Agua barata para terratenientes en Murcia

El presidente de la Comunidad Autónoma ha vuelto a enarbolar la bandera del “agro – patriotismo”: sostiene que a pesar de la sequía sólo recurrirá al agua desalada si no hay agua para trasvasar. En Castilla La Mancha no están sobrados de agua y nosotros disponemos de cuatro desalinizadoras listas para usar. Obviamente el agua del trasvase es mucho más barata que la de las desalinizadoras: 9 céntimos frente a 55 céntimos el m3. ¿No pueden pagar los agricultores ese precio? Pues depende: cuanto más grande es una explotación, más rentable y mayor capacidad de hacer frente a los costes. En Murcia el 2% de las explotaciones son tan grandes que acumulan ellas solas el 39% de la superficie cultivable, y tienen cada una extensión media de 232 hectáreas (325 veces el Camp Nou, cada una). Son verdaderos terratenientes ¿No pueden pagar agua desalinizada a 55 céntimos? Sostengo que sí ¿Hemos de embarcarnos TODOS los murcianos en una nueva “guerra del agua” que sólo beneficia a la Duquesa de Alba local y genera votos para el PP? Desde luego que no.

Darwin, la Ciencia y la Codicia.

Si estás corrompido por la codicia no eres un científico. Así la Economía no avanza. La Economía en una Ciencia sin científicos: desertaron en busca de actividades más lucrativas. Darwin lo expresa con claridad meridiana: "La codicia y el egoísmo producen en la inteligencia la ceguera más absoluta". Diario del Viaje de un Naturalista alrededor del Mundo (1836).

Los desempleados en España: cada vez más pobres.

La reciente intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso sirvió para confirmar lo que todos sabemos: que la tasa de paro continuará en niveles superiores al 20% al menos durante 2015 y 2016. Y eso si la situación no se complica con la recesión a la que parecen estar abocadas China y Japón. En cualquier caso, lo que pretendía ser un mensaje de optimismo (“ya se le ve salida a la crisis”) es en realidad un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de la sociedad española: son ya ocho largos años de crisis y la capacidad de aguante de las familias españolas se ha deteriorado notablemente.

En estos ocho años de crisis los desempleados han sufrido una considerable merma de su calidad de vida por culpa de un sistema de protección social que cada vez protege a menos parados y con prestaciones cada vez más pequeñas.

Se protege “a pocos” y se protege “con poco”: hoy sólo 42 de cada 100 parados percibe algún tipo de prestación/subsidio del SEPE (antiguo INEM), y la cuantía media percibida es de 744 euros mensuales.  Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, año 2007, estas cifras registraban valores notablemente superiores: de cada 100 parados 77 cobraba algún tipo de prestación y su importe medio era de 897 euros. En otras palabras: desde que se inició la crisis el porcentaje de desempleados protegidos se ha reducido en 35 puntos y su importe medio en un 17%. Si además tenemos en cuenta la inflación, la prestación media se ha reducido en realidad un 33% en este periodo.

            ¿A qué se debe este intenso deterioro de la protección social que reciben los desempleados?

Básicamente nuestro sistema de protección está integrado por dos tipos de rentas: prestaciones contributivas (cuyo origen radica en el derecho adquirido por el trabajador por el hecho de haber cotizado a la Seguridad Social) y prestaciones no contributivas (tienen un origen “solidario” o “asistencial”).

Para evitar que la protección social sea un desincentivo a la aceptación de ofertas de trabajo, tiene un carácter limitado en el tiempo, cumplido el cual la prestación se agota y el desempleado tiene que acogerse a una ayuda de menor cuantía o simplemente queda en situación de desprotección. Así, la “prestación por desempleo” tiene una duración máxima de 720 días al cabo de los cuales se extingue y el desempleado puede acogerse, solo si reúne las condiciones establecidas por el Gobierno, al “subsidio de desempleo” con una duración que varía según las citadas condiciones. Actualmente la “prestación por desempleo” tiene una cuantía equivalente al 70% de la cuantía cotizada durante los 6 primeros meses de disfrute y del 50% en los restantes, con un importe máximo mensual equivalente al 225% del IPREM[1], es decir 1.198 €. Por  su parte, el “subsidio de desempleo” tiene un importe de 426 € mensuales.

El mero transcurso del tiempo aboca al trabajador desempleado a unos ingresos cada vez menores e incluso nulos, al pasar de las prestaciones contributivas a otras de menor cuantía (las no contributivas) e incluso a ninguna.

El Ministerio de Trabajo difunde mensualmente datos oficiales sobre la proporción de desempleados que recibe algún tipo de ayuda del SEPE: es lo que se denomina “tasa de cobertura”. Sin embargo estos datos oficiales están sobrevalorados y exageran el grado de protección social. Ello se debe a que para su cálculo el Ministerio de Trabajo compara el número de “beneficiarios” de subsidios y prestaciones con el número de “desempleados registrados” en el SEPE. Es decir: no tiene en cuenta toda la población susceptible de ser protegida (todos los desempleados) sino solo aquella que reúne determinados requisitos jurídicos. Concretamente excluye a la población desempleada sin empleo anterior ya que no puede haber cotizado (estudiantes o amas de casa que se incorporan al mercado de trabajo), así como a los desempleados no registrados como demandantes de empleo en el SEPE.

Como es sabido, el “desempleo registrado” por el SEPE es un indicador sesgado a la baja del verdadero volumen de desempleo, que se mide mediante la EPA: muchos trabajadores desempleados desisten de registrarse en el SEPE como demandantes o, una vez inscritos, no realizan los trámites necesarios para continuar registrados. Actualmente los datos de la EPA indican la existencia de 5.149.000 desempleados[2], mientras que el SEPE arroja un total de 4.026.276 desempleados[3], es decir una diferencia de 1.122.724 personas (un 21´8% menos). Lo correcto es comparar el número de “beneficiarios” con el total de parados estimado por la EPA. A veces se nos olvida lo obvio: que un trabajador desempleado no reúna los requisitos jurídicos para acceder a una prestación no quiere decir que no la necesite. Así según la “tasa de cobertura” oficial en la actualidad el nivel de protección sería del 55´7%, mientras que el cálculo correcto arroja un 42% como hemos indicado la comienzo.

Por lo que respecta a la evolución de la cuantía de las ayudas que paga el SEPE a los desempleados, ha de tenerse en cuenta que la regla general del sistema supone que la cuantía percibida por el desempleado se reduce progresivamente conforme pasa el tiempo, llegando por supuesto a agotarse. Además, las prestaciones de naturaleza “contributiva” son de cuantía superior que las “no contributivas”: si la situación de desempleo se alarga en el tiempo el trabajador percibirá prestaciones cada vez menores e incluso cero.

En 2009 la prestación media registró su valor máximo: 978 euros al mes. De hecho entre 1999 y 2009 la prestación media se incrementó debido a dos factores: a) la evolución pro – cíclica de los salarios (la fase expansiva del ciclo se tradujo en cotizaciones crecientes a la Seguridad Social); y b) la creciente proporción de beneficiarios de prestaciones contributivas frente a no contributivas, puesto que se trataba de desempleados que habían acumulado suficientes meses de cotización durante el “boom inmobiliario”.

A partir de 2009 los desempleados comienzan a agotar sus prestaciones contributivas mientras se suman nuevos desempleados que no han conseguido un primer empleo o al menos no de la duración suficiente[4]. El número de beneficiarios de prestaciones no contributivas crece rápidamente y actualmente supone ya un 63´8% del total, mientras que en 2009 sólo constituían el 39%.

Todo parece indicar que esta tendencia al empobrecimiento de los desempleados, debida a la acción conjunta de una menor tasa de cobertura y a prestaciones de importe menguante, continuará a lo largo de 2015 y 2016. Tampoco parece que la esperada recuperación económica mejore mucho las cosas: gracias a las sucesivas reformas laborales, que han debilitado el poder de negociación de los trabajadores frente al capital, muchos trabadores seguirán siendo pobres incluso si encuentran un empleo.

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[1] El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ha sido fijado para el año 2015 en 532´51€ mensuales.

[2] Segundo trimestre de 2015.

[3] Julio de 2015.

[4] Las prestaciones contributivas exigen al menos 12 meses de cotización.

Alemania, niña mimada del BCE.

Las noticias relacionadas con el trato privilegiado que recibe el gobierno alemán de manos de BCE no para de sorprenderme. En marzo de 2015, con mucho retraso, el BCE puso en marcha un programa de compra de deuda pública en los mercados secundarios: imprimir dinero para sostener la cotización de los bonos nacionales y evitar que la prima de riesgo se dispare. Es lo que llamamos “Quantitative Easing”: cuando el nerviosismo cunde en los mercados el BCE acude con dinero fresco y compra bonos “de segunda mano” evitando que su cotización caiga. Digo “con mucho retraso” porque la Reserva Federal estadounidense (FED) ya la puso en marcha en 2009, al poco de iniciarse la crisis. Europa, instalada en la absurda ortodoxia neoliberal, se ha estado “haciendo la sueca” durante este tiempo, un precioso tiempo perdido. Pero además lo hemos hecho mal, tanto por su importe como por los destinatarios elegidos. La FED ha movilizado ya un total de 3´1 billones de euros; el BCE sólo 0´25 billones. Pero lo más grave es que Alemania es la que se lleva la mayor tajada: el BCE lleva gastado 58.307 millones de euros (el 26% del programa) ¡en bonos alemanes! Durante las turbulencias de julio asociadas al referéndum griego Alemania volvió a ser la primera receptora de esta ayuda del BCE, que compró 11.975 millones de euros en bonos alemanes. Eso da mucho que pensar: si la economía alemana está tan saneada ¿qué necesidad tiene de ese apoyo multimillonario por parte del BCE? Y si el BCE invierte en bonos alemanes ¿qué queda para los países acosados por los especuladores? Un detalle: la inversión del BCE en bonos de Grecia es exactamente 0 euros. No es de extrañar que la crisis esté durando tanto: se lo debemos al apego a la ortodoxia y al comportamiento dictatorial del BCE.

Lo que cobran los profesores en España.

"¡Cuánto cobran los maestros!"... un mito en descomposición.
¡Cuántas veces hemos tenido que aguantar comentarios como esos! Como si fueramos "trabajadores de lujo, privilegiados ". Comentarios cada vez más falsos tal y como indican las estadísticas. La creciente precarización que sufrimos los trabajadores de la "Educación" tiene su reflejo también a nivel salarial. Atendiendo al coste bruto por ramas de actividad, los trabajadores de "Educación" estamos por debajo de la media en remuneraciones: cobramos de media un 9´5% menos que en otras ramas de actividad.De las 18 ramas en las que el INE clasifica las actividades económicas, los profesores estamos en cuanto a retribución el nivel 12... y bajando.

Desempleo en España y YIHAD ISLÁMICA

Cada vez que produce una matanza en Túnez, o en Egipto o en Siria, el PIB español aumenta. Así de sencillo. La inseguridad creciente en nuestros competidores del Mediterráneo hace que muchos turistas opten por España como destino turístico. Los datos cantan: 29´2 millones de turistas extranjeros visitaron España en el primer semestre, un 4´2% más que el año pasado. Por esa razón los datos de la EPA publicados hoy han sido positivos: se han creado 513.500 puestos de trabajo en el último año. Casi todos relacionados con el turismo: no tiene nada que ver con las reformas de Rajoy, que más bien están retrasando la recuperación. Eso sí, trabajos muy mal pagados y muy precarios: mucho sufrimiento detrás de cada euro ganado. No es un modelo con futuro: estos puestos de trabajo dependen del sufrimiento de millones de personas en el Mediterráneo.

Balanzas fiscales: una peligrosa estupidez estadística.

Se acaban de publicar las balanzas fiscales autonómicas de 2012. Teóricamente estas balanzas nos informan de cuántos recursos recibe del Estado cada comunidad autónoma y cuánto aporta. Así, teóricamente, cuando se dice que una comunidad es deficitaria (como Madrid o Cataluña) se afirma que sus ciudadanos aportan al Estado (vía impuestos) más de lo que reciben de él. Pero es falso, tan falso como cuando se dice que ese déficit es en Madrid el doble que en Cataluña... o sea, que los catalanes no son tan "solidarios o esforzados" como los madrileños. Tales afirmaciones son falsas porque las balanzas fiscales están mal confeccionadas. Un ejemplo: al territorializar los impuestos que ciudadanos y empresas pagan al Estado se computa como ingresos de esa comunidad el Impuesto de Sociedades que las empresas pagan... pero las empresas lo pagan en la comunidad en la que tienen declarado su domicilio social... aunque el dinero viene de operaciones que se realiza en toda España. Es el caso de El Corte Inglés: los impuestos sobre beneficios que paga salen de las sucursales que tiene por todo el país, pero se computan en Madrid... cada vez que yo compro en El Corte Inglés de Murcia, parte de mi dinero computa como Impuesto de Sociedades generado en la Comunidad de Madrid. Y lo mismo sucede cuando el BBVA con sede en el País Vasco declara beneficios, o cuando SEAT (con domicilio en Cataluña) paga impuestos por el auto que acabo de comprar en Murcia. Ni Cataluña ni Madrid son deficitarias, ni Murcia y Andalucía excedentarias.

Nuevos ayuntamientos: querer y poder.

Las nuevas corporaciones locales constituidas el pasado 13 de junio han supuesto, mayoritariamente, un esperanzador giro hacia la izquierda que augura importantes cambios en la política municipal. En muchas ciudades ha sido tanto y con tanta desvergüenza lo robado estos años por gobernantes amparados en mayorías absolutas, que la ciudadanía ha acogido con euforia la defenestración democrática de alcaldes otrora intocables.

Dicho lo cual conviene ser realistas: los ciudadanos que con su voto han forzado el cambio no merecen ser decepcionados y para ello es necesario, lo antes posible, tomar conciencia de los límites del cambio que ahora se inicia.

Aunque parezca una obviedad es imprescindible recordar que los ayuntamientos no tienen un poder ilimitado y por tanto no pueden resolver todos los desmanes sembrados en los últimos 20 años de gestión municipal. Las limitaciones al poder municipal son el resultado de dos circunstancias: a) las competencias que la Ley les otorga y b) los recursos económicos de los que disponen.

Me centraré en este último aspecto.

Los ayuntamientos españoles pasan, salvando algunas escasísimas excepciones, por una situación financiera muy delicada debido a la confluencia de diversos factores entre los que cabe destacar: a) la intensa y persistente crisis económica que sufrimos desde 2008, b) un sistema tributario poco progresivo que sólo logra llenar las arcas municipales durante episodios de especulación inmobiliaria, c) una gestión corrupta que ha dado lugar al saqueo de cuantiosos recursos (presentes y futuros) y d) una legislación presupuestaria que les impide practicar las políticas sociales y de empleo que el país demanda.  

Antes de que se iniciara la crisis la deuda de las corporaciones locales ascendía a 688 euros por habitante y actualmente son 1.191 euros, un 73% más. Ese es el panorama de partida: más deuda a pagar a costa de ciudadanos más pobres (recordemos que la tasa de paro en 2008 era del 11´3% y actualmente es el 23´7% y que nuestro PIB per cápita también ha caído en términos reales un 7% desde entonces). En 2014 los ayuntamientos tuvieron que destinar 1.285 millones de euros al pago de intereses y otros 3.407 millones a la amortización de deuda (el 11´3% del presupuesto mientras que en 2008 era tan sólo el 5´3%). Esto implica que buena parte de los recursos municipales ya están comprometidos de antemano, reduciendo el margen de maniobra para financiar las políticas sociales que los ciudadanos han reclamado con su voto.

Estos datos nos recuerdan la urgencia de acometer auditorías sobre la legitimidad de la deuda, auditorías que sean a la vez un proceso político de toma de conciencia y herramienta para el diseño de estrategias de política económica que pueden ir desde la simple (y poco conflictiva) reestructuración temporal hasta la denuncia e impago de determinados pasivos. La auditoría ha de considerarse en un sentido amplio, más allá del endeudamiento bancario tradicional: habrá que auditar contratos de externalización de servicios, concesiones municipales y privatizaciones tanto por cuestión de legalidad como de eficiencia. Muchos ayuntamientos han utilizado sistemáticamente estas fórmulas para eludir las restricciones que impone el Derecho Administrativo (contratación de personas y servicios) y para lucrar a su clientela política. A nadie debe extrañar a estas alturas que tales contratos estén oportunamente blindados con cláusulas abusivas para disuadir a los ayuntamientos frente a iniciativas remunicipalizadoras.

Ese tipo de auditorías puede ser la fuente fundamental de ahorro de recursos en el momento actual, mucho más que otras iniciativas que, aun siendo llamativas (reducción de las retribuciones de cargos públicos, limitación de coches oficiales y gastos protocolarios, etc) tienen un impacto presupuestario muy inferior a lo que la gente cree[1].

Otra limitación importante es la evolución del ciclo económico: probablemente muchos alcaldes tienen la vista puesta en la incipiente recuperación económica como remedio para la precaria situación de las arcas municipales. No conviene hacerse muchas ilusiones al respecto.

En primer lugar porque no sabemos si esa incipiente recuperación va a consolidarse. Es cierto que en 2014 el PIB creció un 1´4%, pero no es menos cierto que se debió a causas coyunturales: gracias a la inestabilidad en que devino la “primavera árabe” los turistas huyen de aquellos destinos tradicionalmente competidores de España (Egipto, Túnez…) y eso nos ha permitido incrementar en 7 millones el número de turistas extranjeros que arriban a nuestro territorio. Además, las Administraciones Públicas hicieron un importante esfuerzo presupuestario durante 2014 para “animar el ambiente” licitando obra pública. Tras años de recortes, la licitación oficial creció un 123% en 2014: el Estado, las Comunidades Autónomas y algunos ayuntamientos sacaron las grúas a la calle para conseguir votos. Ahora llega la contrapartida: en el primer trimestre de 2015 la licitación oficial se ha contraído un 34%.

En segundo lugar, la posible recuperación no se traducirá directamente en una mejora de las finanzas municipales: el sistema tributario local es “inelástico” y poco progresivo, así que los incrementos del PIB no se traducen ni rápida ni intensamente en incrementos de la recaudación tributaria, salvo cuando el mayor dinamismo viene inducido por episodios de especulación inmobiliaria (absolutamente indeseables, por otra parte).

Finalmente cabe resaltar que la legislación estatal en materia de estabilidad presupuestaria tampoco ayuda mucho a imprimir un giro progresista a las políticas municipales. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y las normas que de ella se derivan, impone un férreo control sobre las maltrechas finanzas municipales, subordinando irracionalmente la gestión presupuestaria al logro del equilibrio o superávit presupuestario, y anteponiendo la amortización de la deuda a otros gastos de emergencia social. La conclusión es obvia: las nuevas corporaciones deben demandar del gobierno (del actual o del futuro) la reforma de las legislaciones tributaria y presupuestaria para dotar demás recursos y mayor flexibilidad los presupuestos municipales, so pena de que las políticas sociales y generadoras de empleo nazcan muertas. No parece que el actual gobierno de la nación esté por la labor: el ministro Montoro no pierde ocasión para recordar que la precaria liquidez de la que disponen los municipios depende de su santa voluntad y que no habrá recursos para quienes se aparten de la ortodoxia presupuestaria. Razón no le falta: las corporaciones locales comenzaron el año con 14.987 millones de euros en dinero efectivo en sus arcas, y unas deudas que vencen a corto plazo por importe de 18.402 millones. De hecho numerosos ayuntamientos están sometidos a planes de rescate impuestos por el Ministerio de Hacienda. Difícilmente podrán llevarse a cabo las políticas votadas por los ciudadanos en las elecciones municipales mientras siga gobernando la actual mayoría parlamentaria.

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[1] En un trabajo de investigación titulado “Lo que cuesta la democracia local” (Revista Auditoría Pública, nº 58) estimamos que el coste de los órganos de gobierno municipales está entre 22 y 25 euros año por ciudadano, cifra muy inferior a los 301 euros de agua y alcantarillado. De cada 100 euros de déficit público de los ayuntamientos, sólo 1´32 euros se deben al coste de estos órganos.

China, no Grecia, es nuestro verdadero problema.

Hace meses que la economía China emite señales críticas. El mercado inmobiliario lleva años recalentado, inmerso en una burbuja similar a la que vivimos en España entre 1999 y 2007 y cuyos nefastos efectos aún sentimos. La bolsa china ha sufrido un recalentamiento especulativo similar. Parece que el pinchazo se ha iniciado: el índice de la Bolsa de Shanghái acumula una caída del 31´5% desde mediados de junio. Los efectos pueden ser demoledores para nuestra economía: necesitados de liquidez, los inversores chinos venderán las acciones que poseen por las bolsas de todo el mundo haciendo caer las cotizaciones de Telefónica, Banco de Santander, Deutsche Bank...o J P Morgan. También venderán bonos soberanos de otros países y esto provocará aumentos de los tipos de intrés en la Unión Europea y Estados Unidos. Además, es de esperar que el empobrecimiento de los chinos reduzca sus importaciones en todo el mundo, también su demanda de productos españoles ("efecto riqueza"). Recordemos que España exporta más de 4.000 millones de euros en mercancías al año a estye “mercado emergente”. Mucho me temo que el tan cacareado "Socialismo con Características Chinas" es vulgar capitalismo salvaje con un toque nacionalista, nada nuevo.

Grecia: ¿Culpa de Syriza?

Desde que se inició la actual crisis allá por 2007, los griegos han visto reducirse su PIB per cápita un 24´6% en términos reales: una brutalidad. Algunos griegos se habrán enriquecido gracias a la especulación y el fraude, pero la inmensa mayoría son mucho más pobres que entonces. De hecho hoy son más pobres que cuando se incorporaron al euro en 2001 (véase gráfico) ¿Hemos de echarle la culpa al "corralito" instaurado esta semana? ¿Al gobierno de Syriza, que lleva sólo 5 meses en el poder? No: el empobrecimiento de la sociedad griega viene de lejos, fruto de las políticas de austeridad que han deprimido su economía. Lo único que se le puede recriminar a Syriza es la falta de decisión para abandonar el euro e instrumentar una política económica propia, como hacen el Reino Unido o Dinamarca. Y en cuanto a las amenazas de expulsión de Europa... no sólo no son creíbles sino que fuera de la Unión Europea no se vive tan mal. Recordad Islandia: encarceló banqueros, tiene moneda propia, su PIB crece al 3´5%, su inflación es del 0´8% y su tasa de paro es del 5%. Con miedo no se va a ningún sitio.

Alimentación y crisis en España

La Encuesta de Presupuestos Familiares publicada ayer desmiente el cansino discurso gubernamental sobre la supuesta recuperación económica. Analizando el consumo real de distintas mercancías se comprueba que las familias españolas son cada vez más pobres, que siguen sustituyendo alimentos de buena calidad por alimentos peores, que su dieta sigue empobreciéndose. A título de ejemplo hemos representado el consumo de pescado (kg por persona y año). Hoy cada ciudadano consume un 27% menos de pescado que antes de la crisis. Por el contrario el consumo de pastas (macarrones, etc..) se ha disparado un 9%.

Agua, alcantarillado, residuos... cada vez más caros.

Una vez constituidas las corporaciones locales, es imprescindible que hablemos de política municipal, ir a lo concreto. Por ejemplo del coste del suministro del agua potable, el servicio de alcantarillados y la recogida de basuras, competencias todas de ámbito municipal. Los datos indican que entre 2006 y 2013 estos servicios se han encarecido sustancial e injustificadamente en la Región de Murcia: cada murciano ha tenido que pagar un 55% más, aunque el consumo de agua por persona sólo ha crecido un 18%. Las multinacionales el agua utilizan nuestros ayuntamientos para enriquecerse con la connivencia de quienes los gobernaban: es hora de corregirlo.

Los ayuntamientos españoles, sin liquidez.

Crudo y bien crudo lo van a tener los próximos gobiernos de las corporaciones locales, sea cual sea su signo político. Según los últimos datos disponibles (Banco de España), las corporaciones locales cerraron 2014 con unos activos líquidos de 14.987 millones de euros, insuficientes para cubrir las deudas que vecen en el corto plazo por importe de 18.402 millones de euros. Ese desfase entre liquidez y deudas (-3.415 millones) vuelve a dejar la autonomía local en manos del Ministerio de Hacienda y sus caprichosos fondos de liquidez. Montoro manda. ¿Abrirá el grifo ahora que las elecciones han pasado y su partido no está al frente de muchos ayuntamientos?

Las finanzas de las Comunidades Autónomas españolas.

Los gobiernos que salgan electos en los comicios autonómicos de 24 de mayo no lo van a tener nada fácil. A pesar de los mensajes de recuperación económica que Rajoy reparte por doquier a modo de mantra milagroso para desesperados, las finanzas de las Comunidades Autónomas no han mejorado. Según datos del Banco de España, sus "activos financieros netos" son negativos por importe de -241.376 millones de euros: si utilizasen todo el dinero del que disponen y vendieran todos los activos financieros que posee aun les faltaría esa cantidad (el 25´5% del PIB) para pagar sus deudas. A largo plazo las Comunidades Autónomas son insolventes y su modelo de financiación está quebrado. ¿Y en el muy corto plazo? La situación es igual de grave: las deudas que hay que pagar ya mismo superan en -7.792 millones de euros el dinero disonible; no hay dinero para pagar a tiempo a trabajadores y proveedores. Lo que las Comunidades Autónomas han hecho estos años de ajuste ha sido sustituir deuda con bancos y proveedores por deuda con con el Ministerio de Hacienda. Conclusión: a) el ministro Montoro es quien verdaderamente manda en las Comunidades Autónomas, b) veo más recortes en el horizonte, c) sin un cambio de gobierno estatal no hay salida a la crisis.

Venezuela: reservas internacionales bajo mínimos.

Tal y como cabía esperar la drástica caída del precio del petróleo está afectando gravemente a las reservas internacionales con las que cuenta la República Bolivariana de Venezuela. Los últimos datos publicados por el BCdV indican que se ha registrado un mínimo histórico: 17.930 millones de dólares, el nivel más bajo desde 5 de septiembre de 2003. Tanto si comparamos esa cuantía con la oferta monetaria disponible en bolívares, como si lo hacemos con las necesidades mensuales de importaciones, la conclusión no admite dudas: urge un programa de reforma monetaria y tributaria no neo-liberal que corrija estos desequilibrios y preserve las conquistas de la revolución bolivariana.

["¿Es inevitable la escasez en Venezuela?"]

2020: El "baby boom del ladrillo" y el hacinamiento en las aulas españolas.

En cuestiones como la Educación es conveniente pensar a largo plazo: hoy las aulas están masificadas pero pronto lo estarán aún más. Es el caso de la Región de Murcia (España). En el año 2020 (está a la vuelta de la esquina) se producirá la mayor incorporación de alumnos de la historia reciente de nuestro país: potencialmente 19.386 alumnos nacidos en 2008, al calor de la prosperidad de la burbuja inmobiliaria. De hecho antes de 2020 se dejará sentir el "baby boom del ladrillo". Pregunto: ¿hemos previsto la construcción de IES suficientes?

La Universidad española cada vez más cara

Desde septiembre de 2012, el coste de la enseñanza universitaria en España no cesa de crecer. En el gráfico adjunto se comprueba la evolución del IPC general y el Índice de precios de la enseñanza universitaria, ambos calculados por el INE, con base enero - 2011: 100. Vamos hacia un modelo cada vez más elitista: asistimos a la deconstrucción del modelo democrático surgido de las movilizaciones de los años 80 y 90. La reforma del ministro Wert (3+2) viene a acelerar el proceso.

¿Es inevitable la escasez en Venezuela?

La imagen recurrente de colas de ciudadanos tratando de conseguir bienes de primera necesidad a precios asequibles, es uno de los aspectos más controvertidos de la realidad venezolana. Las colas existen: son la contrapartida de la escasez reinante en un país que, paradójicamente, ha logrado por vez primera en su Historia revertir los frutos del petróleo (la renta petrolera) en mejoras significativas para la gran mayoría de los ciudadanos.

Desde que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones en diciembre de 1998, el proyecto bolivariano ha logrado revalidarse periódicamente en elecciones parlamentarias y presidenciales y ha logrado incluso superar un referéndum revocatorio. De la mano del proyecto bolivariano los venezolanos han visto como el desempleo se reducía del 15% al 7´3% de la población activa, la renta per cápita se incrementaba en un 226% y la tasa de población indigente se reducía del 21´7% al 9´8%. Los logros en materia de reducción de desigualdad también son palpables: el Índice de Gini ha pasado de 0´507 a 0´407 en este periodo. Como síntesis de estos logros, Venezuela ha escalado tres puestos en el Índice de Desarrollo Humano que anualmente elabora Naciones Unidas.

Y sin embargo, persisten la escasez y las colas junto a mercados paralelos bien abastecidos a precios abusivos.

Esas colas, que causan justificada irritación entre la población por la pérdida de tiempo y la incertidumbre que generan, se han convertido en un grave problema social que resta credibilidad y apoyo social y político a las políticas del gobierno del presidente Maduro, poniendo en serio riesgo la continuidad del proyecto político bolivariano en Venezuela.

Cabe preguntarse ¿son inevitables las colas? ¿Es inevitable la escasez de productos esenciales como la carne, el café, el papel o los medicamentos? ¿Inevitable en un país con ingentes recursos petroleros?

Lo primero que debe tenerse bien claro es que la escasez viene de tiempo atrás, incluso de los años en los que el petróleo cotizó a precios estratosféricos (por encima de 150 dólares / barril) y las exportaciones petroleras aportaban más de 90.000 millones de dólares anuales al país. Actualmente es difícil que se logre llegar a la meta de 70.000 millones. Cabe pues esperar que la situación se agrave a lo largo de este año salvo que el Gobierno del presidente Maduro adopte las medidas adecuadas.

Históricamente, Venezuela ha sido un país importador de bienes de consumo y su disponibilidad estaba ligada a las divisas obtenidas por la exportación de petróleo. Pareciera entonces que la escasez es, ante todo, resultado de una oferta insuficiente de dólares: menor renta petrolera, menores divisas, menor capacidad de importación de bienes de consumo… Esta es una verdad a medias: lo que Venezuela sufre es un exceso especulativo de demanda de dólares, que limita la oferta de dólares finalmente destinados a la importación de bienes de consumo.

En su lucha contra la inflación y la escasez, el gobierno bolivariano implementó un sistema de tipo de cambio intervenido, con una paridad preferencial de 6´3 bolívares por dólar que el Banco Central de Venezuela suministra a las empresas importadoras: en tales condiciones los venezolanos deberían gozar de bienes de consumo abundantes y asequibles (téngase en cuenta que en el recién creado mercado marginal de divisas el dólar cotiza en torno a los 170 bolívares / dólar).

El problema es que la corrupción de los funcionarios públicos encargados de vigilar el correcto empleo de las divisas otorgadas a tipo preferencial, y la acción fraudulenta de empresarios empeñados en la evasión de divisas impiden que los dólares de la renta petrolera se traduzcan en importaciones asequibles de bienes de consumo. Dos prácticas habituales para saquear la renta petrolera son la sobrefacturación y el contrabando (prácticas que no son ajenas  a la economía española)

Mediante la sobrefacturación la empresa venezolana importadora acuerda con la empresa extranjera que le vende el producto la confección de una factura falsa en la que el precio del producto importado se infla: la empresa venezolana logra así sacar dólares del país sin traer el volumen de producto que sería lógico. Mediante el contrabando, la empresa venezolana sí adquiere el volumen de producto para el cual solicitó dólares a precios preferenciales pero los revende ilegalmente en el exterior, principalmente en la vecina Colombia. En ambos casos el resultado es escasez de productos y fuga de divisas.

El centro de estudios venezolano ALEM – CIFO ha aportado evidencias concretas sobre estas prácticas. Por ejemplo, entre 2003 y 2012 las importaciones de café crecieron un 9.765% y sin embargo en los comercios venezolanos es casi imposible encontrar este artículo. Otro tanto sucede con los productos farmacéuticos, cuya importación se ha incrementado un 1358%, mientras los medicamentos escasean en los anaqueles de las farmacias.

Mientras operen las prácticas fraudulentas descritas será difícil de resolver la escasez, incluso en épocas de esplendor petrolero: la demanda fraudulenta de divisas es siempre superior a la oferta disponible.

La solución pasa por cerrar, en la medida de lo posible, la brecha entre oferta y demanda de divisas, contrayendo el componente especulativo de la demanda de dólares.

Al respecto existen diversas alternativas.

El citado centro de estudios ALEM – CIFO propone la nacionalización del sector importador, de modo que las divisas de la renta petrolera no salgan del control estatal. Esto permitiría que las divisas a precio preferente se aplicasen efectivamente a la importación de bienes para la población, con incremento notable del volumen de bienes importado por cada dólar. Sin embargo esta propuesta tiene al menos un grave inconveniente: el presidente Maduro y su gobierno son cada vez más reticentes a adoptar medidas socializantes como las de su predecesor; las nacionalizaciones como las llevadas a cabo por Hugo Chávez parecen no formar parte de su agenda política.

A partir de ese escenario cabe barajar varias opciones.

El gobierno venezolano no puede renunciar a mejorar los controles administrativos sobre las empresas que acceden a dólares preferenciales. Mientras sea posible eludir tales controles, la existencia del tipo de cambio preferencial será fuente no solo de escasez, sino de apropiación fraudulenta de la renta petrolera y fuente de alimentación de la especulación contra el bolívar. Sin embargo, la lucha contra el fraude y el contrabando no suelen rendir frutos en el corto plazo porque en muchas ocasiones esas prácticas están fuertemente arraigadas e incluso cuentan con la comprensión de ciertos sectores de la población (cuando no la connivencia de algunos gobernantes).

En mi opinión el gobierno del presidente Maduro dispone de algunas herramientas eficaces en el corto plazo que no son incompatibles con otras medidas de mayor calado, que eventualmente pudiera acometer en el medio y largo plazo (diversificación, industrial, reforma fiscal, etc).

Tanto la política cambiaria como la política monetaria deberían contribuir a reducir el componente especulativo de la demanda de dólares. Hay que tener muy en cuenta que los procesos especulativos se retroalimentan: las rentas obtenidas de operar fraudulentamente con el bolívar a tipo preferente no son sólo un incentivo para especular sino que generan rentas que a su vez, sirven para ampliar la demanda de nuevos dólares a tipo preferencial.

Urge cortar la retroalimentación de los procesos especulativos y para ello hay varias medidas perfectamente compatibles entre sí.

Un primera opción consiste en devaluar el bolívar preferente. De esa manera se reduce  tanto el incentivo para el fraude (que no es otra cosa que la brecha entre el tipo preferente y el tipo del mercado marginal/paralelo); como la masa de bolívares baratos a disposición de los especuladores. Téngase en cuenta que cada vez que un defraudador gasta 6´3 bolívares en comprar un dólar lo revende por unos 170, con lo que dispone de otros 163´7 bolívares fresquitos para ampliar la jugada especulativa. Recortando la renta de los especuladores limitamos su capacidad de seguir apostando contra el bolívar.

No se trata de devaluar el bolívar para que el tipo de cambio preferencial converja hacia el que rige en el mercado negro sino todo lo contrario: lograr que la contracción del tipo de cambio paralelo sea más intensa que la devaluación del preferencial.

Es cierto que las devaluaciones tienen muy mala presa en América Latina porque históricamente han devenido en inflación o hiperinflación. Pero este no es el caso: tanto la escasez como la elevada inflación venezolanas son expresión de la inflación reprimida en el ámbito cambiario. No es el tipo de cambio preferencial sino el marginal el determinante del precio los bienes de consumo y en la medida en que se logre cierto control sobre este último se progresará en la lucha contra la escasez y la inflación.

La segunda opción es endurecer la política monetaria. Actualmente los tipos de interés activos del Banco Central de Venezuela son muy inferiores a la inflación observada y esperada (tipos a 19´27% frente a una inflación de 68´5%). Esa enorme brecha permite que solicitar créditos en bolívares para especular sea muy rentable, incluso sin tocar un dólar. Grosso modo, si se solicitan 100 bolívares al banco y se gasta en bienes de consumo; al cabo del año se revende la mercancía por 168 bolívares y se devuelve al banco 120. El especulador ha ganado 48 bolívares en la operación. Si además el dinero obtenido a crédito se destina a comprar fraudulentamente bolívares a tipo preferencial, la ganancia es infinitamente mayor. La única solución pasa por elevar sustancialmente el tasa de interés activa del Banco Central de Venezuela y que esta sea a su vez repercutida entre su clientela. En síntesis: hay que evitar que el sector bancario financie directa o indirectamente la adquisición fraudulenta de bolívares preferenciales o la acumulación especulativa de bienes de consumo.

La necesidad de retirar dinero de manos de los especuladores no es tarea menor. Actualmente la oferta monetaria en bolívares (M2) crece a un ritmo interanual del 62´9%. Meses y meses de crecimiento desbocado hacen que actualmente, al tipo de cambio de 6´3 bolívares/dólar, y con unas reservas internacionales de 22.238$ (noviembre) la demanda potencial de dólares sea 13 veces superior a su oferta (en 2010 esa proporción era de sólo 2 a 1). Esto constituye una presión inaguantable sobre el tipo de cambio que el gobierno del Maduro tiene que resolver.

La tercera gran baza del gobierno bolivariano es la política tributaria. De acuerdo con los datos de la OCDE la presión fiscal en Venezuela es muy inferior a la del conjunto de América Latina (14´2% frente a 21´3%), e incluso notablemente inferior a la de su vecina Colombia (20´1%). Hay margen para crear nuevos tributos con un diseño progresivo que sirvan para contribuir a financiar las políticas bolivarianas, penalizar las operaciones especulativas y estabilizar el escenario macroeconómico.

Existe en definitiva la urgencia de acometer el problema de la escasez, porque daña la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos y pone en riesgo la continuidad de las políticas bolivarianas que tan buenos resultados han dado en el ámbito social. Y existe la posibilidad de diseñar un menú de políticas económicas de corto y medio plazo con las que resolver satisfactoriamente esa tarea sin tener que acudir a programas de ajuste neoliberales (privatizaciones, despidos, etc). La pelota está en el tejado del gobierno venezolano.