La imagen
recurrente de colas de ciudadanos tratando de conseguir bienes de primera
necesidad a precios asequibles, es uno de los aspectos más controvertidos de la
realidad venezolana. Las colas existen: son la contrapartida de la escasez reinante
en un país que, paradójicamente, ha logrado por vez primera en su Historia revertir
los frutos del petróleo (la renta petrolera) en mejoras significativas para la
gran mayoría de los ciudadanos.
Desde
que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones en diciembre de 1998, el
proyecto bolivariano ha logrado revalidarse periódicamente en elecciones
parlamentarias y presidenciales y ha logrado incluso superar un referéndum
revocatorio. De la mano del proyecto bolivariano los venezolanos han visto como
el desempleo se reducía del 15% al 7´3% de la población activa, la renta per
cápita se incrementaba en un 226% y la tasa de población indigente se reducía
del 21´7% al 9´8%. Los logros en materia de reducción de desigualdad también
son palpables: el Índice de Gini ha pasado de 0´507 a 0´407 en este periodo.
Como síntesis de estos logros, Venezuela ha escalado tres puestos en el Índice
de Desarrollo Humano que anualmente elabora Naciones Unidas.
Y
sin embargo, persisten la escasez y las colas junto a mercados paralelos bien
abastecidos a precios abusivos.
Esas
colas, que causan justificada irritación entre la población por la pérdida de
tiempo y la incertidumbre que generan, se han convertido en un grave problema
social que resta credibilidad y apoyo social y político a las políticas del
gobierno del presidente Maduro, poniendo en serio riesgo la continuidad del
proyecto político bolivariano en Venezuela.
Cabe
preguntarse ¿son inevitables las colas? ¿Es inevitable la escasez de productos
esenciales como la carne, el café, el papel o los medicamentos? ¿Inevitable en
un país con ingentes recursos petroleros?
Lo
primero que debe tenerse bien claro es que la escasez viene de tiempo atrás,
incluso de los años en los que el petróleo cotizó a precios estratosféricos
(por encima de 150 dólares / barril) y las exportaciones petroleras aportaban
más de 90.000 millones de dólares anuales al país. Actualmente es difícil que
se logre llegar a la meta de 70.000 millones. Cabe pues esperar que la
situación se agrave a lo largo de este año salvo que el Gobierno del presidente
Maduro adopte las medidas adecuadas.
Históricamente,
Venezuela ha sido un país importador de bienes de consumo y su disponibilidad
estaba ligada a las divisas obtenidas por la exportación de petróleo. Pareciera
entonces que la escasez es, ante todo, resultado de una oferta insuficiente de
dólares: menor renta petrolera, menores divisas, menor capacidad de importación
de bienes de consumo… Esta es una verdad a medias: lo que Venezuela sufre es un
exceso especulativo de demanda de dólares, que limita la oferta de dólares finalmente
destinados a la importación de bienes de consumo.
En
su lucha contra la inflación y la escasez, el gobierno bolivariano implementó
un sistema de tipo de cambio intervenido, con una paridad preferencial de 6´3
bolívares por dólar que el Banco Central de Venezuela suministra a las empresas
importadoras: en tales condiciones los venezolanos deberían gozar de bienes de
consumo abundantes y asequibles (téngase en cuenta que en el recién creado
mercado marginal de divisas el dólar cotiza en torno a los 170 bolívares /
dólar).
El
problema es que la corrupción de los funcionarios públicos encargados de
vigilar el correcto empleo de las divisas otorgadas a tipo preferencial, y la
acción fraudulenta de empresarios empeñados en la evasión de divisas impiden
que los dólares de la renta petrolera se traduzcan en importaciones asequibles
de bienes de consumo. Dos prácticas habituales para saquear la renta petrolera son
la sobrefacturación y el contrabando (prácticas que no son ajenas a la economía española)
Mediante
la sobrefacturación la empresa venezolana importadora acuerda con la empresa
extranjera que le vende el producto la confección de una factura falsa en la
que el precio del producto importado se infla: la empresa venezolana logra así
sacar dólares del país sin traer el volumen de producto que sería lógico.
Mediante el contrabando, la empresa venezolana sí adquiere el volumen de
producto para el cual solicitó dólares a precios preferenciales pero los
revende ilegalmente en el exterior, principalmente en la vecina Colombia. En ambos
casos el resultado es escasez de productos y fuga de divisas.
El
centro de estudios venezolano ALEM – CIFO ha aportado evidencias concretas
sobre estas prácticas. Por ejemplo, entre 2003 y 2012 las importaciones de café
crecieron un 9.765% y sin embargo en los comercios venezolanos es casi
imposible encontrar este artículo. Otro tanto sucede con los productos farmacéuticos,
cuya importación se ha incrementado un 1358%, mientras los medicamentos
escasean en los anaqueles de las farmacias.
Mientras
operen las prácticas fraudulentas descritas será difícil de resolver la escasez,
incluso en épocas de esplendor petrolero: la demanda fraudulenta de divisas es
siempre superior a la oferta disponible.
La
solución pasa por cerrar, en la medida de lo posible, la brecha entre oferta y
demanda de divisas, contrayendo el componente especulativo de la demanda de
dólares.
Al
respecto existen diversas alternativas.
El citado
centro de estudios ALEM – CIFO propone la nacionalización del sector
importador, de modo que las divisas de la renta petrolera no salgan del control
estatal. Esto permitiría que las divisas a precio preferente se aplicasen
efectivamente a la importación de bienes para la población, con incremento
notable del volumen de bienes importado por cada dólar. Sin embargo esta
propuesta tiene al menos un grave inconveniente: el presidente Maduro y su
gobierno son cada vez más reticentes a adoptar medidas socializantes como las
de su predecesor; las nacionalizaciones como las llevadas a cabo por Hugo Chávez
parecen no formar parte de su agenda política.
A
partir de ese escenario cabe barajar varias opciones.
El
gobierno venezolano no puede renunciar a mejorar los controles administrativos
sobre las empresas que acceden a dólares preferenciales. Mientras sea posible
eludir tales controles, la existencia del tipo de cambio preferencial será
fuente no solo de escasez, sino de apropiación fraudulenta de la renta
petrolera y fuente de alimentación de la especulación contra el bolívar. Sin
embargo, la lucha contra el fraude y el contrabando no suelen rendir frutos en
el corto plazo porque en muchas ocasiones esas prácticas están fuertemente
arraigadas e incluso cuentan con la comprensión de ciertos sectores de la
población (cuando no la connivencia de algunos gobernantes).
En
mi opinión el gobierno del presidente Maduro dispone de algunas herramientas
eficaces en el corto plazo que no son incompatibles con otras medidas de mayor
calado, que eventualmente pudiera acometer en el medio y largo plazo
(diversificación, industrial, reforma fiscal, etc).
Tanto
la política cambiaria como la política monetaria deberían contribuir a reducir
el componente especulativo de la demanda de dólares. Hay que tener muy en
cuenta que los procesos especulativos se retroalimentan: las rentas obtenidas
de operar fraudulentamente con el bolívar a tipo preferente no son sólo un
incentivo para especular sino que generan rentas que a su vez, sirven para
ampliar la demanda de nuevos dólares a tipo preferencial.
Urge
cortar la retroalimentación de los procesos especulativos y para ello hay
varias medidas perfectamente compatibles entre sí.
Un
primera opción consiste en devaluar el bolívar preferente. De esa manera se
reduce tanto el incentivo para el fraude
(que no es otra cosa que la brecha entre el tipo preferente y el tipo del
mercado marginal/paralelo); como la masa de bolívares baratos a disposición de
los especuladores. Téngase en cuenta que cada vez que un defraudador gasta 6´3 bolívares
en comprar un dólar lo revende por unos 170, con lo que dispone de otros 163´7 bolívares
fresquitos para ampliar la jugada especulativa. Recortando la renta de los
especuladores limitamos su capacidad de seguir apostando contra el bolívar.
No
se trata de devaluar el bolívar para que el tipo de cambio preferencial
converja hacia el que rige en el mercado negro sino todo lo contrario: lograr
que la contracción del tipo de cambio paralelo sea más intensa que la devaluación
del preferencial.
Es
cierto que las devaluaciones tienen muy mala presa en América Latina porque
históricamente han devenido en inflación o hiperinflación. Pero este no es el
caso: tanto la escasez como la elevada inflación venezolanas son expresión de
la inflación reprimida en el ámbito cambiario. No es el tipo de cambio preferencial
sino el marginal el determinante del precio los bienes de consumo y en la
medida en que se logre cierto control sobre este último se progresará en la
lucha contra la escasez y la inflación.
La
segunda opción es endurecer la política monetaria. Actualmente los tipos de
interés activos del Banco Central de Venezuela son muy inferiores a la inflación
observada y esperada (tipos a 19´27% frente a una inflación de 68´5%). Esa enorme
brecha permite que solicitar créditos en bolívares para especular sea muy rentable,
incluso sin tocar un dólar. Grosso modo, si se solicitan 100 bolívares al banco
y se gasta en bienes de consumo; al cabo del año se revende la mercancía por
168 bolívares y se devuelve al banco 120. El especulador ha ganado 48 bolívares
en la operación. Si además el dinero obtenido a crédito se destina a comprar
fraudulentamente bolívares a tipo preferencial, la ganancia es infinitamente
mayor. La única solución pasa por elevar sustancialmente el tasa de interés
activa del Banco Central de Venezuela y que esta sea a su vez repercutida entre
su clientela. En síntesis: hay que evitar que el sector bancario financie
directa o indirectamente la adquisición fraudulenta de bolívares preferenciales
o la acumulación especulativa de bienes de consumo.
La
necesidad de retirar dinero de manos de los especuladores no es tarea menor. Actualmente
la oferta monetaria en bolívares (M2) crece a un ritmo interanual del 62´9%.
Meses y meses de crecimiento desbocado hacen que actualmente, al tipo de cambio
de 6´3 bolívares/dólar, y con unas reservas internacionales de 22.238$
(noviembre) la demanda potencial de dólares sea 13 veces superior a su oferta
(en 2010 esa proporción era de sólo 2
a 1). Esto constituye una presión inaguantable sobre el
tipo de cambio que el gobierno del Maduro tiene que resolver.
La
tercera gran baza del gobierno bolivariano es la política tributaria. De
acuerdo con los datos de la OCDE la presión fiscal en Venezuela es muy inferior
a la del conjunto de América Latina (14´2% frente a 21´3%), e incluso
notablemente inferior a la de su vecina Colombia (20´1%). Hay margen para crear
nuevos tributos con un diseño progresivo que sirvan para contribuir a financiar
las políticas bolivarianas, penalizar las operaciones especulativas y
estabilizar el escenario macroeconómico.
Existe
en definitiva la urgencia de acometer el problema de la escasez, porque daña la
calidad de vida de los ciudadanos venezolanos y pone en riesgo la continuidad
de las políticas bolivarianas que tan buenos resultados han dado en el ámbito
social. Y existe la posibilidad de diseñar un menú de políticas económicas de
corto y medio plazo con las que resolver satisfactoriamente esa tarea sin tener
que acudir a programas de ajuste neoliberales (privatizaciones, despidos, etc).
La pelota está en el tejado del gobierno venezolano.
