclo se tradujo en cotizaciones crecientes a la Seguridad Social); y b) la creciente proporción de beneficiarios de prestaciones contributivas frente a no contributivas, puesto que se trataba de desempleados que habían acumulado suficientes meses de cotización durante el “boom inmobiliario”.

A partir de 2009 los desempleados comienzan a agotar sus prestaciones contributivas mientras se suman nuevos desempleados que no han conseguido un primer empleo o al menos no de la duración suficiente[4]. El número de beneficiarios de prestaciones no contributivas crece rápidamente y actualmente supone ya un 63´8% del total, mientras que en 2009 sólo constituían el 39%.

Todo parece indicar que esta tendencia al empobrecimiento de los desempleados, debida a la acción conjunta de una menor tasa de cobertura y a prestaciones de importe menguante, continuará a lo largo de 2015 y 2016. Tampoco parece que la esperada recuperación económica mejore mucho las cosas: gracias a las sucesivas reformas laborales, que han debilitado el poder de negociación de los trabajadores frente al capital, muchos trabadores seguirán siendo pobres incluso si encuentran un empleo.

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[1] El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ha sido fijado para el año 2015 en 532´51€ mensuales.

[2] Segundo trimestre de 2015.

[3] Julio de 2015.

[4] Las prestaciones contributivas exigen al menos 12 meses de cotización.

Alemania, niña mimada del BCE.

Las noticias relacionadas con el trato privilegiado que recibe el gobierno alemán de manos de BCE no para de sorprenderme. En marzo de 2015, con mucho retraso, el BCE puso en marcha un programa de compra de deuda pública en los mercados secundarios: imprimir dinero para sostener la cotización de los bonos nacionales y evitar que la prima de riesgo se dispare. Es lo que llamamos “Quantitative Easing”: cuando el nerviosismo cunde en los mercados el BCE acude con dinero fresco y compra bonos “de segunda mano” evitando que su cotización caiga. Digo “con mucho retraso” porque la Reserva Federal estadounidense (FED) ya la puso en marcha en 2009, al poco de iniciarse la crisis. Europa, instalada en la absurda ortodoxia neoliberal, se ha estado “haciendo la sueca” durante este tiempo, un precioso tiempo perdido. Pero además lo hemos hecho mal, tanto por su importe como por los destinatarios elegidos. La FED ha movilizado ya un total de 3´1 billones de euros; el BCE sólo 0´25 billones. Pero lo más grave es que Alemania es la que se lleva la mayor tajada: el BCE lleva gastado 58.307 millones de euros (el 26% del programa) ¡en bonos alemanes! Durante las turbulencias de julio asociadas al referéndum griego Alemania volvió a ser la primera receptora de esta ayuda del BCE, que compró 11.975 millones de euros en bonos alemanes. Eso da mucho que pensar: si la economía alemana está tan saneada ¿qué necesidad tiene de ese apoyo multimillonario por parte del BCE? Y si el BCE invierte en bonos alemanes ¿qué queda para los países acosados por los especuladores? Un detalle: la inversión del BCE en bonos de Grecia es exactamente 0 euros. No es de extrañar que la crisis esté durando tanto: se lo debemos al apego a la ortodoxia y al comportamiento dictatorial del BCE.

Lo que cobran los profesores en España.

"¡Cuánto cobran los maestros!"... un mito en descomposición.
¡Cuántas veces hemos tenido que aguantar comentarios como esos! Como si fueramos "trabajadores de lujo, privilegiados ". Comentarios cada vez más falsos tal y como indican las estadísticas. La creciente precarización que sufrimos los trabajadores de la "Educación" tiene su reflejo también a nivel salarial. Atendiendo al coste bruto por ramas de actividad, los trabajadores de "Educación" estamos por debajo de la media en remuneraciones: cobramos de media un 9´5% menos que en otras ramas de actividad.De las 18 ramas en las que el INE clasifica las actividades económicas, los profesores estamos en cuanto a retribución el nivel 12... y bajando.

Desempleo en España y YIHAD ISLÁMICA

Cada vez que produce una matanza en Túnez, o en Egipto o en Siria, el PIB español aumenta. Así de sencillo. La inseguridad creciente en nuestros competidores del Mediterráneo hace que muchos turistas opten por España como destino turístico. Los datos cantan: 29´2 millones de turistas extranjeros visitaron España en el primer semestre, un 4´2% más que el año pasado. Por esa razón los datos de la EPA publicados hoy han sido positivos: se han creado 513.500 puestos de trabajo en el último año. Casi todos relacionados con el turismo: no tiene nada que ver con las reformas de Rajoy, que más bien están retrasando la recuperación. Eso sí, trabajos muy mal pagados y muy precarios: mucho sufrimiento detrás de cada euro ganado. No es un modelo con futuro: estos puestos de trabajo dependen del sufrimiento de millones de personas en el Mediterráneo.

Balanzas fiscales: una peligrosa estupidez estadística.

Se acaban de publicar las balanzas fiscales autonómicas de 2012. Teóricamente estas balanzas nos informan de cuántos recursos recibe del Estado cada comunidad autónoma y cuánto aporta. Así, teóricamente, cuando se dice que una comunidad es deficitaria (como Madrid o Cataluña) se afirma que sus ciudadanos aportan al Estado (vía impuestos) más de lo que reciben de él. Pero es falso, tan falso como cuando se dice que ese déficit es en Madrid el doble que en Cataluña... o sea, que los catalanes no son tan "solidarios o esforzados" como los madrileños. Tales afirmaciones son falsas porque las balanzas fiscales están mal confeccionadas. Un ejemplo: al territorializar los impuestos que ciudadanos y empresas pagan al Estado se computa como ingresos de esa comunidad el Impuesto de Sociedades que las empresas pagan... pero las empresas lo pagan en la comunidad en la que tienen declarado su domicilio social... aunque el dinero viene de operaciones que se realiza en toda España. Es el caso de El Corte Inglés: los impuestos sobre beneficios que paga salen de las sucursales que tiene por todo el país, pero se computan en Madrid... cada vez que yo compro en El Corte Inglés de Murcia, parte de mi dinero computa como Impuesto de Sociedades generado en la Comunidad de Madrid. Y lo mismo sucede cuando el BBVA con sede en el País Vasco declara beneficios, o cuando SEAT (con domicilio en Cataluña) paga impuestos por el auto que acabo de comprar en Murcia. Ni Cataluña ni Madrid son deficitarias, ni Murcia y Andalucía excedentarias.

Nuevos ayuntamientos: querer y poder.

Las nuevas corporaciones locales constituidas el pasado 13 de junio han supuesto, mayoritariamente, un esperanzador giro hacia la izquierda que augura importantes cambios en la política municipal. En muchas ciudades ha sido tanto y con tanta desvergüenza lo robado estos años por gobernantes amparados en mayorías absolutas, que la ciudadanía ha acogido con euforia la defenestración democrática de alcaldes otrora intocables.

Dicho lo cual conviene ser realistas: los ciudadanos que con su voto han forzado el cambio no merecen ser decepcionados y para ello es necesario, lo antes posible, tomar conciencia de los límites del cambio que ahora se inicia.

Aunque parezca una obviedad es imprescindible recordar que los ayuntamientos no tienen un poder ilimitado y por tanto no pueden resolver todos los desmanes sembrados en los últimos 20 años de gestión municipal. Las limitaciones al poder municipal son el resultado de dos circunstancias: a) las competencias que la Ley les otorga y b) los recursos económicos de los que disponen.

Me centraré en este último aspecto.

Los ayuntamientos españoles pasan, salvando algunas escasísimas excepciones, por una situación financiera muy delicada debido a la confluencia de diversos factores entre los que cabe destacar: a) la intensa y persistente crisis económica que sufrimos desde 2008, b) un sistema tributario poco progresivo que sólo logra llenar las arcas municipales durante episodios de especulación inmobiliaria, c) una gestión corrupta que ha dado lugar al saqueo de cuantiosos recursos (presentes y futuros) y d) una legislación presupuestaria que les impide practicar las políticas sociales y de empleo que el país demanda.  

Antes de que se iniciara la crisis la deuda de las corporaciones locales ascendía a 688 euros por habitante y actualmente son 1.191 euros, un 73% más. Ese es el panorama de partida: más deuda a pagar a costa de ciudadanos más pobres (recordemos que la tasa de paro en 2008 era del 11´3% y actualmente es el 23´7% y que nuestro PIB per cápita también ha caído en términos reales un 7% desde entonces). En 2014 los ayuntamientos tuvieron que destinar 1.285 millones de euros al pago de intereses y otros 3.407 millones a la amortización de deuda (el 11´3% del presupuesto mientras que en 2008 era tan sólo el 5´3%). Esto implica que buena parte de los recursos municipales ya están comprometidos de antemano, reduciendo el margen de maniobra para financiar las políticas sociales que los ciudadanos han reclamado con su voto.

Estos datos nos recuerdan la urgencia de acometer auditorías sobre la legitimidad de la deuda, auditorías que sean a la vez un proceso político de toma de conciencia y herramienta para el diseño de estrategias de política económica que pueden ir desde la simple (y poco conflictiva) reestructuración temporal hasta la denuncia e impago de determinados pasivos. La auditoría ha de considerarse en un sentido amplio, más allá del endeudamiento bancario tradicional: habrá que auditar contratos de externalización de servicios, concesiones municipales y privatizaciones tanto por cuestión de legalidad como de eficiencia. Muchos ayuntamientos han utilizado sistemáticamente estas fórmulas para eludir las restricciones que impone el Derecho Administrativo (contratación de personas y servicios) y para lucrar a su clientela política. A nadie debe extrañar a estas alturas que tales contratos estén oportunamente blindados con cláusulas abusivas para disuadir a los ayuntamientos frente a iniciativas remunicipalizadoras.

Ese tipo de auditorías puede ser la fuente fundamental de ahorro de recursos en el momento actual, mucho más que otras iniciativas que, aun siendo llamativas (reducción de las retribuciones de cargos públicos, limitación de coches oficiales y gastos protocolarios, etc) tienen un impacto presupuestario muy inferior a lo que la gente cree[1].

Otra limitación importante es la evolución del ciclo económico: probablemente muchos alcaldes tienen la vista puesta en la incipiente recuperación económica como remedio para la precaria situación de las arcas municipales. No conviene hacerse muchas ilusiones al respecto.

En primer lugar porque no sabemos si esa incipiente recuperación va a consolidarse. Es cierto que en 2014 el PIB creció un 1´4%, pero no es menos cierto que se debió a causas coyunturales: gracias a la inestabilidad en que devino la “primavera árabe” los turistas huyen de aquellos destinos tradicionalmente competidores de España (Egipto, Túnez…) y eso nos ha permitido incrementar en 7 millones el número de turistas extranjeros que arriban a nuestro territorio. Además, las Administraciones Públicas hicieron un importante esfuerzo presupuestario durante 2014 para “animar el ambiente” licitando obra pública. Tras años de recortes, la licitación oficial creció un 123% en 2014: el Estado, las Comunidades Autónomas y algunos ayuntamientos sacaron las grúas a la calle para conseguir votos. Ahora llega la contrapartida: en el primer trimestre de 2015 la licitación oficial se ha contraído un 34%.

En segundo lugar, la posible recuperación no se traducirá directamente en una mejora de las finanzas municipales: el sistema tributario local es “inelástico” y poco progresivo, así que los incrementos del PIB no se traducen ni rápida ni intensamente en incrementos de la recaudación tributaria, salvo cuando el mayor dinamismo viene inducido por episodios de especulación inmobiliaria (absolutamente indeseables, por otra parte).

Finalmente cabe resaltar que la legislación estatal en materia de estabilidad presupuestaria tampoco ayuda mucho a imprimir un giro progresista a las políticas municipales. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y las normas que de ella se derivan, impone un férreo control sobre las maltrechas finanzas municipales, subordinando irracionalmente la gestión presupuestaria al logro del equilibrio o superávit presupuestario, y anteponiendo la amortización de la deuda a otros gastos de emergencia social. La conclusión es obvia: las nuevas corporaciones deben demandar del gobierno (del actual o del futuro) la reforma de las legislaciones tributaria y presupuestaria para dotar demás recursos y mayor flexibilidad los presupuestos municipales, so pena de que las políticas sociales y generadoras de empleo nazcan muertas. No parece que el actual gobierno de la nación esté por la labor: el ministro Montoro no pierde ocasión para recordar que la precaria liquidez de la que disponen los municipios depende de su santa voluntad y que no habrá recursos para quienes se aparten de la ortodoxia presupuestaria. Razón no le falta: las corporaciones locales comenzaron el año con 14.987 millones de euros en dinero efectivo en sus arcas, y unas deudas que vencen a corto plazo por importe de 18.402 millones. De hecho numerosos ayuntamientos están sometidos a planes de rescate impuestos por el Ministerio de Hacienda. Difícilmente podrán llevarse a cabo las políticas votadas por los ciudadanos en las elecciones municipales mientras siga gobernando la actual mayoría parlamentaria.

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[1] En un trabajo de investigación titulado “Lo que cuesta la democracia local” (Revista Auditoría Pública, nº 58) estimamos que el coste de los órganos de gobierno municipales está entre 22 y 25 euros año por ciudadano, cifra muy inferior a los 301 euros de agua y alcantarillado. De cada 100 euros de déficit público de los ayuntamientos, sólo 1´32 euros se deben al coste de estos órganos.

China, no Grecia, es nuestro verdadero problema.

Hace meses que la economía China emite señales críticas. El mercado inmobiliario lleva años recalentado, inmerso en una burbuja similar a la que vivimos en España entre 1999 y 2007 y cuyos nefastos efectos aún sentimos. La bolsa china ha sufrido un recalentamiento especulativo similar. Parece que el pinchazo se ha iniciado: el índice de la Bolsa de Shanghái acumula una caída del 31´5% desde mediados de junio. Los efectos pueden ser demoledores para nuestra economía: necesitados de liquidez, los inversores chinos venderán las acciones que poseen por las bolsas de todo el mundo haciendo caer las cotizaciones de Telefónica, Banco de Santander, Deutsche Bank...o J P Morgan. También venderán bonos soberanos de otros países y esto provocará aumentos de los tipos de intrés en la Unión Europea y Estados Unidos. Además, es de esperar que el empobrecimiento de los chinos reduzca sus importaciones en todo el mundo, también su demanda de productos españoles ("efecto riqueza"). Recordemos que España exporta más de 4.000 millones de euros en mercancías al año a estye “mercado emergente”. Mucho me temo que el tan cacareado "Socialismo con Características Chinas" es vulgar capitalismo salvaje con un toque nacionalista, nada nuevo.

Grecia: ¿Culpa de Syriza?

Desde que se inició la actual crisis allá por 2007, los griegos han visto reducirse su PIB per cápita un 24´6% en términos reales: una brutalidad. Algunos griegos se habrán enriquecido gracias a la especulación y el fraude, pero la inmensa mayoría son mucho más pobres que entonces. De hecho hoy son más pobres que cuando se incorporaron al euro en 2001 (véase gráfico) ¿Hemos de echarle la culpa al "corralito" instaurado esta semana? ¿Al gobierno de Syriza, que lleva sólo 5 meses en el poder? No: el empobrecimiento de la sociedad griega viene de lejos, fruto de las políticas de austeridad que han deprimido su economía. Lo único que se le puede recriminar a Syriza es la falta de decisión para abandonar el euro e instrumentar una política económica propia, como hacen el Reino Unido o Dinamarca. Y en cuanto a las amenazas de expulsión de Europa... no sólo no son creíbles sino que fuera de la Unión Europea no se vive tan mal. Recordad Islandia: encarceló banqueros, tiene moneda propia, su PIB crece al 3´5%, su inflación es del 0´8% y su tasa de paro es del 5%. Con miedo no se va a ningún sitio.

Alimentación y crisis en España

La Encuesta de Presupuestos Familiares publicada ayer desmiente el cansino discurso gubernamental sobre la supuesta recuperación económica. Analizando el consumo real de distintas mercancías se comprueba que las familias españolas son cada vez más pobres, que siguen sustituyendo alimentos de buena calidad por alimentos peores, que su dieta sigue empobreciéndose. A título de ejemplo hemos representado el consumo de pescado (kg por persona y año). Hoy cada ciudadano consume un 27% menos de pescado que antes de la crisis. Por el contrario el consumo de pastas (macarrones, etc..) se ha disparado un 9%.

Agua, alcantarillado, residuos... cada vez más caros.

Una vez constituidas las corporaciones locales, es imprescindible que hablemos de política municipal, ir a lo concreto. Por ejemplo del coste del suministro del agua potable, el servicio de alcantarillados y la recogida de basuras, competencias todas de ámbito municipal. Los datos indican que entre 2006 y 2013 estos servicios se han encarecido sustancial e injustificadamente en la Región de Murcia: cada murciano ha tenido que pagar un 55% más, aunque el consumo de agua por persona sólo ha crecido un 18%. Las multinacionales el agua utilizan nuestros ayuntamientos para enriquecerse con la connivencia de quienes los gobernaban: es hora de corregirlo.