La crisis económica iniciada en 2007 ha impactado de lleno en las finanzas de las Entidades Locales,
siendo su expresión más dramática la incapacidad generalizada para hacer frente a las obligaciones
de éstas con sus acreedores; lo cual ha dado lugar a sucesivos planes del Gobierno de la nación desde
2009. Si bien tales planes pueden ser un incentivo para comportamientos más eficientes por parte de
aquellas, también han puesto de manifiesto la ineficacia de las instituciones presupuestarias o reglas
fiscales contenidas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales para lograr un comportamiento sostenible
y garantizar la prestación de servicios públicos a la que están obligadas por ley. De facto tales reglas
han quedado inoperantes a partir de 2009.
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